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Ganemos Salamanca presenta al Pleno de la Diputación propuestas sobre la mina de Retortillo, falta de secretarios en pueblos y una propuesta conjunta con la oposición sobre la nueva web

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Ganemos Salamanca presenta al Pleno de la Diputación propuestas sobre la mina de Retortillo, falta de secretarios en pueblos y una propuesta conjunta con la oposición sobre la nueva web
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COMUNICACIÓN GRUPO GANEMOS SALAMANCA EN LA DIPUTACIÓN


PROPOSICIONES QUE PRESENTA EL GRUPO GANEMOS SALAMANCA AL PLENO ORDINARIO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA A CELEBRAR EN MAYO DE 2017

PARA DECLARAR LA FALTA DE INTERÉS PÚBLICO DEL PROYECTO MINERO DE RETORTILLO-SANTIDAD
JUSTIFICACIÓN
Los alcaldes de una veintena de municipios de la provincia -Villavieja de Yeltes, Cubo de Don Sancho, Pozos de Hinojo, Sanchón de la Ribera, Moronta, Peralejos de Arriba, Villar de Samaniego, Puertas, Peralejos de Abajo, Iruelos, Valsalabroso, Villarmuerto, Espadaña, Yecla de Yeltes, Boada, Bogajo, Martín de Yeltes, Ahigal de Villarino, Villares de Yeltes y Fuenteliante- , han suscrito un manifiesto en relación al proyecto minero Retortillo-Santidad en el cual exponen que “las instalaciones industriales para el tratamiento del uranio, se pueden realizar en otro emplazamiento diferente al lugar en el que se extrae, que no lleven a la situación incongruente de que en un lugar protegido ambientalmente por Red Natura 2000 se permita una industria nociva para el patrimonio natural.”
Además, han afirmado que “las estructuras o depósitos que se prevén construir en el hueco de la mina para el almacenamiento definitivo de los estériles de proceso y demás residuos radiactivos generados en la planta de tratamiento de minerales, constituyen parte de una instalación radiactiva de 1ª categoría y su localización geográfica amenazará permanentemente los citados espacios de la Red Natura 2000 y el parque natural de las Arribes del Duero, infringiendo el principio de la prevalencia de la protección ambiental sobre la ordenación territorial y urbanística”.
Los representantes municipales consideran que “no existe explicación alguna acerca de la prevalencia otorgada al supuesto desarrollo socioeconómico que provocará el proyecto en los municipios que integran la comarca, pues no se han considerado de forma seria los graves impactos que tendrá el mismo sobre las actividades consolidadas, sostenibles y en desarrollo que ya operan en la misma, como lo son las actividades agropecuarias, las de turismo rural y salud y las de pesca deportiva y recreo”
Y es que entienden que “los vertidos autorizados en las aguas superficiales del Río Yeltes constituyen un indiscutible deterioro de la calidad de las mismas y como consecuencia acarrearán un deterioro progresivo y difícilmente reversible de todos los hábitats relacionados con ellas. además, dicha autorización de vertidos, se ha aprobado sin las garantías necesarias para preservar la salud de sus consumidores y usuarios aguas abajo”
Los alcaldes advierten que existe riesgo evidente de “la eventual revocación, de todo el proyecto minero Retortillo-Santidad por emanar de una disposición autonómica anulada por la Sentencia número 02309/2013, de 26 de diciembre de 2013, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección 1ª”
Finalmente, recordaron que “la empresa nacional de uranio, ENUSA Industrias Avanzadas, S.A. rechazó el desarrollo de un proyecto conjunto con Berkeley Minera España S.L., que incluía el de Retortillo-Santidad tras el análisis detallado del estudio de viabilidad final presentado por Berkeley, la empresa pública concluía en un informe que “Berkeley no ha logrado acreditar la viabilidad técnica, económica y ambiental del proyecto, así como su sostenibilidad en el tiempo”. Por ello, los alcaldes entienden que “no parece asumible que si la empresa nacional de uranio, 100% pública, desestima la explotación de estos recursos, vaya a declararse la utilidad pública del proyecto para que sea explotado por una empresa privada con estas referencias”
Por estas razones, los representantes democráticos de los municipios señalados han solicitado al Excmo. Ayuntamiento de Retortillo que “en el expediente de autorización de uso excepcional de suelo rústico, promovido por Berkeley Minera S.L. informe desfavorablemente a la utilidad pública del proyecto minero de extracción de uranio y tratamiento del mismo, en instalaciones radioactivas de primera categoría, por considerarlo contrario al interés público; a la salvaguarda del medio ambiente, del sector agrícola y ganadero, del sector turístico y de servicios y de la calidad de la salud de las personas en los alrededores del lugar donde se prevé dicha actividad minera.”
Sin embargo, el Ayuntamiento de Retortillo ha rechazado informar las alegaciones presentadas, por lo que será el Servicio Territorial de Fomento de la Junta de Castilla y León en Salamanca quien lo haga, previsiblemente antes de que la Comisión Territorial de Urbanismo y Medio Ambiente de la provincia, tome finalmente la decisión de permitir o no el cambio de uso excepcional del suelo que requeriría el proyecto.

