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IU explica su posición en contra de la modificación del PGOU sobre el uso funerario sanitario para legalizar el crematorio objeto de sentencia

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IU explica su posición en contra de la modificación del PGOU sobre el uso funerario sanitario para legalizar el crematorio objeto de sentencia
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Esta mañana los concejales de IU-En Común, Domingo Benito y Alejandra Méndez, han explicado su posición en contra de la modificación del PGOU sobre el uso funerario sanitario para legalizar el crematorio objeto de sentencia;, una posición previsible, y en en la Comisión de Obras fue dictaminado favorablemente la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Ciudad Rodrigo con los votos a favor de Ciudadanos y PSOE, en contra IU y abstención de Populares, resultado que se debatirá en el próximo Pleno, previsiblemente el próximo 20 de agosto de 2018.

Benito ha explicado que la postura de IU es clara sobre este asunto. Desde la concejalía de Urbanismo se presenta un documento de modificación de las ordenanzas y evaluación ambiental para resolver las cuestiones que plantea la sentencia judicial.
Así se pretende  corregir el vacío sobre el uso funerario mortuorio. Se determinar “uso exclusivo en parcelas”, a lo que estarían a favor en IU, con la propuesta de los tres niveles: velatorio, tanatorio, crematorio.

Las discrepancias vienen cuando el uso crematorio está en zonas residenciales. Recuerda Benito que en la anterior legislatura, el Marcelino Cordero valoró la modificación del PGOR para modificar la ordenanza a esos efectos.

Para Benito hay una clara intencionalidad de regular, pensada en la legalización de una instalación que ahora no tiene licencia urbanística ni ambiental, y “es sortear una sentencia”.

La sentencia judicial es resultado de la acción vecinal, IU, empresrios y ecologistas por la ubicación del crematorio, y la Junta hace la observación de no ser el lugar adecuado:
“Pero por sí misma, debido a su alta densidad, representa un medio en el que no deben introducirse usos que planteen ciertos problemas ambientales, como las emisiones de gases y los residuos.
Por tanto, en una zona densamente poblada pueden situarse velatorios y tanatorios, pero no crematorios”

El documento presentado para el cambio de uso afecta a todo el municipio, lo que para IU es un problema por los efectos ambientales para la población. Se podrán instalar en todo el municipio menos en el centro histórico por la anta concentración vecinal, lo que lleva a IU a preguntarse por qué en un lugar no y en el resto sí.
Entienden que esta actividad (crematorio) debería estar en los polígonos o zonas alejadas de la población.

Apoya todo esto que el PP en abril ya manifestaron que aprobarlo en todas las zonas del municipio podría crear alarma social.

Dentro de las competencias municipales está la de policía mortuoria y eso le permite restringir un servicio permitido.

También explica que en el tema de las indemnizaciones sería un paso posterior y duda de que el Ayuntamiento tenga que pagar, pero este cambio de la normativa facilita legalizar lo ilegal, pues habría que hacer una redacción patrimonio y debería verlo organismos superiores, que en otros casos (Carnaval) el Ayuntamiento no tuvo responsabilidad patrimonio. El dinero no es lo más importante, ni demoler el edificio, sino que el crematorio no esté cerca de las viviendas.

Entiende Benito que con la sentencia “lo justo es cumplirla”. Espera que los partidos rectifiquen a la hora de la votación.

___

VOTO PARTICULAR

El presente voto particular pretende plantear una propuesta de modificación al dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, Obras e Instalaciones. Dicha propuesta asume como necesaria la filosofía general de la Modificación del Plan propuesta, derivada de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, conocida y ya comentada en numerosas ocasiones. En este sentido, este voto particular no entra al debate sobre la necesidad de regular el uso funerario ni de las aclaraciones al respecto del uso exclusivo, por su conocida obviedad y oportunidad.
No obstante, el grupo municipal del que soy portavoz y, considero, una parte importante de la ciudadanía, no comprende un aspecto que, aunque puntual, se erige como esencial a la hora de regular el ámbito funerario y es la concreta referencia a los establecimientos de crematorio.
En este sentido, la primera consideración que cabría hacer es que, si bien la modificación se presenta con un ámbito general y generalizable, tanto en su concepción (sentencia del Tribunal Supremo y desestimación de los recursos de casación) como en sus más inmediatas consecuencias, se trata con toda claridad de una regulación ad hoc en lo que concierne a la actividad de crematorio, concretamente buscando la regulación y legalización de un establecimiento con la particularidad de no disponer de licencia urbanística ni ambiental por derivación de la citada sentencia judicial.

