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Secuelas vigentes del franquismo. Exilios y emigración (3): la memoria de los “desterrados” republicanos en el SO de Salamanca (La Alberca). Ángel Iglesias Ovejero

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Secuelas vigentes del franquismo. Exilios y emigración (3): la memoria de los “desterrados” republicanos en el SO de Salamanca (La Alberca). Ángel Iglesias Ovejero
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La enorme cantidad de afectados por los exilios y la emigración de todo tipo a partir de la guerra civil y la dispersión de la memoria que ello implica tiene como consecuencia inmediatas la imposibilidad práctica de conocer los estragos causados por la represión directa en los mismos afectados y en sus familias, como ya se avanzó anteriormente (“Secuelas”, 16/03/2017). Además de los fugados y expatriados desde las primeras semanas de la proclamación del estado guerra hasta el término de ésta, ¿cuántos republicanos del SO de Salamanca, después de haber sufrido directamente la prisión, la depuración, la sanción económica o, como mínimo, la información jurídico-militar se vieron obligados a estos éxodos? ¿Cuántas familias de todos ellos, así como cónyuges y huérfanos de las víctimas mortales republicanas, eligieron la emigración como alternativa del hambre? Porque esa era la realidad de la España “imperial” de Franco, como crudamente recordaba en Casillas de Flores un ex combatiente del ejército “nacional”: “Con Imperio, Imperio, Imperio, bastante hambre estamos pasando” (Dil.8778/39). Para todos esos republicanos, castigados por presunta “responsabilidad militar” o afectados por “la limpieza política”, y para sus familias, la necesidad y el hambre eran un asunto más acuciante que antes de la guerra (Iglesias 2016: IV.5). Los “años del hambre” no son ningún mito, sino una cruda realidad entre 1939 y 1952. De ella pueden dar testimonio las personas mayores que conocieron las “cartillas de racionamiento”, un talismán para sobrevivir vigente en esos trece años y solo caducado cuando, tras el levantamiento de la condena de la ONU (1947) y el paulatino reconocimiento exterior del estado franquista en el contexto de la guerra fría, se abrieron de nuevo la fronteras para la emigración (“Secuelas”, 09/02/2017).

Ni siquiera en un territorio reducido como este de la comarca de Ciudad Rodrigo y la Sierra se podrá avanzar una cifra aproximada de toda esa heteróclita categoría de “desterrados” (expatriados o emigrados) que directa o indirectamente fueron afectados por la represión franquista, pues el miedo y la miseria los obligó a abandonar sus lugares de origen. Si, además de la documentación relativa a eliminados judicial o extrajudicialmente y a otros represaliados identificados por la escritura procesal, se toma como referencia “la limpieza” por la vía gubernativa de los afiliados a la Casa del Pueblo en una veintena de pueblos, que serían los primeros que se vieran en la tesitura de emigrar, sin duda serían varias centenas o miles. Pero solo de las familias de víctimas mortales y de algunos presos se tienen datos fiables, aunque incompletos, como se indicó hace una semana (23/03/2017). Su análisis por localidades (orden alfabético, dejando Ciudad Rodrigo para el final) es un ensayo provisional que, aparte de ofrecer una muestra de lo poco que se conoce en comparación con lo que se ignora en materia de “exilios”, aspira a servir de estímulo para la recogida de información entre los eventuales lectores. Y de cara a esta posible colaboración se reitera que el objeto de interés no se reduce al castigo directo de determinados vecinos, sino también a las repercusiones que tuvo ese castigo en los familiares hasta la generación de los nietos.

En este repaso se dejan de lado aquellas localidades ya mencionadas por la falta de datos específicos sobre los afectados de la localidad, entre los cuales también se incluyen algunas víctimas mortales “indirectas” de la represión franquista (Iglesias 2016 582-585), porque, si bien están identificadas a través de los procedimientos de la jurisdicción militar o por la información oral, se desconocen en parte sus vicisitudes y los estragos derivados en el entorno familiar. En todo caso, la condición de víctimas de todas esas personas nunca ha sido reconocida ni sus familias resarcidas, por lo cual entran la categoría de los total o parcialmente “desterrados de la memoria” (“Secuelas”, 23/03/2017).