En consecuencia, por este Grupo se propone al Pleno de la Diputación de Salamanca la adopción del siguiente ACUERDO:

Primero.- Declarar la falta de interés público del proyecto, sumándose a la petición de los representantes de los Ayuntamientos de Villavieja de Yeltes, Cubo de Don Sancho, Pozos de Hinojo, Sanchón, Moronta, Peralejos de Arriba, Villar de Samaniego, Puertas, Peralejos de Abajo, Iruelos, Valsalabroso, Villarmuerto, Espadaña, Yecla de Yeltes, Boada, Bogajo, Martín de Yeltes, Ahigal de Villarino, Villar de Yeltes y Fuenteliante.
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al Ayuntamiento de Retortillo, al Servicio Territorial de Fomento de la Junta de Castilla y León en Salamanca y a la Comisión Territorial de Urbanismo y Medio Ambiente de Salamanca.

PARA MEJORAR LA ASISTENCIA A LOS MUNICIPIOS CON MOTIVO DE AUSENCIAS EN LOS PUESTOS DE SECRETARIA-INTERVENCIÓN.
JUSTIFICACIÓN
El Pleno Provincial en sesión ordinaria celebrada el día 23 de diciembre de 2016 adoptó por unanimidad “instar al Gobierno de España a promover, por el método legal que corresponda, de habilitados de secretaría-Intervención suficientes para atender adecuadamente la gestión diaria de los municipios”; “proveer y prever un sistema de sustituciones eficiente para atender las necesidades y urgencias que puedan surgir”; y que la Diputación Provincial de Salamanca reforzara, mejorara e hiciera “las reformas o contrataciones de personal suficientes para atender todas las necesidades de secretarios-interventores de la Provincia de Salamanca.”
Si bien tales medidas son necesarias, en el marco de actuación de esta Diputación resultan insuficientes para solucionar el problema que afrontan los pequeños municipios cuando no disponen circunstancialmente de Secretario/a Interventor/a. No está en manos de la Diputación legislar sobre la forma de provisión tanto definitiva como temporal de los puestos, pero sí tiene la responsabilidad de prestar el apoyo necesario para que los municipios tengan cubiertas los servicios básicos.
Un Ayuntamiento no puede realizar sus competencias sin secretario o sin interventor: no se pueden adoptar resoluciones, ni acuerdos, ni aprobar presupuestos, ni aprobar cuentas, ni realizar contratos, ni reconocer obligaciones, ni realizar pagos, ni tramitar expedientes urbanísticos, ni solicitar o justificar subvenciones, ni cumplir las obligaciones fiscales, ni cumplir exigencias estadísticas, etc. etc. En definitiva, el Ayuntamiento queda bloqueado, afectando tal bloqueo de forma directa a la prestación de todos los servicios municipales.
La Diputación no puede quedarse impasible ante tal situación, pues tiene la obligación legal de garantizar la prestación de los servicios. No obstante, analizando los Decretos de Presidencia que resuelven las solicitudes de comisionado de Secretario-Interventor, se puede verificar que se deniegan un gran número de solicitudes, bajo la excusa de que el Ayuntamiento debe proveerse del funcionario correspondiente por otros sistemas previstos en la normativa sobre funcionarios con habilitación nacional; y que aas solicitudes que se conceden restringen el servicio a un solo acto.
Respecto de la primera cuestión, hay que indicar que los miembros de la Corporación municipal habitualmente no conocen el modo de proveer el puesto de Secretaría Intervención. Frente a ello se argumenta que el Servicio de ATM realiza asesoramiento a quien se lo pide. Sin embargo, tal asesoramiento no es suficiente, el Ayuntamiento tendría que contar con personal que ejecute los pasos para realizar la tramitación y cubrir sus necesidades de funcionamiento mientras la cobertura se produce.
