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El Consejo Consultivo declara nulas las licencias de tanatorio-crematorio-velatorio de 2006 y dos de 2011

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El Consejo Consultivo declara nulas las licencias de tanatorio-crematorio-velatorio de 2006 y dos de 2011
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El Consejo Consultivo de Castilla y León publica el dictamen planteado por el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo en sus Conclusiones dice: “Procede declarar la nulidad de pleno derecho de las resoluciones de autorización de licencias urbanística y medioambiental para tanatorio-crematorio-velatorio de 14 de septiembre de 2006, 8 de julio de 2011 y 12 de diciembre de 2011, concedidas a la empresa qqq2, S.L. por el Ayuntamiento de xxxx1.”

El dictamen recoge un apartado de Antecedentes de hecho en los que se refieren los datos aportados. Consideraciones jurídicas en las que argumentan la Ley de Procedimiento Administrativo, de Régimen Local, manifestaciones del Consejo de Estado («5ª.- Para la solución de la cuestión planteada conviene recordar que, tal como ha manifestado el Consejo de Estado, la revisión de oficio de los actos administrativos constituye un supuesto excepcional en virtud del cual la Administración, conforme a una privilegiada facultad de autotutela, puede, por iniciativa propia o a solicitud del interesado, anular o declarar la nulidad de sus propios actos sin necesidad de acudir al proceso jurisdiccional contencioso-administrativo. “Se trata de un auténtico procedimiento administrativo especial de naturaleza autónoma” (Dictamen del Consejo de Estado nº 4.313/1998).»).

Explica el dictamen en estas consideraciones “… En el caso examinado, el informe jurídico complementario de 5 de septiembre de 2018, emitido a instancia de este Consejo, pone de manifiesto claramente que las licencias sometidas a revisión no se acomodan a los usos permitidos por el PGOU, de modo que es apreciable en ellas el concurso de las causas de nulidad del artículo 62.1 de la Ley 30/1992, tanto de su letra e), en cuanto su adopción exigía la previa modificación del PGOU que no se efectuó, como de la letra f), al haberse adquirido a través de las licencias otorgadas facultades o derechos sin reunirse los condiciones esenciales para ello. Señala el informe que “(…) al no estar previsto en el PGOU de xxxx1, específicamente, el
uso funerario o mortuorio, las licencias sometidas a revisión otorgadas mediante Resolución de Alcaldía no 579/2006 de 14 de septiembre; Resolución de Alcaldía no 362/2011 de 8 de julio y Resolución de Alcaldía no 618/2011 de 12 de diciembre, no se acomodan a los usos permitidos por éste; y no debieron asimilarse tales usos (tanatorio, crematorio, velatorio) al uso sanitario, que sí aparece recogido en el PGOU de xxxx1. Ante la falta de una normativa que regulase específicamente estas instalaciones `tanatorios-crematorios-velatorios ́ debió procederse a la modificación puntual del PGOU de xxxx1, al no prever ni, en consecuencia, incluir el mismo determinación generalizada de los usos urbanísticos tanatorio-crematorio-velatorio, y ello a pesar de que la liberalización de los servicios funerarios se llevó a efecto por Real Decreto-ley 7/1996, de 7 de junio.

»Considero que la modificación del PGOU de xxxx1 para regular tales usos, en primer lugar, sin duda, hubiera encontrado su justificación en la implantación de tales servicios y su imprevisión en el mismo. Y en segundo lugar, porque tales servicios requieren una regulación precisa tanto en orden a su ubicación, como a sus condiciones en el marco de la normativa urbanística del Plan General para compatibilizar las distintas clasificaciones y calificaciones del suelo, ya que, la instalación de estos establecimientos funerarios además de cumplir la legislación general sobre los mismos (Decreto 2263/74 Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria), así como la legislación autonómica (Decreto 16/2005, de 10 de febrero, de Policía Mortuoria de Castilla y León), deben ser compatibles con la ordenación urbanística, y es el Plan General de Ordenación Urbana el instrumento para regular su ubicación…”

“…El artículo 62.1.e) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, contempla un supuesto de infracción procedimental que provoca nulidad de pleno derecho. Hay que tener en cuenta que la infracción de normas procedimentales puede constituir una irregularidad no invalidante (artículo 63.2 Ley 30/1992 contrario sensu), una causa de anulabilidad (artículo 63.2 Ley 30/1992) o una causa de nulidad de pleno derecho (artículo 62.1 e) Ley 30/1992). Depende de si el defecto procedimental no hace que el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin ni da lugar a indefensión de los interesados, en cuyo caso es una irregularidad no invalidante, de que sí provoque tales consecuencias, en cuyo caso el acto será anulable, o de que suponga prescindir “total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido”, caso en el que
el acto será nulo de pleno derecho…”

“…En este caso, como reconocen los informes incorporados al procedimiento y la propuesta de resolución formulada el 16 de octubre de 2018, la modificación del PGOU no se realizó con anterioridad a la adopción de las resoluciones sometidas a revisión, puesto que en la actualidad se encuentra en tramitación, de modo que el planeamiento no proporcionaba cobertura jurídica a las autorizaciones que se revisan, que se otorgaron prescindiendo del procedimiento previo necesario de modificación del planeamiento. De acuerdo con ello debe concluirse que dicha actuación incurre en la causa de nulidad de pleno derecho del artículo 62.1.e) de la Ley 30/1992…”

Este dictamen confirma las resoluciones del alcalde anulando de oficio las licencias a dos empresas de velatorio-tanatorio-crematorio.

(fotografía de archivo)

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