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Secuelas vigentes del franquismo. Exilios y emigración (19): la memoria de los “desterrados” republicanos en el SO de Salamanca (Ciudad Rodrigo, 4º). Por Ángel Iglesias Ovejero

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Secuelas vigentes del franquismo. Exilios y emigración (19): la memoria de los “desterrados” republicanos en el SO de Salamanca (Ciudad Rodrigo, 4º). Por Ángel Iglesias Ovejero
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La memoria de las víctimas de sacas carcelarias en diciembre, así como los efectos en sus allegados, no resultan más visibles hasta la última saca carcelaria, bien comprobada en el mes de diciembre. Quizá esto se deba en parte a la extracción social de los elegidos para el sacrificio y, sin duda, a que los victimarios dejaron en ella algún cabo suelto en sus actuaciones macabras, pero desde nuestra perspectiva, ello se debe, simplemente, a que los depositarios de la memoria familiar han sido más explícitos que en los casos anteriores. Porque, de hecho, el modus operandi represivo seguía siendo el mismo que en el verano y los cadáveres de “desconocidos” aparecían en la cabecera del partido y su comarca, sin que nadie asumiera claramente la identificación de las víctimas, así que éstas han pasado a incrementar el copioso elenco de los “desterrados de la memoria” (“Croniquillas”, 06/11/2017). Incluso las circunstancias claves de la ejecución clandestina (detención, ejecución y enterramiento) no se transmiten bien delimitadas y la misma identidad o el pasado de la víctima sólo se vislumbran a veces al cabo de laboriosas y afortunadas pesquisas en casos como el de Valentín Pinto Tomás.

La viuda de Valentín Pinto, Mercedes Gómez Martín, que en 1979 residía en el Barrio de San Isidro, nº 5, desconocía (o no quiso revelar) los detalles sobre la muerte de su marido, “desaparecido en acción de guerra” el 5 de agosto de 1936, hallado cadáver “al sitio de Torrecilla en Granada”, aunque el redactor del informe policial parece convencido en lo esencial de la veracidad de su testimonio: “(…) de la documentación que presenta se deduce que el mismo falleció durante el período 1936-39 por acción directa del hombre” (Exp. Viudas / Desaparecidos 1936). De hecho, en agosto de 1936 las “acciones de guerra” en Granada consistían en sacas carcelarias y ejecuciones clandestinas de republicanos; la más sonada fue la de Federico García Lorca (sobre cuyos restos su familia es también de las que manifiestan una llamativa discreción). Los detalles incluidos en la base de datos de la ASMJ sobre dicha víctima resultan confusos y hasta contradictorios con respecto a los indicados. Según los informes allí recogidos, Valentín Pinto (sin segundo apellido), domiciliado en Ciudad Rodrigo, viajante, “era gob[¿ernador?] civil de Granada”; su esposa se llamaba Esperanza Sánchez (que en otro expediente se identifica como viuda de Francisco Soto Rico); tenía 7 hijos, “el 7º raquítico”; “y toda la familia está recogida [¿en 1979?] en la Casa de Huérfanos y Desamparados de Salamanca”. Más bien parece que Valentín tenía un pasado de activista sindical, a juzgar por una información en el periódico ABC con fecha del nueve de febrero de 1921, según la cual había sido detenido el día anterior en Zaragoza: “Valentín Pinto Tomás, camarero, procedente de Salamanca. Se le recogieron cuartillas excitando a los obreros a la rebelión”.

