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El peregrinaje del Monasterio de la Caridad se prevé largo y la Junta de Castilla y León tendrá que hacerse cargo según la legislación

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El peregrinaje del Monasterio de la Caridad se prevé largo y la Junta de Castilla y León tendrá que hacerse cargo según la legislación
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Era el 7 de junio de 2016 cuando sale a la luz la vinculación de Jaime Bagur, el Ciudad Rodrigo, CF, y el Monasterio de la Caridad, que se conocía como el nuevo propietario del cenobio premostratense.

En febrero de 2017 la Comisión Territorial de Patrimonio de la Junta de Castilla y León en Salamanca aprobó dos actuaciones, una de limpieza vegetal y el control arqueológico de la limpieza y retirada de restos.

En abril del mismo año técnicos de Patrimonio de la Junta de Castilla y León, técnicos municipales, arqueólogos y director de construcción de la empresa hicieron una inspección en el Monasterio para ver in situ y valorar las acciones futuras, todas muy calculadas, pues ha sido un proyecto que la administración ha dedicado mucho tiempo y personal.

Las obras comienzan, se van haciendo las obras sin que se vea la actividad frenética de una obra para que el resultado se vea en unos plazos razonables. Al contrario, se ve parada la obra, los responsables no aparecen y salen a relucir en la operación policial de las clínicas dentales “I Dental” entre los detenidos.

A partir de este momento la preocupación de las administraciones supera las alarmas y comienzan las visitas. En septiembre de 2018 responsables de Patrimonio de la Junta de Castilla y León en Salamanca visitan el Monasterio para ver la situación, donde puede verse que las obras están paralizadas desde hace tiempo. La situación es delicada puesto que las lluvias del fin del invierno y primavera han dejado su huella en los muros descubiertos y sin protección sobre este Bien de Interés Cultural.

A finales de diciembre pasado Patrimonio recoge documentación que había en la capilla, que tendrán que restaurar. Reaparece la familia propietaria anterior, Uhagón Foxá, enviando una carta al servicio de Cultura en la que expresa que se ha incumplido lo acordado y la familia pide que esa documentación se deposite en el Archivo Histórico Provincial, con el expurgo correspondiente, para que dicha documentación pueda consultarse.

Los informes que dispone el Ayuntamiento han sido enviados al Servicio Territorial de Patrimonio de la Junta de Castilla y León en Salamanca.

Durante este tiempo la entidad bancaria Bankia ha llevado a los tribunales a la empresa propietaria. El constructor, empresa mirobrigense, acumula un deuda que se incrementa diariamente.

El Monasterio no tiene vigilancia y según fuentes municipales ha habido sustracción de algunas piedras.

La situación complicará la celebración de la fiesta de San Blas al no saber quién es la persona a la que dirigirse para solicitar permiso para su celebración.

Monasterio de la Caridad - septiembre de 2018 - 4 Monasterio de la Caridad - septiembre de 2018 - 13

CiudadRodrigo.net ha consultado al respecto de la situación de este BIC, y posiblemente la Junta de Castilla y León tendrán que actuar siguiendo el Decreto 37/2007, de 19 abril 2007. Aprueba el Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León – BO. Castilla y León 25 abril 2007, núm. 79/2007, artículo 67 y siguientes:

TÍTULO III
Conservación y protección de los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla y León
CAPÍTULO I
Deberes y Obligaciones
Artículo 67. Deber de conservación
1. Los propietarios, poseedores y demás titulares de derechos reales sobre los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla y León, tendrán el deber de conservar, custodiar y proteger debidamente estos bienes para asegurar su integridad y evitar su pérdida, destrucción o deterioro. Para ello deberán velar especialmente por la conservación del conjunto de valores culturales, artísticos e históricos que en su momento justificaron su condición de bienes protegidos, para garantizar su transmisión a las generaciones futuras.

