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El grupo popular de la Diputación presenta una moción para evitar el cierre de las oficinas del Registro en la Salamanca rural

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El grupo popular de la Diputación presenta una moción para evitar el cierre de las oficinas del Registro en la Salamanca rural
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COMUNICACIÓN GRUPO POPULAR EN LA DIPUTACIÓN DE SALAMANCA


  • Insta al Gobierno a tomar medidas para evitar el cierre de las 362 oficinas de la provincia

La inminente entrada en vigor el próximo 30 de junio de la Ley del Registro Civil aprobada en 2011 supondrá el cierre de la inmensa mayoría de las sedes del Registro que existen en la actualidad, lo que afectaría de manera muy grave a los municipios pequeños.así lo viene advirtiendo el Partido Popular de Salamanca que ya ha denunciado este planteamiento tan nocivo para la provincia porque Salamanca podría quedarse sin ninguna de las 362 oficinas si la ley entre en vigor sin adaptación ni modificación.

También los Juzgados de Paz dejarían de tener competencias como Registro Civil, algo impensable a día de hoy en la Salamanca rural.

Por eso, el Grupo Popular de la Diputación de Salamanca ha registrado una moción para su aprobación en el Pleno de la institución en la que se insta al Gobierno de España a aprobar una norma que permita, antes del 30 de junio de 2020, preservar la naturaleza del registro Civil como un servicio público y gratuito, garantizar el acceso a todos los ciudadanos, con una red de oficinas próxima e impulsando el acceso al registro mediante servicios electrónicos y, a su vez, aprovechar la experiencia y respetar los derechos de los empleados públicos a cargo de su llevanza.

El Grupo Popular de la Diputación considera en su moción como muy urgente la modificación de la mencionada Ley en los términos demandados en la Proposición de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular el 5 de diciembre y que sirve de base a esta moción.

La Constitución de 1978 sitúa a las personas y a sus derechos en el centro de la acción pública. Este reconocimiento inequívoco ha determinado la necesidad de reestructurar la organización y el funcionamiento de una de las más significativas instituciones administrativas del Estado, como es el Registro Civil adoptando un nuevo modelo que se ajuste tanto a los valores consagrados en la Constitución de 1978 como a la realidad política, social y tecnológica de la sociedad española. La nueva regulación del Registro civil se promulgó el 21 de julio de 2011 por la Ley 20/2011 del Registro Civil, una norma que, por su complejidad y por el cambio radical que conlleva respecto al modelo anterior, ha dificultado su implantación y ha conllevado varios aplazamientos de su entrada en vigor, a lo largo de los últimos años, con excepción parcial de algunos preceptos ya en aplicación.

Esta nueva Ley contempla profundos cambios que pretenden adaptar el Registro Civil a la sociedad del siglo XXI, apoyándose en las nuevas tecnologías y, en las oportunidades que estas proporcionan para prestar un servicio más efectivo. Sin embargo, no puede obviarse la realidad, social, territorial y demográfica de España, así como la distinta implantación de la red de internet en los distintos territorios, por lo que el nuevo modelo del Registro Civil tiene que contemplar esta realidad hacer compatible la reforma con los derechos y garantías de los ciudadanos reconocidos en la Constitución.

Precisamente todas estas circunstancias, y el hecho de que no se cumplieran las condiciones materiales y de adaptación normativa necesarias, hicieron que se tuviera que retrasar dos años, hasta el 30 de junio de 2020 la entrada en vigor del nuevo modelo de Registro Civil configurado por la nueva Ley 20/2011. De esta ampliación de dos años ya se ha consumido una anualidad y media sin que se haya avanzado en la aprobación del marco jurídico necesario para que esté operativo en 2020.

Por ello el Grupo Popular de la Diputación considera necesaria la modificación de los aspectos de la nueva Ley en el sentido de las Proposiciones de Ley presentadas por el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados y que han sido negociados y consensuados con asociaciones y sindicatos, representantes de los profesionales de la Administración de Justicia, que son los principales actores y que siguen manifestando su preocupación por el hecho de que esta norma no se haya tramitado dada la inestabilidad política del último año.

