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El PSOE de Salamanca lleva al Parlamento iniciativas exigiendo mejorar las condiciones de trabajo y cubrir todas las plazas vacantes en la plantilla de la prisión de Topas

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El PSOE de Salamanca lleva al Parlamento iniciativas exigiendo mejorar las condiciones de trabajo y cubrir todas las plazas vacantes en la plantilla de la prisión de Topas
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COMUNICACIÓN PSOE SALAMANCA


  • Privatizaciones de servicios, escasez de plantilla por no cubrir las vacantes, falta de mejora y equiparación salarial entre funcionarios y personal laboral son algunas de las consecuencias que han traído las políticas del PP y del Gobierno de Rajoy en materia de Instituciones Penitenciarias.

Los Parlamentarios del PSOE por Salamanca, el diputado David Serrada y la senadora Rosa López, han mantenido hoy un encuentro con miembros provinciales de los sindicatos representantes del personal que trabaja en Instituciones Penitenciarias para presentar las iniciativas que los socialistas van a presentar en el Parlamento exigiendo, entre otras cuestiones, un aumento de plantilla mediante la convocatoria de las plazas vacantes que existen, aumentos salariales y equiparación para funcionarios y personal laboral, y sustanciales mejoras en las condiciones en la tienen que desempeñar su trabajo especialmente en materia de protección, sanidad y seguridad.

Los Parlamentarios socialistas salmantinos se han comprometido a continuar trabajando codo con codo con los sindicatos para mejorar la situación de abandono a la que el Gobierno ha abocado a Instituciones Penitenciarias. De esta forma los socialistas han comunicado que se presentarán iniciativas que obliguen al gobierno a convocar y aportar transparencia en los procesos selectivos y acabar de esta manera con la escasez de plantilla. En Topas hay un total de 118 plazas vacantes de un total de 436 puestos.

El PSOE recuerda que la gestión de recursos humanos en la actualidad se está ejerciendo por parte del Ministerio del Interior con criterios arbitrarios, con decisiones por parte del Secretario General que bordean la legalidad y por las que en la actualidad se encuentra, junto con el Subsecretario del Ministerio, citado como investigado en un proceso judicial relacionado con un concurso de traslados en el que se produjeron adjudicaciones de plazas de manera irregular tal y como ya ha sido denunciado por los sindicatos

En este sentido, la falta de plantilla no solo en Topas, sino en las prisiones de todo el país, impide la apertura de nuevos centros penitenciarios y módulos que en la actualidad se encuentran cerrados a pesar de estar ya finalizadas sus obras. Miles de millones de euros invertidos que no sirven para su cometido, cerrar centros penitenciarios que están masificados y que no ofrecen condiciones dignas tanto para los internos como para los trabajadores.

A esto hay que añadirle, ha apuntado el diputado salmantino y portavoz socialista en la Comisión de Interior del Congreso David Serrada, las privatizaciones de algunos servicios como la lavandería, el mantenimiento y la vigilancia o la seguridad perimetral de los centros penitenciarios.

En definitiva, la institución penitenciaria se encuentra en una situación límite y sobre la que el Grupo Socialista, ha manifestado Serrada, ha venido presentando iniciativas en Congreso y Senado con el fin de denunciarlo y de aportar soluciones. Se han presentando más de un centenar de preguntas, varias PNL en la Comisión de Interior con las que se ha logrado la implicación del gobierno en la resolución de la problemática del colectivo como la creación de un protocolo específico contra las agresiones a los funcionarios de prisiones.

En este mismo sentido, los parlamentarios socialistas trasladarán tanto al Congreso como al Senado las demandas de los sindicatos centrada en obtener una mejora salarial que tiene que ver con la equiparación interna entre funcionarios que realizan el mismo trabajo pero que cobran distinto en función de un baremo establecido en un contexto social muy distinto al actual cuyo objetivo era el de aportar una compensación económica para los funcionarios que prestaban servicio en determinados territorios de nuestro país, (País Vasco y Navarra), compensación económica de la que disfrutan otros colectivos tales como, entre otros, Policía Nacional y Guardia civil y en determinadas prisiones catalogadas como de de alta seguridad, concepto que ya no se corresponde con la situación actual.

 

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