Muy poco esclarecida está la memoria de algunos vecinos mirobrigenses sacados de la cárcel del partido judicial el día 25 de noviembre, cuyo destino, según el informe policial de 1979, fue la finca de Campanilla, situada entre la carretera de Martiago y la de Cáceres, en el término de Ciudad Rodrigo (AMCR, Desaparecidos 1936), “Croniquillas”, 25/11/2016). Fueron siete en total, tres de ellos forasteros: Matías Andrés Ballesteros Lorenzo, de Villar de Ciervo (“Secuelas”, 24/08/17), Félix González Alfonso, de Navasfrías (“Secuelas”, 29/06/17), y Bruno Fernández Hernández, de Castillejo de Dos Casas (“Secuelas”, 13/04/17); y cuatro domiciliados en Ciudad Rodrigo, que habían sido entregados por agentes de Seguridad o la Guardia Civil: Demetrio Gutiérrez Roncero, Gabriel Cruz Hernández, Julián Vicente Sánchez Santiago y Elisardo o Lisardo de la Nava González. De estos y de sus familias se han recogido pocos datos. Demetrio Gutiérrez, natural de Montehermoso (Cáceres), llevaba los mismos apellidos que una víctima mortal de Robleda (Eduardo Gutiérrez Roncero); aunque la distancia no impediría el parentesco entre ellos, habría que comprobarlo. Era jornalero y estaba casado; sin constancia del nombre de la esposa y el eventual número de hijos. Gabriel Cruz, natural de Aldehuela de la Bóveda, también era jornalero, sindicado (STT); estaba casado con Trinidad Ortega Repila y era padre de tres hijos menores (Adoración, Gabriel y Juliana), de quienes no se tienen noticias. En 1979 Trinidad Ortega seguía viviendo en el domicilio conyugal (Avenida de España). De Julián V. Sánchez, aparte de su naturaleza y vecindad (Ciudad Rodrigo), se ignora lo demás. Lisardo de la Nava, camarero, estaba casado con Benedicta Moreno Pacheco, dejó cuatro hijos menores (María, Gregoria, Agapito y José), de quienes no se tienen noticias. Lisardo había sido herido por bala en un pie en los sucesos del día 12 de mayo de 1936 en Ciudad Rodrigo, en los que resultó muerto el empleado municipal Celedonio López Moreno “el Barrendero”:
“(…) una bala alcanzó a Lisardo Nava en un pie. También resultó herido Celedonio López a consecuencia de un disparo en el pecho y falleció poco después; parece que era barrendero municipal” (San Sebastián, El Día, jueves, 14/05/36: 3; cf. Iglesias, en Carnaval 2016: 385, y Represión franquista: 233).

A diferencia de la mayoría de las víctimas mirobrigenses hasta ahora reseñadas, las que fueron sacadas de la cárcel el 16 de diciembre de 1936, así como las personas de su grupo de parentesco, han dejado huellas perceptibles en la memoria familiar y colectiva. Pero no puede decirse lo mismo del destino de todos los cadáveres, pues en su mayoría reposan en ignorado paradero hasta el día de hoy. Una prueba suplementaria de la eficacia de los represores en la ocultación de sus crímenes (y de la pereza de la Democracia en identificarlos y castigarlos). En cambio, gracias a la doble información oral y procesal, se comprueba también en este caso que las motivaciones ideológicas eran perfectamente compatibles con mezquinos intereses y venganzas personales. Los testimonios señalan que Antonio Cejudo, capitán de la Guardia Civil, que había sido obligado a un traslado solicitado por los obreristas amotinados el día 13 de mayo, tras el asesinato del citado Celedonio López, y ahora había regresado, aprovechó esta ya casi tardía saca para ajustar las cuentas a algunos simpatizantes del Frente Popular. De hecho, la detención se efectuó por orden del citado capitán el día 15 y el piquete de la ejecución estaba compuesto por guardias civiles desplazados de Alberguería (“Croniquillas”, 16/12/16). Ahora bien, dado el odio exacerbado del capitán Cejudo contra la República, parece evidente que la eliminación de estos vecinos está relacionada con el comprobado republicanismo de algunos y la condición de funcionarios de otros, contra los cuales se proseguía la elaboración de una copiosa legislación militarista. De modo que el rencoroso y fanático capitán podía satisfacer su afán de revancha personal y servir a la causa del régimen antidemocrático, poniendo el punto de mira en los más fieles servidores de la República, tomando como base para ello, no sólo el Decreto 108 de la Junta de Defensa Nacional (16/09/36), sino las entonces recientes disposiciones firmadas por Franco (BOE, 06/12/36 y 10/12/36) y el Decreto de la Junta Técnica del Estado (BOE, 09/12/36).

Las personas excarceladas eran ocho vecinos mirobrigenses que, a excepción del músico Serapio García Alaejos, director de la banda municipal, fueron llevados para su ejecución y enterramiento inicial a un paraje también hasta ahora incierto, que según algún informante sería la dehesa de Ravida, propiedad de la familia Casanueva, o según otros, incluido Antonio López en sus informes policiales de 1979, la “finca de un tal Dionisio” en el “Camino a Finca de Gazapos” (Pedrotoro), que sale de la carretera a la altura de La Caridad. En todo caso era un lugar visible para los transeúntes, pues uno de éstos habría visto sin enterrar los cadáveres y reconocido alguno de ellos por sus efectos personales. Poco después la familia de una de las víctimas, Eduardo Aparicio Fernández, obtuvo permiso verbal para llevarse su cadáver para enterrarlo en Béjar. Esto daría lugar a una información que tuvo un efecto perverso, pues fueron secuestrados y ocultados o quizá destruidos los cadáveres de las otras seis víctimas: Avelino Martín Cascón, Evaristo Pino Castaño, Olegario Niño Caballero, Alfredo Miguel Plaza, Emilio Martín Donoso y José María Sevillano Piñero.

