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Secuelas vigentes del franquismo. Exilios y emigración (8): la memoria de los “desterrados” republicanos en el SO de Salamanca (La Fuente de San Esteban y su entorno de los campos de Yeltes y Camaces: Boada, Cabrillas, Morasverdes, Retortillo, Saelices). Por Ángel Iglesias Ovejer

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Secuelas vigentes del franquismo. Exilios y emigración (8): la memoria de los “desterrados” republicanos en el SO de Salamanca (La Fuente de San Esteban y su entorno de los campos de Yeltes y Camaces: Boada, Cabrillas, Morasverdes, Retortillo, Saelices). Por Ángel Iglesias Ovejer
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Poco o nada se conoce de los “exilios” tempranos y la emigración posterior en un amplio territorio del campo de Yeltes debido a la deficiente recogida de información oral, que no permite completar los vacíos de la documentación de archivo. Por ésta se comprueba que desde La Fuente de San Esteban se llevó a cabo la represión de un amplio territorio del centro de la provincia de Salamanca, dentro y fuera del antiguo partido judicial de Ciudad Rodrigo, siendo afectadas principalmente dicha localidad, Retortillo y, fuera del Partido, San Muñoz, Aldehuela de la Bóveda y Villavieja de Yeltes (Iglesias 2016: 257, 283).

Después de la guerra civil (1940) se registraron las ejecuciones de vecinos de La Fuente de San Esteban en el mes de diciembre de 1936: Heliodoro Zunzunegui Escribano (nat. Espino de La Orbada), casado con Paula Martín Martín; Amador Cavero García, soltero; Antonio Galán Carrasco (natural de Zamora), casado con Tránsito Fagúndez Barba, empleado de ferrocarril. La circunstancia de que dos de ellos fueran de naturaleza foránea y otro soltero puede haber motivado su olvido, pero no era el caso de José Manuel García Sánchez, fallecido de 62 años en la cárcel, casado, sin constancia de la identidad de la esposa, padre de ocho hijos, de los cuales tampoco se tienen noticias.

De Boada eran naturales algunos ejecutados extrajudiciales, vecinos o sacados en otros pueblos. Victorino García Calzada, casado con María del Rosario Sánchez Moro en Retortillo y, por tanto, cuñado y compañero de infortunio de Heliodoro Sánchez Moro, soltero. En fecha tardía, se registró la muerte de Victorino (act. def. 26/03/80), sin que haya constancia del número de hijos, aunque se sabe que algún nieto reside en Salamanca. Más conocido es el caso de José Manuel Sánchez Sánchez, hijo de emigrantes a Francia y Cuba, asentados después en Fuenteguinaldo. Al sentirse amenazado en este pueblo, se trasladaría a Robleda, donde su hermano Emilio ejercía el oficio familiar de carretero y de allí fue sacado para el término de El Bodón. Estaba casado con Felicidad Martín Tovar y dejaba una niña (Manuela), informante, que reside en Ciudad Rodrigo (“Croniquillas”, 24/08/16). Dos naturales de Boada fueron víctimas mortales “indirectas” en Salamanca (“Croniquillas”, 24/12/16): Estanislao Díez Fernández, que falleció en el hospital militar (22/01/38), a consecuencia de un bombardeo republicano (21/01/38); estaba casado con Santiaga Miguel Velasco, padre de tres hijos, de los que no se tienen datos; José Manuel Moro García, que a sus 74 años, falleció (06/04/40) en la cárcel de Salamanca, por enfermedad, cuando cumplía condena de un año y diez días de prisión por multa impagada (FCS); estaba casado, pero no tenía hijos. La “limpieza política”, sin consecuencias graves comprobadas, afectó a varios vecinos de Boada: Andrés Calvo Moro, acusado de “conspiración a la sedición”, Orencio Armenteros Rodrigo, denunciado como directivo de la Casa del Pueblo y huelguista (Causa 2133/37), el médico Adolfo Cuadrado Sánchez, el maestro Manuel González Eulalia, depurado. No hay datos sobre las vicisitudes de los familiares de estas personas.

