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Por qué deberían ser ilegalizados PP y PSOE

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Por qué deberían ser ilegalizados PP y PSOE

Por qué deberían ser ilegalizados PP y PSOE

“Quien hace la ley hace la trampa”. Es algo que hemos oído cientos de veces y, en muchos casos, se ajusta a la realidad, como ocurre con la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, en que se afirma en su artículo 11 que “están legitimados para instar la declaración de ilegalidad de un partido político y su consecuente disolución, […] el Gobierno y el Ministerio Fiscal”, es decir, tan sólo están legitimados por ley para ilegalizar a un partido el Gobierno y un órgano cuya máxima autoridad, el Fiscal General del Estado, es nombrada por el Gobierno. De este modo, se antoja imposible que el PP o el PSOE sean ilegalizados aunque, en virtud de los supuestos que esgrime dicha ley para poder ilegalizar un partido político, nos atreveríamos a decir que deberían ser ilegalizados.

El artículo 10.2.c) de la Ley de Partidos nos habla de que un partido político pueda (o deba) ser ilegalizado “cuando de forma reiterada y grave su actividad vulnere los principios democráticos o persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades”. Y es en este supuesto en el que nos centraremos para explicar por qué el PP así como el PSOE deberían ser ilegalizados.

1) En nuestro caso, el del País Leonés, el caso más notorio sería la vulneración del artículo 40.1 de la Constitución, que nos habla de que los poderes públicos promoverán una distribución de la renta regional y personal más equitativa. En las tres últimas décadas, a la par que el resto de regiones desarrollaban una autonomía propia que les permitía desarrollarse a un nivel mayor que a las provincias leonesas, que nos hemos ido hundiendo en la despoblación, hemos visto como desde PP y PSOE se han negado a revisar el estatus de la Región Leonesa para una mejor distribución de la renta regional, más equitativa, que posibilite nuestro desarrollo. El colmo fue cuando incluso se negaron a que al País Leonés (León-Salamanca-Zamora) se nos pasase a considerar como una entidad NUTS-2 a efectos estadísticos para poder ser considerados por la UE como un territorio Objetivo 1 que nos hubiese permitido percibir más fondos debido a nuestra pobreza. Este rechazo reiterado por parte de PP y PSOE a toda propuesta que beneficiase una mejor distribución de la renta regional en lo que a la Región Leonesa se refiere, ha vulnerado de forma reiterada y grave los principios democráticos que consagra la Constitución, supuesto que recoge la Ley de Partidos para que puedan ser legalizados.

2) Como segundo caso y más dramático, podríamos hablar de varios artículos de la Constitución, como el 15 (derecho a la vida y a la integridad física y moral), el 18.1 (derecho al honor), el 35 (derecho al trabajo y a percibir remuneración suficiente para sostenerse), el 39.1 (Protección social, económica y jurídica de la familia), el 41 (Prestaciones sociales suficientes de necesidad), o el 48 (participación de la juventud en el desarrollo), que con las medidas económicas realizadas tanto por los Gobiernos de PP como de PSOE se han venido vulnerando reiteradamente, atentando con ello contra los principios democráticos y persiguiendo con ello deteriorar y/o destruir el régimen de libertades que consagra la Constitución, motivo más que suficiente para ilegalizar ambos partidos por sus actuaciones. Este caso es especialmente notorio en lo concerniente a las diferentes reformas laborales que han planteado y que no han llevado sino a la precarización del trabajo en España, desembocando en unos salarios míseros que afectan a la propia integridad física y moral de los españoles (violación del artículo 15), condenándoles a la miseria a muchos de ellos y, con ello atentando contra su honor (violación del artículo 18.1), no permitiéndonos tener trabajo ni percibir en muchos casos una remuneración suficiente para sostenernos (violación del artículo 35), dejando desprotegidas a miles de familias económica y socialmente (violación del artículo 39.1), con unas prestaciones sociales insuficientes para mantenerse en muchos casos (violación del artículo 41), y excluyendo a la juventud del mercado laboral en condiciones dignas, robándole con ello el derecho a planificar su vida (violación del artículo 48). Motivos más que suficientes para que PP y PSOE fuesen ilegalizados por lo que podríamos calificar de una traición continuada hacia los españoles, y eso sin entrar en las corruptelas que tienen implicados a decenas de sus miembros.

3) La imposición por parte del actual gobierno del PP de unas tasas judiciales viola el derecho a la tutela efectiva de jueces y tribunales que consagra la Constitución en su artículo 24.1, violando de paso el artículo 14 que nos habla de la igualdad ante la ley de los españoles. La existencia de una caja B del PP, conllevaría una violación flagrante del artículo 31.1 de la Constitución que nos habla de que “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica”, y es que si no se declara lo que se tiene y, con ello, se evita pagar impuestos, no se contribuye al sostenimiento de los gastos públicos en la forma y manera que exige la ley.

4) A ello podríamos añadir muchos otros puntos como la violación del artículo 27.5 (programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados) al no haber contado la reforma de la enseñanza con la participación efectiva de los sectores afectados por ello, del artículo 43.1 (derecho a la protección de la salud) que se viola flagrantemente con el desamparo a que se ha sometido a buena parte de nuestros dependientes o de los extranjeros residentes en nuestro país, del artículo 44.1. (promoción del acceso a la cultura), que se desincentiva con la imposición del 21% de IVA para la misma, alejando con ello por su alto precio la cultura de buena parte del pueblo, del artículo 44.2 (promoción de la ciencia e investigación) que se concreta en los recortes en becas de investigación o en el hecho concreto de que, desde que entrase el gobierno de Rajoy en la Moncloa el CSIC hayan visto notablemente reducido tanto su presupuesto como su plantilla.

A ello habría que sumar la violación del artículo 46 de la Constitución (conservación del patrimonio artístico, histórico y cultural) que se concreta en el País Leonés en casos como el abandono y peligro de derrumbe que se da en la iglesia de San Martín de Salamanca, el castillo de Cea, el castillo de Castrotorafe y muchos otros monumentos históricos de nuestras tres provincias, a los que habría que añadir los del resto de España. Finalmente habría que citar, cómo no, el artículo 47 de la Constitución, que consagra el derecho de los españoles a una vivienda y nos indica explícitamente que ha de impedirse la especulación con la vivienda, algo que con la Ley de Suelo que aprobó en su día el gobierno de Aznar o con las prácticas realizadas en las cajas de ahorros por los consejeros de PP y PSOE no habría sino sucedido todo lo contrario, en un frenesí especulador que ha supuesto una gravísima especulación del artículo 47 y que ha llevado a muchos españoles a verse en la calle. Otros, sin embargo, se han visto sin calefacción ni luz por la violación reiterada del artículo 51 de la Constitución (defensa de consumidores y usuarios) donde el interés de las grandes empresas energéticas se ha situado una y otra vez por encima del de los ciudadanos. “Casualmente”, Aznar hoy es consejero de Endesa y Felipe González de Gas Natural, en un soberbio premio a la falta de respeto que exhibieron sus gobiernos a los ciudadanos de a pie españoles.

Colectivo Ciudadanos Reino de León / Colleutivu Ciudadanos del Reinu de Llión

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