Artículo 68. Incumplimiento del deber de conservación
1. Si se tuviera conocimiento de un posible incumplimiento del deber contemplado en el artículo anterior, y sin perjuicio de cualquier otra actuación prevista en la Ley 12/2002, de 11 de julio, la Dirección General competente en materia de Patrimonio y Bienes Culturales recabará cuantos informes estime necesarios y en todo caso un informe técnico del Servicio Territorial de Cultura, en el que deberá constar el estado actual del inmueble, las actuaciones necesarias para su conservación, su plazo de ejecución, y la estimación económica de las mismas.
En el supuesto de bienes inmuebles, se solicitará una certificación del Ayuntamiento en cuyo término radique el bien en cuestión, que comprenderá los datos identificativos del inmueble (ubicación y documentación gráfica si la hubiere), los  titulares del mismo, y el grado de protección que le atribuyan las normas urbanísticas.

2. En el supuesto de bienes inmuebles, si del informe técnico del Servicio Territorial se dedujera que el inmueble se encuentra en una situación de deterioro físico que pudiera suponer un riesgo actual y real para las personas o las cosas, el Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León remitirá el citado informe al Ayuntamiento correspondiente, a los efectos oportunos.

3. El informe técnico, y demás documentación obrante se remitirá a la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, con el fin de que sea emitido un dictamen al efecto.

4. Recibido el dictamen de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, la Dirección General competente en materia de Patrimonio y Bienes Culturales, pondrá de manifiesto el expediente a los interesados concediéndoles un plazo de diez días para formular alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.

5. Presentadas las alegaciones o transcurrido el plazo del trámite de audiencia y a la vista de las actuaciones realizadas, la Dirección General competente en materia de Patrimonio y Bienes Culturales dictará resolución en los términos previstos en el artículo 24 de la Ley 12/2002, de 11 de julio.
Si en la resolución se ordenara la ejecución subsidiaria, se deberá hacer un requerimiento previo al responsable de la conservación del bien, debiéndose indicar las actuaciones necesarias para su conservación, la estimación del coste económico de las mismas, y el plazo para su ejecución, con apercibimiento de que de no dar cumplimiento a dicho requerimiento en el plazo establecido se procederá a la ejecución subsidiaria de las actuaciones por la Consejería competente en materia de Cultura, en los términos previstos en la normativa de procedimiento administrativo.

Artículo 69. Obligación de permitir el acceso con fines de inspección y estudios
1. Los propietarios, poseedores y demás titulares de derechos reales sobre los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla y León, tendrán la obligación de facilitar a la Dirección General competente en materia de Patrimonio y Bienes Culturales el acceso a bienes integrantes del Patrimonio Cultural con fines de inspección y de realización de estudios previos e informes necesarios para la tramitación de los procedimientos de declaración como Bien de Interés Cultural o
de inclusión en el Inventario.

2. La Dirección General competente en materia de Patrimonio y Bienes Culturales comunicará al poseedor o, en su defecto al propietario o titular de derecho real, la intención de acceder al bien en cuestión y la identidad de la persona que accederá al mismo, con indicación de que en el plazo de 10 días señale día y hora para el acceso, que salvo causa justificada, no deberá ser posterior a 20 días contados a partir de la fecha de comunicación.

3. En el supuesto de que no fuera atendido el requerimiento o se denegara el acceso a los bienes, la Dirección General competente en materia de Patrimonio y Bienes Culturales dictará resolución fijando día y hora para el acceso, que será comunicada a los interesados, con indicación de que de no cumplir los términos de la resolución se procederá de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre procedimiento administrativo para la ejecución forzosa de los actos
administrativos.

4. En todo caso se garantizará el respeto a la intimidad personal y familiar.

Artículo 70. Obligación de permitir el acceso con fines de investigación
1. Los propietarios, poseedores y demás titulares de derechos reales sobre bienes declarados de Interés Cultural o incluidos en el Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural de Castilla y León tendrán la obligación de facilitar el acceso a estos bienes a los investigadores, previa solicitud motivada de los mismos.

2. En el supuesto de denegación de dicho acceso, los investigadores formularán solicitud motivada a la Dirección General competente en materia de Patrimonio y Bienes Culturales acompañada del documento oficial que acredite la condición de investigador y del proyecto objeto de la investigación que, cumpliendo los objetivos establecidos en el artículo 1.1 de la Ley 12/2002, de 11 de julio, sea avalado por una Universidad u otra institución científica.