Respecto de la segunda cuestión, hemos de manifestar que resulta del todo insuficiente la restricción a actos tan puntualísimos como los recogidos en los decretos de concesión. El funcionamiento del Ayuntamiento exige la disposición efectiva del funcionario habilitado para el conjunto de la actividad que debe desarrollar, es decir, para una pluralidad de actuaciones, durante el período en que se halla sin el funcionario habilitado.
Se defiende desde el Servicio de ATM que tal limitación viene impuesta por la norma, en concreto por el artículo 36 del Decreto 1732/1994. Se informa en el sentido de que tal precepto no posibilita el comisionado en caso de vacante, atendiendo a la letra del artículo, que trata sobre “ausencia, enfermedad o abstención legal o reglamentaria”, pero lo cierto es que, por un lado, el precepto no prohíbe el comisionado en caso de vacante y, por otro lado, la situación de vacante puede entenderse comprendida dentro del término “ausencia”. Además, respecto de la extensión del comisionado, no obliga a que sea para un solo acto, pues utiliza la expresión “por el tiempo imprescindible”, lo que conlleva a amparar una pluralidad de actuaciones durante un período de tiempo. La duración de este período estará necesariamente condicionada al tiempo en que se tarde en solucionar la falta de empleado público que desarrolle el puesto a través de los sistemas de provisión que estén regulados.
No en vano, con la misma regulación general, otras Diputaciones prestan el servicio durante un período de tiempo para una pluralidad de actos e incluyen la situación de vacante. Puede consultarse a tal efecto el Reglamento regulador de la Asistencia a Municipios de la Diputación de Soria, que recoge situaciones de jubilación y cese e incluye prestación de servicios de hasta 6 meses (artículos 22 y 23). Otro ejemplo lo tenemos en la Diputación de Teruel, que incluye la prestación del servicio en supuestos de permiso de maternidad, paternidad o adopción de menor de nueve meses y vacante de Secretaría, sin posibilidad de sustitución accidental. No obstante, parece necesario plantear una reforma de la normativa provincial que vincule de forma más clara y concisa a la Diputación, además de permitir extender el servicio, como se hace en otras provincias.
Para la efectividad del servicio, además deberían cubrirse los puestos de Secretario-Interventor que constan en la relación de puestos, incluso prever una ampliación del número de puestos y además, suscribir un convenio con el Colegio de Secretarios-Interventores (contamos con el ejemplo cercano de la Diputación de Valladolid) que permita la disposición de habilitados nacionales para aquellas circunstancias en que no pueda ser prestado por los funcionarios de la Diputación.

En consecuencia, por este Grupo se propone al Pleno adoptar los siguientes ACUERDOS:

Primero.- Acometer la modificación del Reglamento del Servicio de Asistencia Jurídica, Económica y Técnica a Municipios de esta Diputación, aprobado por el Pleno Provincial en sesión celebrada el 26 de febrero de 2015, para recogiendo la obligación de prestar el servicio, aumentando la extensión temporal y material, además de los supuestos en que se ha de conceder, de tal forma que permita garantizar una más amplia y flexible prestación, en garantía del funcionamiento de los Ayuntamientos afectados.
Segundo.- Suscribir un convenio de colaboración con el Colegio de Secretarios-Interventores que permita la disposición de habilitados nacionales para aquellas circunstancias en que no pueda ser prestado por los funcionarios de la Diputación.
En Salamanca, a 26 de mayo de 2017.