Aunque este grupo de personas haya permanecido en la memoria del ámbito mirobrigense, la imagen de cada una es tributaria, en cierto modo, del respectivo estado civil, profesión, afiliación o afinidad política y parentesco, que probablemente también fueron motivos de su eliminación. Avelino Martín Cascón, de 41 años, soltero y sin descendencia directa, agricultor, no parece que diera otro pretexto para su inclusión en la saca que el hecho mismo de ser hermano del alcalde legítimo Manuel Martín, sacrificado dos meses antes (“Secuelas”, 07/09/2017), inmerso en un exterminio que alcanzó a varios miembros de esta familia (infra). En cambio, Olegario Niño Caballero, natural de Cardenete (Cuenca), también “sin sucesión”, pues no la tuvo en matrimonio con Esperanza Hernández Vallejo (Exp.1979 / Desaparecidos 36), fue probablemente sacado por su condición de veterinario municipal de Ciudad Rodrigo. A ello se añadiría su republicanismo, manifiesto en la celebración del quinto aniversario de la República. El mismo Olegario debió de sentirse en peligro desde el Alzamiento, pues emprendería una efímera fuga, terminada con su detención en Malpartida, prolongada en la prisión de Peñaranda de Bracamonte entre el 29 de julio y el 4 de agosto.

A esta categoría de funcionarios o empleados represaliados pertenecen otros sacados en la misma fecha: Evaristo Pino Castaño y José María Sevillano. Evaristo Pino, de 62 años, natural de El Bodón, fue llamado a declarar por el juez de instrucción de Ciudad Rodrigo el 28 de julio, para que informara sobre la autoría de la requisa de coches, cuyos oficios había redactado él mismo, con otros funcionarios, y fueron firmados por el Alcalde (J.sum.265/36: f. 46). Era viudo en únicas nupcias de María de las Nieves González Manzano, fallecida en 1928. El acta de defunción de Evaristo (RCCR, 25/11/1938) se efectuó “a instancia de D. Ladislao Rodríguez Manzano”, quizá un pariente de la esposa, en ausencia del hijo mayor. Según la misma, Evaristo “dejó dos hijos llamados Efrén y Pía, mayor de edad el primero y menor de edad la segunda”. Estos hijos tuvieron escasa y diversa fortuna, según el expediente de orfandad promovido en 1986 por Pía Ulpiana Pino González, de 71 años, viuda de José Martín ¿Ruiz? y residente en Ciudad Rodrigo (C./ Avenida de Béjar). Su hermano Efrén, maestro, soltero, había fallecido (14/10/1943), de 32 años, en la enfermería del Hospital del Rey (Chamartín de la Rosa, Madrid). Se ignora si los eventuales descendientes de Pía (y por tanto de Evaristo) han tenido más suerte en la vida. Una pregunta análoga podría formularse a propósito de José María Sevillano y su descendencia. José María, de 63 años, natural de Villar de la Yegua y vecino de Ciudad Rodrigo, era un ferroviario jubilado. Lo detuvo la Guardia Civil en su pueblo natal. Estaba casado con María Vicente Antúnez, con quien tenía una hija mayor de edad (Exp.1979 / Desaparecidos 36). Esta última, Ramona Sevillano Vicente, en 1979 residía en Ciudad Rodrigo (Avenida de España, nº 7), donde solicitó una pensión como huérfana mayor de 70 años.
La motivación política, combinada con otros motivos, puede rastrearse en dos de aquellos sacados, dueños de sendas ferreterías, calificados de “industriales” por su profesión: Alfredo Miguel Plaza y Emilio Martín Donoso. Alfredo Miguel, de 49 años, estaba “casado con Dª María Abril Contreras, de cuyo matrimonio quedan cinco hijos, llamados Carmen, Juan, Ángel, Alfredo y Jesús, menores de edad” (RCCR, act. def. 13/04/1938). Su viuda, que, refiriéndose a informantes no mencionados, llegó a acusar al jefe falangista Agustín Calzada de estar presente en la ejecución de su marido (C.2133/37), siguió residiendo en Ciudad Rodrigo, así como sus hijos y nietos, hasta que algunos por la formación o la profesión tuvieran que asentarse en otra parte. Los motivos reales o supuestos que, en concreto, tuviera el capitán Antonio Cejudo para ensañarse con Alfredo Miguel, se expusieron con cierto detalle en una de las “croniquillas” (16/12/2016). Baste recordar que, a través de las acusaciones esperpénticas formuladas sobre todo por Florencio García Corral, brigada de la Guardia Civil, se perfila la imagen de un republicano convencido, socialista desde antes del advenimiento de la República, solidario con la clase obrera y sus aspiraciones. El perfil político de Emilio Martín no parece tan marcado. En el momento de su ejecución tenía 39 años y estaba “casado con María [de los Remedios] Conde Amador, vecina de Ciudad Rodrigo, de cuyo matrimonio quedan cinco hijos llamados Manuel, de 16 años, Pedro, de 7 años, Santiago, de 6 años, María, de 4 años y José, de 2 años” (RCCR, act. def. del 11/12/1936). Todos estos huérfanos menores se criarían con la madre, que residía en la Ciudad (Avenida de España, nº 6) cuando solicitó una pensión de viuda. Está por comprobar el dato de que hacia 1979 tuviera por yerno al jefe de la Policía Municipal, Antonio López Ramos, lo cual, de ser cierto, accesoriamente explicaría el celo de este agente por la tramitación de los expedientes de viudas y huérfanos, aunque, obviamente, dejara por elucidar todo aquello que resultaba casi imposible en aquellas ejecuciones clandestinas tan bien montadas. Dos hermanos de esta víctima (Santiago y ¿Atilano?) habrían tenido que exiliarse (CR 2016).

