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El Partido Socialista exige a la consejería de Fomento y Medio Ambiente que levante las restricciones a los municipios afectados por el nematodo de la madera del pino, Bursaphelenchus xylophilus (Steineret Buhrer) Nickle et al. a los municipios afectados en El Rebollar, que declaró por Orden en 2013, una vez que la Junta de Extremadura ha levantado por Resolución de 5 de mayo de 2017, de la Dirección General de Agricultura y Ganadería la restricción en Valverde del Fresno al haberse erradicado dicho organismo.
La restricción acordada por la Junta de Castilla y León se debió a la aparición del citado nematodo de la madera del pino en Valverde del Fresno, Cáceres, y según los protocolos de acción había que actuar en los municipios en un radio de 20 km, medida limitada a la vigencia de la restricción de la administración extremeña.

Se da la circunstancia que la Junta de Castilla y León en contestación a los procuradores socialistas, José Luis Aceves Galindo y Juan Luis Cepa Álvarez, la fecha de respuestas es de 12 de mayo de 2017 y la Resolución de la Junta de Extremadura el 5 de mayo de 2017, publicada en el Diario Oficial de Extremadura el 18 de mayo de 2017, antes de la contestación de la administración castellano y leonesa a los procuradores, que bien podrían haber consultado sobre la situación en que se encontraba la restricción.

El levantamiento acordado por la Junta de Extremadura tiene unas medidas, como son “un plan de vigilancia especial frente al nematodo de la madera del pino en los pinares de Extremadura situados a menos de 20 kilómetros de la frontera con Portugal, en los pinares de los términos municipales de Gata-Hurdes y en pinares situados a menos 20 kilómetros de alguna zona demarcada por la presencia del nematodo de la madera del pino…”, además de otras actuaciones para detectar cualquier incidencia.

Para los procuradores socialistas, Aceves y Cepa, la Junta debe levantar la restricción “por dos causas fundamentales, por el bien del bosque, que debe estar siempre limpio y adecuado y por el quebranto económico que ha supuesto a los ayuntamientos como a los particulares esta prohibición de 4 años”.

(fotografía de archivo)