ANEXO. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO
El Reglamento del Servicio de Asistencia Jurídica, Económica y Técnica a Municipios de esta Diputación, aprobado por el Pleno Provincial en sesión celebrada el 26 de febrero de 2015, recoge la siguiente regulación:
“Artículo 24.- También podrá prestar la Diputación Provincial de Salamanca, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 en relación con el 36 del Real Decreto 1732/1994, la asistencia citada en el anterior artículo para la realización de cometidos especiales de carácter circunstancial por el tiempo imprescindible. La solicitud de estas comisiones circunstanciales deberá formularse por escrito por parte de las Corporaciones interesadas, en los casos de ausencia, enfermedad o abstención legal o reglamentaria de funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional. Dicha asistencia deberá ser aprobada por el órgano competente de la Diputación Provincial.
Artículo 25.- La asistencia que conforme a los Art. 23 y 24 habrán de prestar a los Ayuntamientos los funcionarios con habilitación de carácter nacional, será comprensiva de las funciones especificadas en los artículos 2, 3 ,4 y 6 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional”.
Es preciso modificar los artículos 24 y 25 reseñados en tres sentidos:
1º Cambiar la expresión “podrá prestar” por “deberá prestar”, habida cuenta que la Diputación debe garantizar la efectividad en la prestación de los servicios esenciales en todos los municipios de la provincia por imperativo legal.
2º Incluir el desarrollo siguiente: la prestación incluirá todas aquellas actuaciones imprescindibles para garantizar el funcionamiento del Ayuntamiento durante el período de tiempo necesario para solventar la circunstancia que da origen a la demanda del servicio. Pudiendo, no obstante, poner un límite máximo a esta duración temporal.
3º Incluir la situación de vacante como un supuesto de ausencia.

PROPOSICIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS PSOE, CIUDADANOS Y GANEMOS SALAMANCA

SOBRE LA FORMA DE UTILIZACIÓN DE LA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA WEB.
JUSTIFICACIÓN
Se cumplen dos semanas desde la puesta en marcha del nuevo portal web de la Diputación de Salamanca en el que se encuentra una sección de actualidad que, por principio, debería ser de carácter institucional, exenta de contenido político partidista.
Sin embargo, las “noticias” que se están publicando en esta sección se atribuyen logros y méritos institucionales y no respetan la pluralidad de puntos de vista del resto de fuerzas políticas presentes en la Diputación.
No es mera casualidad el hecho de que esta sección de la web sea la más visible y llamativa, de modo que el efecto publicitario sobre el ciudadano que accede es más incisivo.
Tal forma de presentación de las llamadas “noticias” creemos que puede llegar a vulnerar las limitaciones y prohibiciones establecidas en el artículo 8 de la Ley autonómica 4/2009, de Publicidad Institucional de Castilla y León, y el artículo 4 de la Ley 29/2005, de Publicidad y Comunicación Institucional, de carácter básico. En dichas normas se prohíben las actuaciones de publicidad institucional que tengan como finalidad destacar los logros de gestión o los objetivos alcanzados.
El objetivo que debe perseguir la publicidad institucional es informar de forma objetiva al ciudadano. La web de una Administración no se puede convertir en un medio de comunicación al servicio del partido político gobernante.

En consecuencia, proponen al Pleno adoptar los siguientes ACUERDOS:
Primero.- Retirar las publicaciones cuyo contenido esté en tela de juicio de estar incumpliendo la normativa sobre publicidad institucional de la sección de actualidad política de todas las Áreas y cesar en esta utilización irregular de la web institucional.
Segundo.- Crear un grupo de trabajo con la participación de todos los grupos políticos que marque las pautas de la publicación de noticias institucionales en el marco de la normativa sobre publicidad institucional.

 

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