El injusto castigo impuesto al alcalde republicano Manuel Martín repercutió en su familia, en la cual, además de él mismo y su hermano Avelino (supra), también sucumbió en la matanza el ya mencionado Eduardo Aparicio Fernández, marido de su prima hermana Isabel Cascón Briega. Eduardo, de 39 años, natural de Béjar, era director del Banco del Oeste y tenía con su esposa dos hijos menores (Isabel y Juan José). Sus familiares consiguieron recuperar sus restos mortales y enterrarlos en Béjar (supra). Pero el calvario de la familia no se terminó con estas muertes, en primer lugar porque hubo otros sacrificados en ella: Manuel Cascón Briega, coronel de Aviación y último jefe de las fuerzas aéreas de la República, fue fusilado en Paterna (Valencia) el 3 de agosto de 1939, a consecuencia de un consejo de guerra (breve semblanza en “Cántaro de palabras” de Juan Tomás Muñoz Garzón, http://rodericense.blogspot.com.es/); Pedro Cascón Briega, teniente coronel de Intendencia del Ejército del Aire, salvó su vida exiliándose por la frontera francesa y estuvo ingresado en el campo de concentración de Saint-Cyprien, en el departamento de Pirineos Orientales (testimonios de J. J. Aparicio). En segundo lugar, porque los mismos sobrevivientes soportaron otras formas de castigo: informaciones y sanciones económicas, impuestas a las mismas víctimas mortales, las cuales recaían en las viudas y descendientes. A pesar de todo, estas familias han podido y sabido cultivar el recuerdo de sus muertos, sin tener que dejar el ámbito salmantino (Ciudad Rodrigo, Béjar y Salamanca), a no ser por razones profesionales (Madrid).

Así pues, en Ciudad Rodrigo, como en otras localidades aledañas, se comprueba la elección de determinadas familias para el castigo en todas sus formas, incluida la eliminación física, que daría lugar a exterminios parciales (Iglesias 2016: VIII.6). Este sacrificio era exigido por los represores, con el doble objetivo de la erradicación del republicanismo y la impunidad de los represores.

Evaristo Pino Castaño
Evaristo Pino Castaño

(Foto: MEMORIA HISTÓRICA DE CIUDAD RODRIGO, COMARCA Y DIÓCESIS.

https://facebook.com/groups/895764453834927)

 

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sus escrofa
October 17, 2017 sus escrofa

Ojala fueras media sombra. [...]

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Escoly Criado
October 17, 2017 Escoly Criado

Comparto vuestra solicitud a la Junta de Castilla León y tenemos que"" estar muy alertas [...]

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sus escrofa
October 16, 2017 sus escrofa

Pero no podeis seguir tan sectarios . Estos titulares podemitas asustan a la gente y a [...]

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sus escrofa
October 15, 2017 sus escrofa

Es de agradecer que recapituleis y reconozcais el esfuerzo y el trabajo de gente que [...]

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