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PSOE y Ciudadanos presentan una moción en el Pleno de la Diputación sobre la implantación de desfibriladores y es rechazada

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PSOE y Ciudadanos presentan una moción en el Pleno de la Diputación sobre la implantación de desfibriladores y es rechazada

Al amparo de lo señalado en el art 97 del Real Decreto 2568/1986 por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Político Ciudadanos somete a la consideración del Pleno la presente moción:

PLAN DE APOYO A LOS MUNICIPIOS DE MENOS DE 20.000 HABITANTES DE LA PROVINCIA DE SALAMANCA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES CARDIOVASCULARES EN ESPACIOS PÚBLICOS Y EDIFICIOS DEPENDIENTES DE ESTA DIPUTACIÓN.

JUSTIFICACIÓN
El artículo 13.2 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León prevé que todas las personas tienen derecho a la protección integral de su salud y los poderes públicos de la Comunidad velarán para que este derecho sea efectivo.

Los beneficios que para la población en general ofrece la actividad deportiva, regeneradora o incluso la recreativa son conocidos: favorece la consecución de unas condiciones físicas y de salud, el desarrollo armónico de la personalidad del menor y de la sociabilidad de todos los habitantes, permitiendo y favoreciendo la integración de la población.

Los ayuntamientos deben ser conscientes, que no sólo la práctica deportiva es una actividad de riesgo, lo es también, cualquier concentración multitudinaria ya sea ésta lúdica, recreativa y participativa, -yen consonancia con este conocimiento del riesgo también han de colaborar en la consecución de los objetivos recogidos en el art 13,2 antes citado.

La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, establece la regulación general de todas las acciones que permitan hacer efectivo el derecho a la protección de la salud y orienta las actuaciones de las Administraciones Públicas.

En el ámbito de Castilla y León, la Ley 1/1993, de 6 de abril, de Ordenación del Sistema Sanitario, contempla, entre sus principios rectores, una concepción integral de la salud, incluyendo actividades de promoción, prevención, asistencia y rehabilitación.

Asimismo, esta Ley recoge en el artículo 33 las actuaciones que la Administración debe realizar en relación con las actividades públicas y privadas que, directa o indirectamente, puedan repercutir en la salud individual o colectiva.

De la misma forma, la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, en su artículo 2, al establecer los principios generales, incluye la prestación de una atención integral a la salud, comprensiva tanto de su promoción como de la prevención de enfermedades, de la asistencia y de la rehabilitación, procurando un alto nivel de calidad.
Por su parte, el Plan Estratégico de Urgencias y Emergencias Sanitarias de Castilla y León, aprobado por Decreto 228/2001, de 27 de septiembre, contempla entre sus objetivos la disminución de la tasa de mortalidad asociada a las enfermedades cardiovasculares.

El Acuerdo 164/2004, de 23 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba la Estrategia Regional de Salud Cardiovascular en Castilla y León, 2005·2007 (Enfermedad Cerebrovascular y Enfermedad Isquémica del Corazón), incluye, entre sus acciones, el desarrollar y ejecutar mecanismos de intervención médica inmediata desde el punto de demanda, que cubran la atención a toda persona con signos de sospecha de Síndrome Coronario Agudo.

Las paradas cardíacas extra hospitalarias son un problema de primera magnitud para la salud pública. Así, se estima que cada año se producen en España más de 24.500, lo que equivale a una media de una parada cardiaca cada 20 minutos, ocasionando 4 veces más muertes que los accidentes de tráfico. En Europa se calcula que el paro cardiorrespiratorio afecta a 700.000 personas. El 80% de las paradas cardíacas son secundarias a una enfermedad coronaria. Del 19 al 26% de los síndromes coronarios agudos (SCA) se inician en forma de muerte súbita y el infarto agudo de miocardio (IAH) es la causa de la parada en aproximadamente el 50% de los pacientes reanimados fuera del ámbito hospitalario.

En España, cada año, 68.500 pacientes sufren un IAH, de los que aproximadamente un 30%fallecen antes de poder ser atendidos en un hospital.

La actuación ante una situación de parada cardiorrespiratoria tiene que formar parte de una acción integral, que permita asistir al enfermo en el menor tiempo posible y que garantice la continuidad asistencial y el control médico sobre la persona afectada.
La primera persona actuante, el llamado «primer lnterviniente», que es quien tiene el contacto inicial con el paciente en el lugar donde éste se encuentre, tiene que identificar el paro cardiorrespiratorio, alertar a los servicios de emergencia e iniciar las maniobras de soporte vital.