Alberca (La)

Esta localidad fue una de las más castigadas en la represión sangrienta y carcelaria, conocida por la escritura procesal, tanto que sus víctimas identificadas se cuentan por decenas (“Croniquillas”, 05/08/2016, 12/08/2016 y 20/08/2016). Sin embargo, el silencio impuesto a la información de puertas afuera ha sido uno de los lugares donde mejor se ha guardado, como si de una verdadera omerta se tratara. En ella han colaborado las autoridades civiles y religiosas, empleados municipales y vecindario, tanto que el encuestador, a pesar de tener buenas relaciones en el pueblo, no ha encontrado ni un solo informante realmente dispuesto a librar secretos sobre aquello. El miedo residual guerracivilista no explica todo. En La Alberca, se diría, el nacional-catolicismo no es un sustrato del franquismo social, sino un entreverado componente de la rica tradición cultural, en la que se amalgaman como señas de identidad el pasado señorial (Casa de Alba), la impronta religiosa (marianismo nutrido con la presencia cercana del santuario de la Peña de Francia, término de El Cabaco) y la permanencia de una economía artesanal bien arraigada: explotación forestal, arquitectura serrana, vestimenta, orfebrería, embutidos, apicultura, turronería, etc. Todo esto, unido al fuerte tirón turístico, incentivado por la declaración de “monumento nacional” concedido a La Alberca en 1940, ha frenado la despoblación de esta “típica” localidad serrana. La industria hotelera no es del agrado de todo el mundo, pero terminará por encajar en el tipismo civil y religioso, porque el folclore no está reñido con la economía, aunque ésta quizá no haya alcanzado a los más desfavorecidos del lugar, que antes y después de la guerra buscarían en el éxodo rural y la emigración tierras más hospitalarias.

En la historia oficial de La Alberca, los represaliados republicanos ya estaban condenados a ser “desterrados de la memoria” (“Secuelas”, 23/03/2017). Pero este silencio impuesto o convenido casaba mal con las matanzas de vecinos republicanos, efectuadas dentro y fuera de los límites del término, que eran tan difíciles de ocultar como las orejas del burro (“el burro tapado y las orejas por fuera”) o el secreto de Anchuelo (“que lo decía dando voces”). Antes incluso de que el ínclito José Mª de los Hoyos destapara en parte las burradas represivas en su monografía sobre La Alberca (1946), los mismos encargados de la represión jurídico-militar habían dejado en evidencia al alcalde militarista José Mª Hoyos Hoyos y al párroco Pablo Hernández González en funciones durante el verano sangriento. Lo hicieron al abrir una información, “por frases ofensivas”, contra Juliana Sánchez Martín y Eustoquia Simón Sánchez, dos mujeres mayores, la primera de las cualesera de los vecinos multados por el gobernador civil porque se habían negado a pagar “la ficha azul”, que, en principio, era uno de aquellos “donativos voluntarios” pero exigidos a la fuerza (e incluso a punta de pistola en 1936), en este caso destinado a costear los comedores del Auxilio Social (creado el 30/10//36 en Valladolid por Mercedes Sanz-Bachiller, viuda en primeras nupcias de Onésimo Redondo). Juliana Sánchez no participaba de buen grado en las labores de auxilio a huérfanos de republicanos, al entender que esa obligación debían asumirla aquellas dos autoridades, a quienes consideraban causantes de la orfandad de las pobres criaturas. El auditor de guerra no vio indicios de “responsabilidad militar” en esta acusación (P.prev.1869/39). La imagen del ex alcalde José Mª Hoyos tampoco salió muy lucida en el procedimiento previo contra Mauricio Gómez Luis (Dil.LA/ma.38), a quien había denunciado por haberlo perseguido pistola en mano por las calles (05/03/38), sin que esto fuera una evidencia para los testigos (no excluyendo que los hechos hubieran sido exactamente al revés), pero no se siguieron mayores problemas para aquél, ya que el procesado fue oportunamente diagnosticado como enfermo de esquizofrenia y murió en el manicomio (22/12/36). De su viuda, Teresa Torres Sánchez, y de los huérfanos que dejó no se tiene pista alguna.

