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La Junta ejercerá el control de la legalidad sobre la publicación de nuevas ordenanzas municipales apícolas

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La Junta ejercerá el control de la legalidad sobre la publicación de nuevas ordenanzas municipales apícolas
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COMUNICACIÓN ASAJA SALAMANCA


  • La Asociación de Apicultores y ASAJA Salamanca se ha reunido esta misma mañana con la Viceconsejería de Ordenación de Territorio y Relaciones Institucionales en Valladolid

Esta misma mañana del 23 de enero, se han reunido en Valladolid representantes de ASAJA Salamanca y la Asociación Salmantina de Apicultores con miembros de la Consejería de Presidencia de Castilla y León para tratar la problemática de algunas ordenanzas municipales que intentan regular la actividad apícola.

Tras la sesión concretamente con la Viceconsejería de Ordenación de Territorio y Relaciones Institucionales, se ha acordado que será la propia Junta de Castilla y León la que ejerza el control sobre la legalidad de las normativas municipales. Así dará indicaciones a sus Servicios Territoriales para que informen a los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma al respecto de la no competencia de éstos, sobre la ordenación apícola, puesto que se regula en base al Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre. Así, la Junta vigilará aquellas ordenanzas que intenten contradecir la ley y sobre las que los ayuntamientos no tienen ninguna competencia municipal.

Esta situación supone un avance más para ASAJA Salamanca y la Asociación Salmantina de Apicultores, que recurrieron ordenanzas municipales de la provincia de Zamora con el fallo a favor por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, cuando decretó que “no existe ningún título competencial sectorial que permita o justifique una ordenanza municipal apícola que regule tanto los asentamientos de las colmenas como la imposición de tasas injustificadas”.

ASAJA Salamanca y la Asociación Salmantina de Apicultores seguirán haciendo extensiva esta sentencia del TSJ a todos los municipios de la Comunidad. Y difundirá la misma al resto de las administraciones con competencias para que ayuntamientos, Delegaciones del Gobierno y Diputaciones asuman que existe una sentencia firme que advierte de la infracción del principio competencial y del principio de jerarquía normativa.

 

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