En Cabrillas hubo una quincena de personas afectadas por la represión (“Croniquillas”, 24/10/16), pero también se desconocen las repercusiones que tuvieran en el entorno familiar las represalias. Lógicamente, la ejecución judicial del soldado Maximino Benito de San Guillermo dejaría en desamparo a sus padres. Había sido procesado por “manifestaciones tendenciosas” cuando era soldado en Salamanca (C.531/36). Hubo dos maestros depurados, Dimas Hernández García y Nicolás Martín Grande, y varios vecinos multados o embargados, pero es probable que no tuvieran graves consecuencias sus castigos, como no las tendrían quizá las denuncias y detenciones de algunos elegidos para la represión: José Manuel Azabal Martín (nat. Cabrillas / vec. Aldehuela de Yeltes), detenido en Ciudad Rodrigo entre el día 30 de julio y el 24 de diciembre de 1936 (Desaparecidos 1936); el alcalde Andrés García Garavís y el teniente de alcalde Longinos Corcho Velasco, éste vuelto de la emigración de América, considerados líderes locales del Frente Popular (C.2133/37). Ya el mismo cura del pueblo, los exculpaba y, concretamente, ponía el radicalismo del alcalde en la cuenta de sus hijos, uno antiguo emigrante en Francia y otro aspirante rechazado en la Guardia Civil, después acomodado en el ejército “nacional”:

(…) que a mi juicio [Andrés García Garavís] obraba impulsado por sus hijos Emilio García García, tipo de hombre leído del pueblo que no digiere lo que lee y que por haber estado en Francia traía muchos aires en su cabeza, actuando de cabeza de la masa amorfa, y de Manuel García García, despechado porque no pudo ingresar en la Guardia Civil, y presidente después del partido comunista en formación, y sin embargo, incorporado a filas con el reemplazo del 29 y honrado hoy con los galones de sargento, según los rumores que en el pueblo circulan y que llenan de indignación a la gente sana del mismo (C. 2133/37 : f. 212).

Dentro de la penuria de datos, se dispone de una información fragmentaria de fuentes orales y escritas que permite entrever migraciones condicionadas por la persecución entre los grupos de parentesco de Morasverdes. La matanza no debió de ser masiva, pues solo hay constancia de una víctima mortal, Silvestre López López, que era vecino de Ciudad Rodrigo (infra), y de otra “indirecta”, Juana Hernández Estévez, fallecida de cáncer en la cárcel de Salamanca (López-Delgado 2001: 295; 2007: 171), a las que habría que añadir otra persona muerta en Salamanca, después de su paso por la cárcel, un tío de Juan Crespo, informante de R. Fraser, que también menciona un listado de cinco personas, entre ellas una mujer, elegidas para una saca que, finalmente, no se consumaría. Pero la represión “política” debió de ser muy intensa, mucho más de lo que revela el número de víctimas identificadas, cuatro solamente (“Croniquillas”, 24/12/16). Ya entonces dieron palizas a “socialistas”, como a un tal “Juan y su hermano”, que se alistaron en el ejército “nacional” y murieron como “héroes del Movimiento” (Fraser 1979: I 234).
En este contexto de terror, los jóvenes socios de la Casa del Pueblo, de grado o por fuerza, terminaron en el frente, donde creían correr menos riesgos que en su localidad de origen, aunque nunca estaban al abrigo de denuncias. Así lo prueba el caso de Félix Rodríguez García, que, por representativo de lo que sentían los soldados de Franco que habían sido antes sindicalistas de la UGT, merece una descripción algo detallada. Félix tenía 23 años, era soltero, jornalero y analfabeto, a la sazón soldado con destino en Robledo de Chavela (Madrid). Disfrutaba de un permiso en el pueblo (12/08/37), cuando en una conversación con un falangista local a propósito de la batalla de Brunete, librada poco antes (6 a 25/07/37), se permitió frases que ponían en duda la capacidad y la moral del “ejército nacional”, comparado con el de la República. Estos desahogos verbales no podían ser más inoportunos, pues precisamente los subordinados del capitán de la Guardia Civil de Ciudad Rodrigo, que no debía de ser otro que el consumado represor Antonio Cejudo, giraban visita de inspección a los pueblos cercanos al puesto de Sancti-Spíritus. En seguida se acumularon los cargos contra este soldado, que eran los habituales en estos casos, en relación con su ideología, activismo, discurso: “comunista peligroso”, “afiliado a la Casa del Pueblo”, “propagandista a favor del Frente Popular”, “desafecto al Glorioso Movimiento Nacional”. Consecuencia e ilustración de todo ello, según sus denunciantes, serían las frases hostiles contra el “ejército nacional”.

