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EL ROBO DEL AYUNTAMIENTO A LOS GANADEROS MIROBRIGENSES. Por Lucía Risueño

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EL ROBO DEL AYUNTAMIENTO A LOS GANADEROS MIROBRIGENSES. Por Lucía Risueño

Estimados lectores, en estos días en los que se está hablando tanto en los medios de la aberración que supone que quienes ostentan cargos en las Administraciones Públicas, no respeten la legalidad vigente, no dejo de pensar en lo necesario de la aplicación del artículo 155 a nuestra localidad, si así lo permitiese nuestra Constitución, pues no hay trámite de nuestro Consistorio que conozca, que se atenga a lo establecido en la normativa legal.

Hace ya bastantes años que supe del primero de ellos, hacia finales de la década pasada, se trata de la “licencia ambiental”, un trámite diseñado para el cumplimiento de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de prevención ambiental de Castilla y León, con el fin de prevenir y controlar la contaminación, para proteger el medio ambiente, estableciendo sistemas de intervención administrativa, y que afectaba, entre otras actividades, a los ganaderos de la zona.

Para efectuar este control, el Ayuntamiento de aquel momento, diseñó un trámite basado en la Ley 5/2005, de 24 de mayo, de establecimiento de un régimen excepcional y transitorio para las explotaciones ganaderas de Castilla y León, sin darse cuenta de que esta, en el apartado 2 de su artículo 3, que establece el ámbito de aplicación de la misma, decía que no se le podría aplicar a los municipios con población igual o superior a 2.500 habitantes, como era el caso de Ciudad Rodrigo. Por tanto nuestra localidad no podía hacer uso de esta Ley, a priori.

Dicho texto, dejaba una puerta abierta a la posibilidad de que se aplicara en municipios de mayor tamaño, si bien, establecía una condición: que mediante Acuerdo del Pleno se expresara las razones de dicha conveniencia, justificándola por las características y necesidades del término municipal o de las partes afectadas. Añade esta Ley finalmente, que “[…] en tanto no se adopte el citado acuerdo, el régimen contemplado en esta ley no será aplicable”, por tanto, era preciso empezar por esa justificación, antes que nada.

El Ayuntamiento realizó un Pleno para tratar este tema, sí, en concreto, el 17 de abril de 2007. Sin embargo, en él (como pueden ver en la imagen adjunta), sólo se establecen las zonas en las que se aplicará este régimen transitorio, sin justificarse su aplicación en modo alguno, por tanto, vulnera lo establecido en su artículo 3, convirtiendo el trámite en nulo de pleno derecho.
Este fue recurrido ante el Consistorio por un ganadero en 2009, cuando, tras efectuar los trámites pertinentes fue consciente del error que entrañaba. Esto debió derivar en la anulación del trámite para este ciudadano, y de oficio, para todos aquellos ya tramitados con anterioridad por otros ganaderos, devolviendo a todos ellos las cuantías económicas cobradas, y rehaciéndolo convenientemente, si querían. ¿Creen ustedes que así se hizo? Lamento comunicarles que no, que el Ayuntamiento hizo caso omiso al recurso, no quiso asumir su error, y siguió adelante “haciendo caja” con este y con el resto de ganaderos, a pesar se les había advertido que el trámite no se ajustaba a la Ley en la que se basaba.

Pleno Ayuntamiento punto sexto de 20170801

Es más, fue tal la prepotencia que mostraron, que en la respuesta al recurso añadieron lo establecido en ese artículo de la Ley, eso sí, sólo subrayaron las palabras que le interesaban, pero no aquellas que les requería de acuerdo plenario para justificar su aplicación, resultando un tanto insultante a la inteligencia del que recurre. ¿Acaso creían los responsables del Consistorio que este sólo iba a leer lo que estos le subrayaban? ¿Por tan tonto le tomaba?

Toco pagar a este el trámite con absoluta disconformidad, pues de otro modo, el camino a seguir era un recurso ante los Juzgados del Constencioso-Administrativo, que por la cuantía económica, no compensaba. Eso sí, debió el Ayuntamiento tramitar un procedimiento de apremio sobre el patrimonio sobre el ganadero para quitarle la cuantía de su cuenta bancaria, pues este se negó a entregarla debido a la indignación sentida por la manipulación y el abuso de poder que el Ayuntamiento realizaba sobre el sector al que requería cuantiosos pagos por un trámite, al margen de la legalidad vigente.

Pero esto no es todo. He podido saber que muy recientemente, otro de los ganaderos de la zona, se ha visto abusado por el Ayuntamiento, al interponerle una multa por no disponer de dicha licencia ambiental. Este, tramitó por aquellos tiempos de la década pasada esta solicitud, sin embargo, no le fue concedida por estar exento, ya que se encontraba en ese espacio establecido arbitrariamente por el Ayuntamiento de 1.000 metros de radio desde el casco urbano en el que decidieron que no ser cursara este trámite. Por tanto, no se le concedió, no porque no la solicitara en tiempo y forma, o porque su explotación no contara con lo necesario para resultar adecuada, sino, simplemente, por estar exenta debido a su ubicación geográfica.

Pues bien, a pesar de haber alegado esto ante la demanda cursada contra él, a este humilde ganadero el Ayuntamiento le ha impuesto una multa de unos 600€ por no disponer de un trámite que no se le pudo cursar por estar exento. De nuevo, los recursos judiciales ante el Contencioso-Administrativo, suponen un coste inicial en profesionales de la abogacía que fuerzan la decisión al pago del “impuesto revolucionario” en el que han convertido este trámite nuestra Administración Local.
En definitiva, es obvio apreciar cómo el Ayuntamiento ha encontrado una suculenta fuente de ingresos entre los ganaderos del municipio, a los cuales se les requiere el abono de cuantías en base a trámites que se sitúan al margen de las leyes en las que se basan. Cuando ustedes, como ciudadanos, por algo se pregunten de dónde sacará el Consistorio los recursos económicos para hacer tantas actividades lúdicas en nuestra ciudad, y así fomentar el turismo de la zona, por ejemplo, recuerden, por favor, que hay ganaderos que soportan esos gastos de manera injusta e ilegal, gracias a la inacción o mala praxis de aquellos funcionarios que trabajan (o deberían trabajar) diariamente para preservar la legalidad en los actos de los políticos, pero que deben estar a otras cosas, porque el resultado es que esta labor no se está haciendo convenientemente. Desconozco si pueda ser por falta de voluntad o de capacidad, pero el resultado es la arbitrariedad de hacer según les plazca, como puede demostrarse.

Ante todos estos hechos, a la conclusión a la que llego, como ciudadana de este municipio, que en tantos errores administrativos está cayendo últimamente, es que creo básico y fundamental dotar de nuestro Ayuntamiento de profesionales que mediante las correspondientes oposiciones puedan demostrar su valía, a la vez, que el blindaje de su contrato como funcionario público, le proteja ante la denuncia de las malas prácticas políticas. Al fin y al cabo, esto es lo que habitual en el resto de Administraciones, y la garantía de que el sistema democrático de Derecho, funciona.

Mientras, si lo que aquí tenemos es una Secretaría “accidental” permanente, desde luego, sólo podemos esperar “siniestros” como este, o tantos otros que se darán a diario y que no sabremos. Mal camino es este, para la Sociedad avanzada como la que deberíamos tener.

 

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