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Stop Uranio recurre el sobreseimiento de las acciones legales contra concejales y exconcejales del PP en Retortillo

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Stop Uranio recurre el sobreseimiento de las acciones legales contra concejales y exconcejales del PP en Retortillo
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COMUNICACIÓN STOP URANIO


NOTA DEL ABOGADO JAVIER DÍEZ

Salamanca, 12 de julio de 2017.

En el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción núm. 1 de Ciudad Rodrigo se siguen diligencias o gestiones judiciales para investigar posibles delitos de cohecho contra el anterior Alcalde y tres concejales de Retortillo, y por mantenerse en el cargo dos de los actuales concejales al tiempo que trabajan para la empresa Berkeley, estos posiblemente cometiendo el delito del art. 441 del Código Penal, castigado con pena de multa y suspensión del cargo público.

El Juzgado acaba de dictar un Auto de sobreseimiento o archivo, si bien nada dice sobre el art. 441, omitiendo con ello el fundamental derecho de cualquier ciudadano a obtener respuesta motivada o fundada de sus peticiones ante la Justicia, esto es, el derecho constitucional a obtener razones legales incluso cuando no te dan la razón.

Ante este Auto o resolución judicial hemos interpuesto Recurso ante el mismo Juzgado (como paso previo, si fuera el caso, ante otros posibles recursos en otras instancias), intentando obtener aquellas razones que expliquen la decisión judicial, y solicitando al Juzgado que siga la investigación, pues no podemos entender que sea legalmente posible trabajar para la empresa que tienes que atender como concejal (o resolver sus asuntos), o siendo Alcalde, recibir encargos o pedidos para tu empresa cuando hay tantas empresas sin trabajo que hacen lo mismo y están al lado.

Todo ello creemos que pugna con valores democráticos básicos, con la debida limpieza, objetividad o imparcialidad de la Administración Pública (art. 103 de la Constitución Española), y es que por más que últimamente nuestra democracia nos dé tantos disgustos de corrupción política y económica, creemos que no debemos resignarnos ante esta lacra, es preciso luchar por la razón y por el sentido común con todos los medios legales a nuestro alcance.

Y en eso estamos.

____

Recurso presentado:

Mediante el presente escrito y con amparo en el art. 766 LECrim, vengo a interponer RECURSO DE REFORMA contra el Auto de fecha 6 de julio de 2017, dictando el sobreseimiento provisional de la causa.

MOTIVOS

PRIMERO.- Falta por completo en el Auto impugnado cualquier referencia o valoración relacionada con el art. 441 CP.

“Artículo 441.- La autoridad o funcionario público que, fuera de los casos admitidos en las leyes o reglamentos, realizare, por sí o por persona interpuesta, una actividad profesional o de asesoramiento permanente o accidental, bajo la dependencia o al servicio de entidades privadas o de particulares, en asunto en que deba intervenir o haya intervenido por razón de su cargo, o en los que se tramiten, informen o resuelvan en la oficina o centro directivo en que estuviere destinado o del que dependa, incurrirá en las penas de multa de seis a doce meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de dos a cinco años.”

Véase asimismo la STS-2ª de 4 de noviembre de 2014 (EDJ 2014/206267), FJ 8º, con el desglose de los requisitos jurídico-penales de este delito.

Esto es, y como ya impetramos en nuestro escrito de 30 de marzo de 2017, y el posterior de 18 de abril, el primero al pedir las diligencias señaladas con las letras A), F), H), I) y J), así como la medida cautelar respecto de D. Andrés y D. Eustaquio (Otrosí), el segundo escrito oponiéndonos al sobreseimiento (Alegación Primera), resulta palmario que D. Andrés y D. Eustaquio mantienen actualmente su doble condición de concejales en el Ayuntamiento de Retortillo, al mismo tiempo realizando una actividad profesional al servicio de la empresa Berkeley en asuntos en los que han intervenido o deben intervenir por razón de su cargo, o en asuntos de la empresa que deben resolverse ante el Ayuntamiento.

Esto es, D. Andrés viene trabajando para Berkeley desde mayo de 2014, primero mediante un contrato de puesta a disposición de la empresa Adecco, y ya directamente desde junio de 2015.

Por su parte D. Eustaquio mantiene una relación de servicios permanente con la empresa desde febrero de 2011.

En cuanto a D. Feliciano, hemos solicitado la diligencia señalada con la letra F) en nuestro primer escrito, pues ya contamos con el importante indicio de que trabajó para D. Eustaquio de 2011 a 2014, cuando aquel rendía servicios a la empresa Berkeley.

Todos ellos fueron o han sido concejales, D. Feliciano de 2011 a 2015, los otros dos desde 2011 y siguen actualmente.