Mientras se instruían las diligencias Félix regresaría al frente de Robledo de Chavela, donde fue detenido (15/09/37), permaneciendo en prevención casi tres meses, antes de ser llevado a la Prisión Militar de Salamanca (12/01/38). Para entonces el juez militar ya se había informado de lo que quería saber, que no era mucho ni constituía ningún misterio, y por tanto se contentaría con citar inicialmente a tres testigos y algún otro más tarde, que aprovechó la ocasión para acusar a Félix Rodríguez de haber sido instigador de la “invasión de una dehesa que hay en el término del pueblo”. El alcalde de Morasverdes, Emiliano de la Iglesia Señorán, informaba de lo que otros le habían contado a él sobre el soldado denunciado:

(…) Que hace pocos días estuvo de permiso en el pueblo y delante del falangista Pedro Rodríguez García y un tal Nicasio pronunció las siguientes frases: “que la batalla de Brunete fue un desastre para el Ejército Nacional y que los aparatos que dicen los partes oficiales han sido derribados por nuestra Gloriosa Aviación han sido nuestros y no de los rojos, ya que éstos son más valientes que nuestros soldados”, añadió que “cuando los rojos ataquen por Robledo de Chavela, pueden preparar la maleta los de Morasverdes, porque llegarán hasta el pueblo”. Así mismo le consta al declarante [haberle oído]: “que el Ejército Rojo tenía más cojones que los Nacionales; que la prueba estaba en Robledo, donde llevábamos muchos meses sin avanzar y que cuando allí se avanzara no quedaría un soldado de Franco; que lo de Brunete habrá sido una mentira”, y otras cosas por el estilo (C.1693/37: f. 2vº).

Félix Rodríguez ya llevaba cuatro meses detenido, cuando el juez militar le tomó declaración (14/01/38). El soldado negó todos los cargos sobre su pasado, pero esto no le evitaría el auto de procesamiento (27/01/38) ni el consiguiente consejo de guerra (22/02/38), que lo condenó a 12 años de prisión, y no a la reclusión perpetua o muerte que había reclamado el Fiscal, y, aparte de accesorias, un “destino a Cuerpo de disciplina por el tiempo que deba servir en filas”. Dicha pena le sería conmutada por la de seis años y un día de prisión mayor (28/04/42), que tal vez no cumpliría del todo. En efecto, la notificación de dicha conmutación resultó tan laboriosa como en otros casos, y después de no hallar indicios de la presencia de Félix en la Prisión Provincial, ni en las Prisiones Militares de la VII Región Militar (ni por supuesto en la Prisión Militar de Salamanca, ya extinta), ni en el Regimiento de la Victoria nº 28, resultó que residía en Morasverdes, según oficio del juzgado (26/07/42), en libertad vigilada, por supuesto.

Alguna tradición familiar en Morasverdes (MV 2016) se hace eco del ambiente represivo local, que en definitiva determinaría la salida de algunos parientes cercanos de Silvestre López López, víctima de una de las primeras sacas en Ciudad Rodrigo (“Croniquillas”, 10/08/16), cuyo grupo de parentesco e identidad se pueden completar ahora. El sobrenombre de “el Mora” estaba motivado por su naturaleza, Morasverdes, donde debió de nacer entre 1906 y 1908. Era hijo de Celestino y Manuela, el primero ya fallecido en 1937, pues la madre se declara entonces viuda. Silvestre era el menor de una fratría de cuatro varones y una mujer: Pedro, Felicidad, Celso, Ildefonso y Silvestre. Dos de estos hermanos, Celso e Ildefonso, también fueron perseguidos en el verano sangriento de 1936:

“(…) a su hermano Celso lo fueron a buscar, pero se confundieron de nombre, por lo que su padre les dijo que allí no vivía y pudo librarse. También fueron a buscar a Ildefonso (abuelo del informante), pero al ser su mujer (Isabel Rubio Montes, natural de Sancti-Spíritus) pariente del Jefe de Falange, lo soltaron tras darle una paliza” (MV 2016).