Por ello, dentro del Plan de Calidad del sistema de salud, “la estrategia isquémica” aprobada por el consejo territorial el 28 de junio de 2006, contempla la desfibrilación temprana como un elemento fundamental en el aspecto asistencial.
La fibrilación ventricular primaria es la causa de la mayor parte de los fallecimientos que se producen en las primeras horas del Infarto Agudo de Hiocardio. La posibilidad de identificar y revertir las arritmias letales mediante la desfibrilación constituye la herramienta más eficaz para mejorar la expectativa de supervivencia del paciente.

Los desfibriladores externos semiautomáticos son unos dispositivos que permiten identificar sin errores las arritmias potencialmente graves que requieren administrar descargas eléctricas. Estos aparatos, por sus características, pueden ser utilizados por personal no sanitario adecuadamente formado para su uso en cualquier lugar, permitiendo una primera actuación que, por su inmediatez, puede mejorar las posibilidades de supervivencia de las personas afectadas por estas patologías La muerte súbita cardíaca como consecuencia de una fibrilación ventricular es una de las principales causas de fallecimiento de los países desarrollados. Cada año casi seis millones de personas en el mundo sufren un paro cardíaco súbito. España se sitúa muy lejos del número de desfibriladores instalados por diversos motivos, entre los que se encuentran la difusa normativa legal y la insuficiente concienciación sobre su uso.

Por estas razones, los sistemas de acceso a la desfibrilación pública, que permiten a personal no médico el empleo de desfibriladores externos automáticos, son de vital importancia. El objetivo de estos programas de acceso público es contribuir a lograr la desfibrilación antes que hayan transcurrido 5 minutos desde el colapso.

Los programas de desfibrilación de acceso público se caracteriza por la identificación de lugares donde existe un riesgo evidente de que se presenten paradas cardíacas, bien porque se concentren un número muy elevado de personas como en campos de fútbol, pabellones deportivos, centros culturales, piscinas, terminales de tren, estaciones de autobuses, gimnasios, centros educativos etc., o bien porque se concentren personas de elevado riesgo, como por ejemplo en centros para la tercera edad.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2012, en Castilla y León se produjeron 28.259 defunciones, con una tasa bruta de mortalidad de 11.180
fallecimientos por millón de habitantes y un aumento de un 4,2% con respecto a los datos de 2010 (27.097 defunciones y una tasa bruta de mortalidad de 10.650 fallecimientos por millón de habitantes).
Del total de defunciones de 2012, 8.532 fueron por enfermedades del sistema circulatorio, lo que supone un 30,2% del total de defunciones, y de ellas 1.287 fueron causadas directamente por IAH, es decir, un 4,5% del total.

Castilla y León cuenta con el DECRETO9/2008, de 31 de enero, por el que se regula el uso de los desfibriladores externos semiautomáticos por personal no sanitario.
Este decreto no regula los lugares donde deben instalarse desfibriladores de acceso público, sí haciéndolo de la formación para su uso y manejo.
En términos legales, el decreto del 2009 recomienda la instalación de desfibriladores semiautomáticos (DESA) fuera del ámbito sanitario en toda España, aunque sólo 4 Comunidades Autónomas (País Vasco, Cataluña, Andalucía y Canarias) han desarrollado una normativa propia en la que se establezca la obligatoriedad de instalación en lugares públicos y de grandes aglomeraciones y afluencias.

Resultando llamativo que produciéndose más muertes que por otras causas, no exista una legislación específica al respecto en la comunidad de CyL haciendo solo añadidos o correcciones a la normativa ya existente.

POR TODO LO EXPUESTO:

LOS GRUPOS POLíTICOS SOLICITAN QUE SE HABILITE UNA PARTIDA PRESUPUESTARIA DESTINADA A:
l. Cubrir todos aquellos centros deportivos o de carácter institucional susceptibles de instalar desfibriladores, en todos aquellos municipios de menos
de 20.000 habitantes, así como, en los edificios propiedad de la Diputación, (si no lo tuvieran ya instalados).
2. Incluir en dicha partida la financiación de los cursos que capaciten para el correcto manejo de los DESA.
En Salamanca a 26 de julio 2016

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