3. A la vista de la solicitud formulada y previo informe acerca de la misma, la Dirección General competente en materia de Patrimonio y Bienes Culturales, dará traslado del informe junto con la documentación aportada por el investigador al propietario concediéndole un plazo de diez días para formular alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes.

4. Recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo para ellas, la Dirección General competente en materia de Patrimonio y Bienes Culturales dictará resolución que será notificada al investigador y al propietario, poseedor o titular de derechos reales sobre los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla y León, fijando, en su caso, el tiempo en que deberá permitirse el acceso al bien, garantizando el respeto a la intimidad personal y familiar.

5. En el supuesto de que se trate de bienes muebles, la resolución podrá imponer el cumplimiento de la obligación a que se refiere el presente artículo acordando su depósito en un museo dependiente de la Comunidad de Castilla y León del que ésta sea titular o cuya gestión ejerza, previo informe técnico acerca del estado de conservación del bien y la conveniencia de su traslado al centro elegido, no pudiendo superar este depósito el plazo de un mes por año.

6. Todos los gastos derivados de las actuaciones necesarias para la ejecución de la obligación prevista en el presente artículo deberán ser sufragados por los investigadores que hayan formulado la solicitud.

7. La Dirección General competente en materia de Patrimonio y Bienes Culturales podrá dispensar, previa solicitud motivada del interesado, del cumplimiento de la obligación prevista en este artículo, cuando, en atención a las circunstancias concurrentes, entienda que existe causa suficientemente justificada para ello. Cuando dichas circunstancias sufran una alteración sustancial, la Dirección General competente en materia de Patrimonio y Bienes Culturales, previa audiencia al interesado, podrá revocar la dispensa otorgada.

Artículo 71. Obligación de permitir la visita pública
1. Los propietarios, poseedores y demás titulares de derechos reales sobre bienes declarados de Interés Cultural o incluidos en el Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural de Castilla y León tendrán la obligación de facilitar la visita pública en las condiciones que a continuación se determinan, que en todo caso será gratuita durante cuatro días al mes, en días y horario prefijados.
Esta visita comprenderá la contemplación de tales bienes, con exclusión, en el caso de bienes inmuebles, de los lugares o dependencias de los mismos que no afecten a su condición de declarados de Interés Cultural o incluidos en el Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural de Castilla y León, garantizándose en todo caso el respeto a la intimidad personal y familiar.

2. Para el cumplimiento de la obligación prevista en el apartado anterior, se solicitará del Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León, la aprobación del calendario de visita a los bienes, que habrá de especificar:
a) los días de apertura al público.
b) el horario de apertura y cierre.
c) el precio de entrada si lo hubiera.
d) los días y el horario de visita gratuita a que se refiere el artículo 25.2 de la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León.
El calendario de visita una vez aprobado se anunciará mediante cartel visible para el público.

3. El Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León podrá dispensar, total o parcialmente, previa solicitud motivada del interesado, del cumplimiento de la obligación prevista en este artículo, cuando, en atención a las circunstancias concurrentes, entienda que existe causa suficientemente justificada para ello. Cuando dichas circunstancias sufran una alteración sustancial, el Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León, previa audiencia al interesado, podrá revocar la dispensa otorgada.

Artículo 72. Obligación de préstamo de bienes muebles
1. Los propietarios, poseedores y demás titulares de derechos reales sobre bienes muebles declarados de Interés Cultural o incluidos en el Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural de Castilla y León tendrán la obligación de prestarlos para las exposiciones temporales que organicen los Organismos competentes para la ejecución de la Ley 12/2002, de 11 de julio, por un período máximo de un mes en un año.

2. Para el cumplimiento de la obligación prevista en el párrafo anterior, la Dirección General competente en materia de Patrimonio y Bienes Culturales comunicará al propietario, poseedor y, en su caso, al titular de un derecho real sobre un bien mueble, la selección de dicho bien para su participación en una exposición organizada por dichos Organismos, requiriendo su préstamo en los términos previstos en el artículo 25.3 de la citada Ley.