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MOCIÓN DEL GRUPO PROVINCIAL POPULAR DE LA DIPUTACIÓN DE  SALAMANCA PARA LA MODIFICACIÓN DE LA LEY 20/2011 DEL 21 DE JULIO SOBRE LOS REGISTROS CIVILES DE LOS MUNICIPIOS.

El Grupo Provincial Popular de la Diputación de Salamanca, conforme a lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales desea elevar al Pleno la siguiente Propuesta de Moción:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En los últimos meses se están recibiendo en diferentes ayuntamientos de nuestra provincia escritos alertando del próximo cierre de las actuales oficinas del Registro Civil como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 20/2011 del Registro Civil, lo que supondría una discriminación hacia la denominada “España vaciada”.

Es por ello que se hace más urgente que nunca la modificación de la mencionada Ley en los términos demandados en la Proposición de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular el 5 de diciembre del presente y que sirve de base a esta moción.

La Constitución de 1978 sitúa a las personas y a sus derechos en el centro de la acción pública. Este reconocimiento inequívoco ha determinado la necesidad de reestructurar la organización y el funcionamiento de una de las más significativas instituciones administrativas del Estado, como es el Registro Civil adoptando un nuevo modelo que se ajuste tanto a los valores consagrados en la Constitución de 1978 como a la realidad política, social y tecnológica de la sociedad española. La nueva regulación del Registro civil se promulgó el 21 de julio de 2011 por la Ley 20/2011 del Registro Civil, una norma que, por su complejidad y por el cambio radical que conlleva respecto al modelo anterior, ha dificultado su implantación y ha conllevado varios aplazamientos de su entrada en vigor, a lo largo de los últimos años, con excepción parcial de algunos preceptos ya en aplicación.

Esta nueva Ley contempla profundos cambios que pretenden adaptar el Registro Civil a la sociedad del siglo XXI, apoyándose en las nuevas tecnologías y, en las oportunidades que estas proporcionan para prestar un servicio más efectivo. Sin embargo, no puede obviarse la realidad, social, territorial y demográfica de España, así como la distinta implantación de la red de internet en los distintos territorios de la España, por lo que el nuevo modelo del Registro Civil tiene que contemplar esta realidad hacer compatible la reforma con los derechos y garantías de los ciudadanos reconocidos en la Constitución.

Precisamente todas estas circunstancias, y el hecho de que no se cumplieran las condiciones materiales y de adaptación normativa necesarias, hicieron que se tuviera que retrasar dos años, hasta el 30 de junio de 2020 la entrada en vigor del nuevo modelo de Registro Civil configurado por la nueva Ley 20/2011. De esta ampliación de dos años ya se ha consumido una anualidad y media sin que se haya avanzado en la aprobación del marco jurídico necesario para que esté operativo en 2020.

Por ello, tal y como se ha manifestado al comienzo de esta moción, el Grupo Parlamentario Popular en las Cortes Generales, ha presentado en tres ocasiones una Proposición de ley, la última el 5 de diciembre de 2019, para modificar ciertos aspectos de la nueva Ley, cambios que han sido negociados y consensuados en su día con asociaciones y sindicatos, representantes de los
profesionales de la Administración de Justicia, que son los principales actores y que siguen manifestando su preocupación por el hecho de que esta norma no se haya tramitado dada la inestabilidad política del último año.

Los cambios más importantes introducidos por la nueva Ley del Registro Civil, son los que se exponen a continuación, si bien consideramos que algunas previsiones contenidas en la ley no son efectivas u oportunas e impiden la implantación completa del nuevo modelo del Registro Civil por lo que precisan que se modifique dicha ley.

- El nuevo modelo, radicalmente distinto al actual, está basado en hechos, priorizando el historial de cada individuo, incorporando previsiones acordes con la necesaria reducción de las cargas administrativas, así como con la necesaria protección del derecho fundamental a la intimidad, haciéndolo compatible con el carácter público del Registro Civil. Este  nuevo modelo suprime el tradicional sistema de división del Registro Civil en Secciones —nacimientos, matrimonios, defunciones, tutelas y representaciones legales— y crea un registro individual que consta de una hoja o extracto en el que figurarán los datos personales de la vida del individuo, asignándole un código personal desde la primera inscripción que se practique.