De las condiciones de vida que al término de la guerra soportaban las viudas y “los huérfanos de la Revolución” en La Alberca, donde la humillación permanente se añadía al hambre cotidiana, se puede formar idea por una carta enviada al gobernador civil en 1940 (Iglesias 2016: VIII.5.3). La firmaban las viudas de diez asesinados de la localidad (madres de 23 huérfanos de padre, incluidos dos hijos póstumos). Varias estaban emparentadas entre sí y con otros represaliados: Petra Gómez Sánchez (viuda de Gregorio Cilleros Sanz), Nieves Pies García (viuda de Leoncio Rodríguez Martín), Julia Becerro Martínez (viuda de Santiago Muñoz Barés, quizá prima de Ángel Becerro Martín, uno de los primeros sacados, el 27/07/36), Florentina Martínez Luis (viuda de Manuel Guinaldo Mancebo, cuñada de Lorenzo Id. Id. y de Camille Pouzet, presos), Victoria Salgado Angulo (viuda de Jesús Hernández Cilleros), Eustaquia Sánchez Sánchez (viuda de Victoriano Martín López), Juana Hernández Maíllo (viuda del alcalde Nicolás Simón Hernández, probable hermana de Faustino Hernández Maíllo y Juan José y Marcial Id. Id., presos), Cristina Martínez Iglesias (viuda de Braulio García Guzmán), Ignacia Cilleros Martín (viuda de Faustino Hernández Maíllo, cuñada de Cándido, Juan José y Marcial Id. Id., presos) y Ángela Martín García (viuda de Rufino Anaya Expósito). También firmaba Saturnino Sánchez, padre de un asesinado soltero (Juan Manuel Sánchez García). En 1940 todas estas viudas y el padre deshijado vivían en La Alberca. Se echa en falta la firma de Juana González Barrado (viuda en terceras nupcias de Paulino Becerro García), sin que haya constancia del motivo. En sustancia pedían “un pequeño auxilio diario”, sin duda negado a consecuencia del informe del alcalde accidental, quien, además de justificar las ejecuciones extrajudiciales, consideraba “inexacto y exagerado” quejarse de no tener “un pedazo de pan”, pues los niños huérfanos iban al comedor.

Así pues, con la guerra y la victoria no había mejorado mucho la situación de los tiempos de la República en La Alberca. Más crudamente la describe en 1938 una vecina de origen francés, Camille Marie Pouzet, de 24 años, que también alude a la emigración albercana en Francia, en una carta que ella creía confidencial, pero fue a parar al jefe de Censura de Ciudad Rodrigo, un teniente de Carabineros retirado, Francisco Jerez Jiménez. Éste puso el asunto en manos del Delegado de Orden Público del Partido de Ciudad Rodrigo, quien a su vez lo hizo llegar al Gobierno Militar (04/03/38). Los trámites habían requerido la diligencia previa de la traducción de la carta en francés, tarea que asumiría el ínclito y polifacético robledano Serafín Tella, canónigo, traductor y a la sazón colaborador con los represores. Camille contaba a su madre (23/02/38) la vida de miseria y opresión en La Alberca, que debía de ser fiel reflejo de lo que imperaba en la retaguardia franquista:

Aquí se come un pan tan negro como el carbón, mixturado de salvado y centeno. El tocino es muy caro. Vale 2’50 el medio kilo, cuando antes costaba solamente 20 perras el medio kilo. El pan de tres libras cuesta 20 perras y antes costaba sólo 12; y así todas las demás cosas. No podemos vestir de luto porque no lo hay. Como ves, pobre madre mía, hay motivos para volverse medio locos. Ansío vivamente el fin de marzo que me largue de aquí (argot). Lorenzo gana ahora 40 perras al día para mantenernos. Procurad que vayamos pronto a cagar muy lejos. España es la verdadera miseria. Aquí sólo se tienen ganas de llorar y yo por ahora lloro con bastante frecuencia (C.354/38: f. 2).

Las dificultades de la traducción, señaladas por Serafín Tella, no le impiden añadir su granito de arena para facilitar el castigo de la procesada, señalando que Camille era reincidente, pues en una carta anterior denunciaba las carencias sanitarias:

La autora Camilla Maria Pouzet es reincidente. Ya en otra [carta] anterior decía que aquí nos tratamos como cerdos sin asistencia facultativa por estar en el frente todos los Médicos y Boticarios (Ibídem).