A partir de ese momento la discreción se convirtió en seguro de vida, tanto que el silencio sobre los hechos se convirtió en norma seguida hasta con los nietos: “(…) De hecho el tema puede considerarse tabú y no se comentaba en la familia. Por ejemplo, yo recuerdo a nuestra abuela reprimirnos si decíamos “rojo” y nos obligaba a decir “colorado” (MV 2016). Sin embargo, estas cautelas no fueron suficientes en aquel momento, de modo que la persecución condicionó por tiempo durable la vida del grupo familiar. La piña de los hermanos se disgregó, uno de ellos huyó a Madrid y los otros siguieron siendo objeto de la hostilidad lugareña. Así lo señala el mismo informante, a quien todo ello conduce a acertadas observaciones sobre las secuelas de la represión y su diferente calado entre las de uno y otro “bando”:

“(…) Los cuatro hermanos formaban un grupo bastante unido que, atendiendo a diversas anécdotas, no los encajarían dentro de la categoría de los santos varones (trifulcas de poca monta, nada grave) y que habrían formado parte de manifestaciones comunistas. Supongo que, siendo prácticamente iletrados, su compromiso podría deberse más a una posición social humilde que a una cuestión ideológica.

Hay una parte que frecuentemente se omite al respecto de los represaliados, y es cómo cada uno de estos nombres e historias marca el devenir de una familia. En nuestro caso, supongo que común, los tres hermanos se separaron (Silvestre no es el único al que fueron a buscar, otro de ellos huyó) y pasaron a llevar una vida de perfil marcadamente bajo. De hecho con la familia de uno de ellos que emigró a Madrid no existe relación, sin que exista un motivo más allá de lo que acordaran entonces. Esta y otras cuestiones que, lejos de lo que se puede pensar, siguen vivas de una u otra manera.

Otro aspecto a considerar cuando se habla de las víctimas del otro bando (igual de injustificables e ignominiosas) es ponerse en su piel [de las víctimas republicanas] y pensar lo que es vivir durante décadas con la certeza de que cualquier paso en falso, cualquier hecho de menor importancia como no ir a misa un domingo, no saludar o que alguien interprete mal cualquier gesto te puede convertir en víctima sin más pasos intermedios, sobre todo en pueblos y ciudades de pequeño tamaño. La angustia de las víctimas del otro bando duró mientras se mantuvo la contienda (…), mis abuelos en cambio vivieron durante mucho tiempo sabiéndose vulnerables y con el miedo de que en cualquier momento los fuesen a buscar” (MV 2016).

Una de las localidades más represaliadas fue Retortillo, debido a las efímeras resistencias iniciales de los cargos municipales y los sindicalistas contra el Movimiento (Iglesias 2016: VI.1.2.2). El total de vecinos afectados hasta ahora identificados sobrepasa el medio centenar de personas (“Croniquillas”, 25/07/16). Sin embargo, aparte de los fugaces “exilios” en el verano sangriento, no se han podido recoger datos sobre las consecuencias en los grupos de parentesco de aquellos sistemáticos castigos y amenazas. Tres de aquellos concejales y directivos sindicales huyeron el día 25 de julio: Cristino Bartolomé Martínez Muriel, Celso Moro Hernández y Máximo Muriel Blanco. Este último explicó el motivo, que no era sino el miedo a la muerte, en modo alguno infundado, cuando se produjo una de las primeras redadas d aquel verano sangriento:

(…) Que él en unión de sus compañeros Cristino Martínez Muriel y Celso Moro Hernández salieron del pueblo de Retortillo el día 25 del pasado mes de julio, dirigiéndose al campo y refugiándose en la finca de Pito y Sierro (…) por temor a ser detenidos por las autoridades militares, ya que les habían dicho que a todos los socios de la Casa del Pueblo se les detenía y llevaba fuera del pueblo, y que incluso a varios de éstos afiliados se les había fusilado por las fuerzas militares y milicias armadas. Que una vez en la referida finca se escondieron en el campo, volviendo por la noche al pueblo para proveerse de alimentos y que en los últimos días eran los familiares suyos los que iban donde ellos estaban para llevarles comestibles y éstos eran los que les tenían al corriente de lo que sucedía en Retortillo. Por ellos supieron que en los últimos días que estuvieron escondidos, es decir anteriores al 12 de agosto, se les buscaba por el Alcalde y vecinos del citado pueblo, decidiendo el día 12 de agosto presentarse a las autoridades, lo que no pudieron hacer, pues al ir a hacerlo fueron detenidos por las milicias armadas a la entrada del pueblo, donde quedaron [hasta ser llevados a la prisión de] Vitigudino, donde permanecieron en la cárcel hasta ser trasladados a Salamanca el 20 del corriente (Declaración de Máximo Muriel Blanco, Salamanca, 05/01/37, C.462/36 : f. 7-8).

Los tres fueron condenados a muerte y ejecutados (23/10/36). Eran solteros y no dejaban descendencia conocida, pero aparte del desamparo de sus padres, fueron procesados sendos hermanos suyos: Juan Manuel Martínez Muriel, Juana Inés Moro Hernández y María Teresa Muriel Blanco. Estas dos jóvenes asistieron a varios consejos de guerra y su rastro se pierde en la prisión de Saturrarán (Iglesias 2016: VIII. 5.2.5.4). Sus familias estaban emparentadas con represaliados de Villavieja de Yeltes y, en concreto, los hermanos Muriel Blanco tenían a otra integrante de la fratría, Josefa, casada allí con Esteban Velasco Moro, también ejecutado por sentencia de consejo de guerra, junto con su propio hermano Francisco (Iglesias 2016: 121, nota 34). Aparte del alcalde Isaías Montero Egido, condenado a prisión y a pagar una pesadísima multa, la mayoría de los otros sindicalistas y republicanos de Retortillo que fueron procesados saldría del mal paso sin consecuencias graves. Pero esto no pasa de mera conjetura, pues, como se viene diciendo, se ignoran las vicisitudes posteriores de los grupos familiares.

Esto mismo sucede con Saelices el Chico, ya en el campo de Camaces y cercano a Ciudad Rodrigo, donde hubo una veintena de represaliados, cinco de ellos víctimas mortales (“Croniquillas”, 08/08/16). Pero apenas se ha podido obtener información sobre sus descendientes: Aquilino Mateos Blanco, casado con Cecilia Sagrado, padre de cuatro hijos, entre ellos una hija residente en Ciudad Rodrigo y con algún descendiente en Francia; Santiago Sánchez Peinado, casado con Eufemia Calvo Sánchez, padre de cinco hijos, sin noticias; Eusebio Garduño Alonso, casado con Mariana Sánchez, que residía en 1980 en Portugalete (Vizcaya), cuando, en conformidad con el art. 7 de la ley 46/1977 de 15 de octubre, presentó una solicitud de amnistía y antecedentes penales, que, con la aprobación del Auditor (Valladolid, 13/06/80), le sería concedida por el capitán general de la VII Región Militar (Valladolid, 17/06/80); era padre de seis hijos, sin noticias; Martín Cenizo Calderero, casado con Celedonia Sánchez, padre de dos hijos, sin noticias; Epifanio Cejudo Cejudo, casado con Cipriana Huerta Maeso, padre de cuatro hijos, sin noticias.
Como en otras localidades, varios jóvenes sumariados, antiguos socios de las Casa del Pueblo, habían sido obligados a servir en el ejército “nacional”, como: Agripino Mayordomo Hernández, de 21 años, y los hermanos Isidoro y Leonardo Patino de San José, respectivamente de 21 y 20 años, procesados con otros dos hermanos, Melquiades y Gonzalo Patino de San José, de 41 y 32 años (C.707/38) ¿Qué sería de sus vidas?

 

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