3. La comunicación prevista en el párrafo anterior, será efectuada con una antelación mínima de un mes a la fecha prevista de la exposición. En la misma se señalará el plazo de duración de la exposición, las condiciones de seguridad, transporte y cuantas otras sean necesarias para garantizar la conservación del bien mueble objeto de préstamo, así como la apertura de un plazo de diez días para que formule las alegaciones y solicite la práctica de las pruebas que estime oportunas.

4. Recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo para ellas, la Dirección General competente en materia de Patrimonio y Bienes Culturales dictará resolución en la que, en su caso, imponga la realización del préstamo, así como cuantas medidas de conservación y protección sean necesarias para llevar a cabo el mismo, con indicación de que si no atendiera al requerimiento o se negara a prestar dicho bien, se procederá de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre procedimiento administrativo para la ejecución forzosa de los actos administrativos.

Artículo 73. Obligación de llevar un Libro de registro de comercio de bienes muebles
1. Las personas y entidades que se dediquen habitualmente al comercio de bienes entre los que se encuentren bienes muebles integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla y León, deberán llevar un Libro de registro según modelo normalizado recogido en el Anexo II, en el cual harán constar las transacciones que efectúen, de manera correlativa.
2. Deberá anotarse en el Libro de registro:
a) Datos de identificación del objeto.
b) Descripción del objeto.
c) Forma de adquisición del objeto.
d) Procedencia.
e) Las partes que intervienen en la transmisión del objeto.
f) Valor estimado del bien.

3. La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León de la provincia en que se ejerza el comercio de estos bienes, es el órgano competente para legalizar este Libro de registro con carácter previo a su utilización, así como para diligenciar anualmente el mismo.
El Libro deberá presentarse anualmente para su diligencia en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León correspondiente dentro de los tres primeros meses del año natural.

4. El Libro de registro deberá ser exhibido cuando sea solicitado por aquella persona, que de conformidad con el presente Decreto, tenga atribuido el ejercicio de la actividad inspectora.

Datos de interés:

DECRETO 40/1994, de 17 de febrero, de la Junta de Castilla y León, por el que se declara Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento a favor del Monasterio de La Caridad, en Ciudad Rodrigo (Salamanca).

BOE nº 71, de 24 de marzo de 1994:

“Artículo 2.
El área de protección del edificio es la incluida en el interior del polígono que a continuación se define: Al norte y este: El eje de la carretera de Ciudad Rodrigo a Monsagro, desde su intersección con el límite oeste hasta su intersección con el camino situado al sur del conjunto paralelo a las tapias que cierran las huertas. Al sur: El eje del citado camino desde su cruce con la carretera de Ciudad Rodrigo a Monsagro, hasta el punto en que la tapia que cierra las huertas del monasterio toma dirección norte.
Al oeste: La tapia anteriormente definida desde el camino que bordea el conjunto al sur, hasta la carretera de Ciudad Rodrigo a Monsagro.
La descripción complementaria del bien a que se refiere el presente Decreto, así como la zona afectada por la declaración, son los que constan en el plano y demás documentación que obra en el expediente de su razón.
Valladolid, 17 de Febrero 1994.~EI Presidente de la Junta de Castilla y León, Juan José Lucas Jiménez.-El Consejero de Cultura y Turismo, Emilio Zapatero Villalonga.”

Los premonstratenses se instalan en Ciudad Rodrigo entre 1165 – 1168. Vinieron con Fernando II de León. Se instalaron en la zona de Las Canteras, bajo la advocación de San Leonardo. Hacia 1171 recibieron del caballero Gonzalo de Coria una donación de tierras en el Prado de la Torre, donde están ahora las ruinas del Monasterio de la Caridad, para construir un monasterio donde se veneraba la imagen de la Virgen María, Beata Maria Charitatis. También recibieron de Esteban de la Guardia tierras, pastos y bosques.

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