Camille Marie Pouzet era natural de Vichy (Allier), donde conocería a su esposo Lorenzo Guinaldo Mancebo (a) “Potrico”, que había sido objeto de registros domiciliarios en 1936, molestado por denunciantes y colaboradores militaristas, pero salvó la vida, a diferencia de un hermano, Manuel Guinaldo Mancebo, que fue de los que aparecieron muertos en el Canchal de la Fuente del Canto (Nava de Francia) el día 12 de agosto de 1936. En su carta Camille mencionaba a este cuñado asesinado y a su suegra (Teresa Mancebo), recién fallecida:

Voy a comunicarte la muerte de mi suegra. Murió la pobre vieja el 14 de febrero sin haber estado enferma más que ocho días, siendo yo quien la cuidó y amortajó. Así que han desaparecido de mi familia dos, Manuel y mi suegra (C.354/1938: f. 2).

Pero la francesa sobre todo se interesa por otras personas albercanas con las que estaba emparentada y residían en Francia, junto a su propia familia sin duda:

Dirás a Barrado que para el 10 de marzo saldrá para el frente su hermano. Él me encarga que se lo diga y que le escriba antes de irse. Reconoce que es muy perezoso (…). Antonio partirá pronto para el frente con la quinta del 28 (…). Di a Amado de parte de Lorenzo si todavía le gustan las espinacas y si toma todos los días el cocido. Me dirás si trabaja y dónde trabaja, qué hace mi padre y si Renata trabaja siempre, lo mismo que Barrado, y tú, mamá, qué es lo que haces, y si Lulu va a la escuela, igualmente que la Pepita, y si continúan tan traviesos todavía. Y la Lucía y su pequeñito si medra bien (Ibídem).

(El traductor, Serafín Tella, al parecer, no ha leído bien o ha entendido mal le pinard, ‘el morapio’, ‘el vino’, que confusamente debe de leer les épinards y traduce por espinacas).

La confidencias de Camille a su madre eran para los represores “conceptos insultantes a la España Nacional”, calificados de “adhesión a la rebelión” en un consejo de guerra que impuso a esta francesa seis años de prisión (C.354/38). Cumplida casi al completo su condena en Salamanca (15/03/38 al 08/02/40) y Amorebieta (Guipúzcoa), de donde salió en libertad condicional (28/01/44), es de suponer que, con el tiempo, regresaría a su ciudad natal de Vichy, pero no de inmediato. Hasta agosto de 1944 dicha ciudad todavía sería capital del estado fascistoide (nacional-católico) del mariscal Philippe Pétain y quizá tampoco las autoridades franquistas le permitirían la salida del país antes de la eliminación de los maquis. Según la información, en 1944 Camille disfrutó de una libertad relativa en Pardiña de Cillas y Berdún (Huesca). Desde entonces ella y su familia pasaron a formar parte de los “desterrados de la memoria” (para otros detalles, Iglesias, en Carnaval 2011: 401-406).

Las vicisitudes de Camille Pouzet y los suyos son representativas de lo que antes y después de la liberación carcelaria vivieron muchas familias de La Alberca y de otros lugares. Y a su imagen, la memoria histórica albercana se rastrea hasta el filo de los años cincuenta, en que, con los éxodos o el aislamiento de los grupos familiares, se dispersa y se vuelve opaca. Sin embargo, esto no significa que todos los familiares, residentes o emigrados, sean olvidadizos. Según la ASMJ, hace un año algunos descendientes de los que fueron asesinados y enterrados el doce de agosto de 1936 en Nava de Francia estaban dispuestos a solicitar la exhumación, pero no pudo llevarse a cabo.

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Rafael Escriña
April 28, 2017 Rafael Escriña

Magnífico reportaje; es una gran demostración del cariño de la gente a sus costumbres, cosa [...]

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Mirobriga
April 25, 2017 Mirobriga

Tienes toda la razon! [...]

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April 25, 2017 Campo Charro

Sí, ya pueden dar prioridad a los trabajadores de la zona, si no cuentan con [...]

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April 24, 2017 Caulfield

Pero si ya había un policía locas, fuera de servicio, en el lugar de los [...]

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