Por todo ello y de conformidad con los arts. 24, 1 CE, derecho de tutela judicial efectiva en su faceta de la debida o suficiente motivación de las resoluciones judiciales, en consonancia asimismo con el art. 267, 5 LOPJ, se solicita el complemento del Auto con relación a la indiciaria concurrencia del delito del art. 441 CP en las personas de D. Andrés, D. Eustaquio y/o D. Feliciano, con revocación del mismo para seguir la causa siquiera en este extremo, ordenando la práctica de las diligencias asimismo mencionadas.

Y es que incluso a la luz del principio de intervención mínima y la necesidad o proporcionalidad de la intervención del derecho penal, en el ámbito de la aplicación del mismo (pues el ámbito propio del principio se desenvuelve en la producción legal), es patente que la doble concurrencia del cargo público y del trabajo al servicio de la empresa ataca literal y frontalmente el bien jurídico protegido, esto es, siguiendo con las mismas palabras de la STS señalada, “…el correcto funcionamiento de la función pública, conforme a las exigencias constitucionales ( arts. 9.1 y 103 CE. ), con respeto de los principios de objetividad, imparcialidad, igualdad e incorruptibilidad”, y es que cualquier persona entiende que no es limpio trabajar para la empresa a la que tienes que atender como funcionario o concejal.

SEGUNDO.- Con relación al Sr. Fco. Javier Santamartina, creemos que no es posible describir como puntual la relación de su empresa BIG SAINT FOOD SL (que no está domiciliada en Retortillo sino en Salamanca, Avda. Gran Capitán núm. 8, como se puede comprobar con una rápida consulta en Internet), sin saber cuál sea el peso de las operaciones constadas de manera recurrente en todos estos años para atender los agasajos (jamones, embutidos, etc) que la empresa Berkeley realiza a finales de año a varias personas y entidades relacionadas con su giro o interés comercial.

En este extremo se comprueban 5 operaciones, cada una al final de cada año desde finales de 2011 (coincidiendo además con el tiempo que el Sr. Santamartina era Alcalde, de 2011 a 2015), por suma total de 14.922,33 eur más IVA, y se ha solicitado la diligencia señalada con la letra C) en nuestro escrito de 30 de marzo, precisamente para comprobar la relevancia o ponderación de aquellas operaciones con relación a un posible delito de cohecho.

Y es que incluso aceptando que la empresa puede elegir comprar caro o barato (y el Corte Inglés en Navidad no es precisamente barato), lo cierto es que en la misma zona, sin necesidad de irse a la ciudad de Salamanca, hay multitud de proveedores que podrían haber atendido la oferta de la empresa.

TERCERO.- Con relación a las diferentes contrataciones de los querellados Sres. Andrés, Eustaquio y Feliciano, y de algunos familiares de estos, ya sea directamente por la empresa Berkeley o por sus contratistas, creemos que no es posible justificarlo con el acuerdo de colaboración suscrito entre Berkeley y el Ayuntamiento de Retortillo, o por la pretendida escasez de mano de obra cercana alegada por la empresa, pues si de un lado el acuerdo se refiere a los vecinos de la comarca (en número mucho más amplio que solo los vecinos de Retortillo), de la comprobación de los folios 492 y ss donde la empresa informa sobre las contrataciones realizadas y los cursos de formación, se observa que frente a 25 contrataciones con personas de Retortillo, hay 27 + 66 = 93 personas de Retortillo y otros lugares que acuden a los cursos, como posibles o potenciales candidatos a contratar, y ello sin contar con la publicidad de la empresa que cuenta que ha recibido 20.000 solicitudes de empleo (véase por ejemplo aquí, http://www.elplural.com/2016/03/15/casi-20000-solicitudes-de-empleo-para-la-mina-de-uranio-de-retortillo), por lo que no entendemos que la empresa pueda alegar que tiene necesidad de contratar a los concejales de Retortillo o a sus familiares al no haber otros posibles candidatos, pareciendo además que un acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento pudieran justificar el compromiso de la legalidad penal, aquí los tipos de cohecho o del art. 441 CP.

CUARTO.- Por último señalar, con relación al Sr. Santamartina y la compraventa de la parcela de su madre, que aceptamos el sobreseimiento provisional de la causa en este extremo, sin perjuicio de lo que resulte de la investigación de los hechos relativos a su relación comercial con la empresa.

Por lo expuesto

SUPLICO AL JUZGADO que habiendo por presentado este escrito con sus copias se sirva admitirlo, y en su virtud tener por interpuesto RECURSO DE REFORMA contra el Auto ya circunstanciado, reformándolo y seguir la tramitación de la causa por posibles delitos de cohecho y/o del art. 441 CP, contra D. Fco. Javier, D. Andrés, D. Eustaquio y D. Feliciano, con la práctica de las diligencias señaladas en nuestro escrito de 30 de marzo de 2017 (excepto la señalada con la letra B), así como la adopción de la medida cautelar igualmente impetrada.-

Es de justicia que pido en Salamanca, a doce de julio de dos mil diecisiete.-

(fotografía de archivo)

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