No puede obviarse tampoco que esa situación (la sentencia judicial) ha sido motivada por la existencia de una oposición vecinal, política (de la que este grupo municipal fue parte actora), ecologista y empresarial a la instalación de este crematorio en un entorno residencial.
Una opinión respaldada también por la Junta de Castilla y León en su informe sobre la instalación del controvertido crematorio, toda vez que se indicaba la falta de adecuación del lugar elegido.
Así mismo, el propio documento que se somete a debate y votación recoge en su página 21, a la hora de establecer los “efectos ambientales previsibles por unidades ambientales” y delimitar las mismas (cuyo plano a la hora de proceder al dictamen no ha sido aportado), un comentario al respecto en la UA2, que a continuación reproduzco literalmente:
“Pero por sí misma, debido a su alta densidad, representa un medio en el que no deben introducirse usos que planteen ciertos problemas ambientales, como las emisiones de gases y los residuos.
Por tanto, en una zona densamente poblada pueden situarse velatorios y tanatorios, pero no crematorios”
El documento, de esta manera, reconoce la existencia de determinados “problemas ambientales” que identifica con “emisiones de gases” y “residuos”, y llega a la conclusión de que en las zonas altamente pobladas no deberían introducirse los crematorios. Es razonable que nos preguntemos, entonces, por qué en las zonas densamente pobladas y no en las que tienen una densidad de población inferior; si es que existen ciudadanos y ciudadanas que, por vivir en barrios con menos densidad, deben estar condenados a sufrir dichos inconvenientes. O, de otra manera, si una vez que se reconocen dichos impactos, no se interviene con un principio de prudencia extensivo a cualquier zona residencial.
La propuesta de modificación del dictamen que se presenta busca precisamente trasladar al Plan General de Ordenación Urbana esta inquietud, al considerar que es razonable, en un término municipal de las características concretas del de Ciudad Rodrigo, que la actividad de crematorio, por las molestias que puede generar a los vecinos y vecinas en forma de gases y los residuos que se emiten, esté ubicada en terrenos de carácter industrial o, en su caso, en cualquier otro que no tenga un carácter residencial.
Hay que añadir, además, como ya indicó en su día el portavoz del Grupo Popular en este Ayuntamiento, Marcos Iglesias, durante la celebración de la Comisión Informativa del día 2 de abril de 2018, la potencial alarma social que esta modificación puede generar. Y esto es así porque la modificación, aun teniendo esa clara voluntad de afectar a un único establecimiento en cuanto a la solución de su situación urbanística facilitando que el Ayuntamiento pueda volver a otorgar las licencias anuladas por la vía judicial, permitirá que se ubique una actividad de este tipo en cualquier otro emplazamiento del municipio, o incluso que alguno de los actuales tanatorios la incorporen, cuando cumplan la normativa. Esta situación, reitero, en un término municipal como el nuestro, no es razonable.

Como se reconoce el propio informe elaborado por el equipo redactor, el Decreto 16/2005 de 10 de febrero, por el que se regula la policía sanitaria mortuoria en la Comunidad de Castilla y León dota a los Ayuntamientos de la competencia para la “regulación de los servicios funerarios en su municipio”, algo perfectamente lógico y coherente en el caso de Ciudad Rodrigo que, además, tiene Plan General de Ordenación Urbana, cuya modificación precisamente se está debatiendo en el presente expediente.
La existencia de Plan General de Ordenación Urbana en Ciudad Rodrigo tiene consecuencias prácticas, administrativas y políticas, entre las que no podemos dejar de lado el hecho de, siendo un municipio inferior a 20.000 habitantes, implica una decisión clara y manifiesta de tener capacidad de gestión urbanística y planeamiento en el más amplio sentido del término, asumiendo una serie de responsabilidades, pero también de potencialidades en cuanto a la autonomía municipal, el autogobierno y la capacidad decisoria.
Es por ello que el Ayuntamiento, en el uso de sus facultades y potestades, está perfectamente capacitado y legitimado para trasladar o adecuar la realidad concreta de su municipio, en base al principio de autonomía, la adecuación a la ley y la libre elección de los representantes públicos democráticamente elegidos.
Por todo ello, propongo la modificación del dictamen de la Comisión Informativa en los siguientes términos:
1. Modificación del apartado 3 (Normativa urbanística), artículo 74.bis “regulación del uso sanitario – mortuorio”, en su subapartado c) “crematorios”, c1, al objeto de sustituir “terrenos de cualquier clase y categoría de suelo, en este caso en suelo urbano consolidado”, por “terrenos de cualquier clase y categoría, salvo con clasificación de uso global residencial”.
2. Incorporar en las ordenanzas 2,3,4 y 5 la actividad de “crematorio” como “prohibida”.
3. Establecer en la ordenanza 9 como requisito para el uso permitido la existencia de una distancia de 200m con cualquier terreno de uso predominante residencial.
4. Incorporar en el resto de aspectos del planeamiento, en todos los terrenos cuyo uso predominante y/o global sea el residencial la actividad de crematorio como “prohibida”.

 

 

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