- La regulación actual del Registro contenida en la Ley 20/2011 prevé que la llevanza del Registro Civil será asumida por funcionarios públicos distintos de aquellos que integran el poder judicial del Estado, si bien se dispone que ello no supone merma alguna del derecho de los ciudadanos a una tutela judicial efectiva, pues todos los actos del Registro Civil quedan sujetos a control judicial.
En este sentido, la actual Disposición adicional segunda de la nueva Ley prevé que al frente de las estas Oficinas se encuentre un funcionario del Grupo A1, con licenciatura en derecho o un Secretario judicial, lo cual supone desligar estas oficinas de la Administración de Justicia. Esta previsión, desde la perspectiva de la política de función pública, supone un cambio importante en la atención de las Oficinas de los Registros civiles, que choca con los derechos de los actuales funcionarios que
prestan sus servicios en dicha oficinas y es poco eficiente, pues no aprovecha el conocimiento y la experiencia de estos  uncionarios en la gestión administrativa de los Registros, destacando especialmente la importancia de la llevanza de estas oficinas por los Letrados de la Administración de Justicia.

- Otro de los cambios fundamentales se refiere a la implantación de un Registro Civil único para toda España, informatizado y accesible electrónicamente, lo que permite realizar trámites sin de tener que acudir presencialmente a las Oficinas del Registro.  Este cambio implica la superación del Registro Civil físicamente articulado en libros custodiados en las Oficinas distribuidas por toda España, pero a la vez obliga a un replanteamiento de su estructura organizativa.

Esta nueva organización del nuevo Registro Civil se estructura en una Oficina Central del Registro Civil, Oficinas del Registro Civil y Oficinas Consulares del Registro Civil, dependientes de la Dirección General de los Registros y del Notariado como centro superior directivo, consultivo y responsable último del Registro Civil.

Al respecto la Disposición Adicional primera prevé respecto a la ubicación y dotación de las oficinas que el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias ejecutivas en la materia fijarán, en sus respectivos ámbitos territoriales, el emplazamiento de las Oficinas Generales del Registro Civil y determinarán, mediante las Relaciones de Puestos de Trabajo, las dotaciones de personal necesario, lo cual en la práctica puede suponer la eliminación de muchas de las Oficinas del Registros existentes en la actualidad, considerando que por la realidad social y territorial y el distinto desarrollo de la sociedad de la información en las diferentes zonas del territorio español, las oficinas de Registro Civil deben mantener su ubicación en las mismas localidades en que se encuentran la sedes de los actuales Registros civiles Municipales y de Paz.

A la vista de las circunstancias enumeradas, entendemos que es imprescindible que se tramite, cuanto antes, en las Cortes Generales una modificación parcial de algunos aspectos de la Ley 20/2011, antes de su efectiva entrada en vigor con el objeto de adaptar la norma legal al definitivo modelo de Registro Civil.

En definitiva, es preciso aglutinar el consenso político y social necesario alrededor de un proyecto de transformación del Registro Civil con visos de permanencia en el futuro, que permitirá hacer realidad el cambio de modelo.

Ello justifica el cambio propuesto, en el sentido de redefinir algunos aspectos de la Ley en cuanto a:

a) Preservar la naturaleza del Registro Civil como un servicio público y gratuito.
b) Garantizar el acceso a todos los ciudadanos, con una red de oficinas próxima e impulsando el acceso al registro mediante servicios electrónicos.
c) Aprovechar la experiencia y respetar los derechos de los empleados públicos a cargo de su llevanza.

Por estas razones el Grupo Provincial Popular insta al Pleno de la Diputación de Salamanca a adoptar siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO
Instar al Gobierno de España a aprobar una norma que permita, antes del 30 de junio de 2020:
1. Preservar la naturaleza del registro Civil como un servicio público y gratuito.
2. Garantizar el acceso a todos los ciudadanos, con una red de oficinas próxima e impulsando el acceso al registro mediante servicios electrónicos.
3. Aprovechar la experiencia y respetar los derechos de los empleados públicos a cargo de su llevanza.
4. Dar traslado de estos acuerdos al Presidente del Gobierno, al Ministro de Justicia y a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios en el Congreso y en el Senado.

 

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