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Villavieja de Yeltes solicita la declaración de caducidad de la Declaración de Impacto Medioambiental del 2013 promovido por Berkeley en este municipio

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Villavieja de Yeltes solicita la declaración de caducidad de la Declaración de Impacto Medioambiental del 2013 promovido por Berkeley en este municipio
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Comunicación Ayuntamiento de Villavieja de Yeltes


El Ayuntamiento de Villavieja de Yeltes (Salamanca) en relación con el proyecto minero ubicado en su término municipal, promovido por  Berkeley Minera S.A,  ha formalizado solicitud de declaración de caducidad de la Declaración de Impacto Medioambiental del 2013 (D.I.A) sobre la que sustenta dicho proyecto minero de explotación y tratamiento de uranio en la provincia de Salamanca.

Consideramos que es una oportunidad para poner en conocimiento de los ciudadanos muchas de las deficiencias que han sido denunciadas  por distintas personas y organismos, ya que en dicho documento se sintetiza la constatación de serias irregularidades en donde urge que la Consejería de Medioambiente de Castilla y León cumpla con el deber de dictar dicha Resolución de Declaración de Caducidad, no sólo por el tiempo transcurrido, en donde opera automáticamente la caducidad, sino también por el incumplimiento del objeto evaluado inicialmente, la  D.I.A del 2013 se dictó con el requisito de no alterar ningún elemento de los evaluados, pues bien, constatamos:

- La sustancial modificación del objeto minero inicialmente evaluado, y posteriormente ,objeto de la D.I.A. de residuos NORM a RADIACTIVOS.

-  La alteración del espacio físico sobre el que se despliega el proyecto minero, sobre este punto existe informe del Procurador del Común de Castilla y León, donde resalta, a parte de las deficiencias de la evaluación de impacto, el cambio del ámbito territorial del proyecto, ya que la misma empresa promotora desistió de la tramitación en nuestro municipio, circunscribiéndolo al de Retortillo, por lo que el Procurador del Común informó sobre la necesidad de hacer una nueva evaluación de impacto del proyecto.

- Modificación  del trazado de la carretera incluido en el proyecto ( no puede darse ninguna alteración) tras el incumplimiento del Convenio de Colaboración de la Diputación Provincial de Salamanca  y Berkeley, por Decreto del Presidente de la Diputación Provincial de Salamanca, del 4 de marzo de 2019 se declara la rescisión inicial del convenio de colaboración cuya finalidad era articular la colaboración de la Diputación Provincial de Salamanca y la mercantil BERKELEY MINERA, en la construcción una variante de la carretera SA-322 (DSA-451)., lo que ha obligado a la empresa a solicitar una nueva licencia urbanística , con un nuevo trazado.

- Fraccionamiento del objeto del proyecto minero. La tramitación de la misma empresa Berkeley en nuestro municipio de un Proyecto de Concesión minera Zona 7 está  directamente relacionado con el Proyecto de Explotación en la Concesión de Explotación para minerales de uranio, denominada Retortillo-Santidad n.ş 6.605-10, sobre el que se dictó la D.I.A del 2013, los informes municipales informan de un fraccionamiento del proyecto minero, al proyectarse una cinta transportadora de material extraído de Villavieja a Retortillo, lo que evidencia la necesidad de haber llevado a cabo una Evaluación Ambiental Estratégica y no una mera evaluación de impacto .

- Tanto la D.IA. del 2013 como el informe de la Junta de Castilla y León favorable  a la evaluación de los efectos en la Red Natura, (IRNA) se confeccionaron  sobre la base de una NORMATIVA ANULADA, por la  Sentencia núm 02309/2013,  de 26 de diciembre de 2013, del TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN Sala de lo Contencioso Administrativo. , Sección 1Ş, Ponente: Ana María Victoria Martínez Olalla (Temas Clave: Red Natura 2000; Evaluación de las repercusiones de planes, programas y proyectos; Conflicto de competencias; Vulneración del principio de jerarquía normativa; Comunidad Autónoma de Castilla y León) Dicha Sentencia ANULA el DECRETO 6/2011, de 10 de febrero, por el que se establecía el procedimiento de evaluación de las repercusiones sobre la Red Natura 2000 de Planes, Programas y Proyectos desarrollados en el ámbito territorial de Castilla y León, normativa aplicada por la empresa promotora del proyecto  y por administración de  la Junta de Castilla y León para la autorización ambiental del proyecto minero de explotación de uranio en el año 2013.

___

Solicitud de declaración de caducidad:

AYUNTAMIENTO DE VILLAVIEJA DE YELTES

ASUNTO: Solicitud del Ayuntamiento de Villavieja de Yeltes (Salamanca) de declaración de caducidad de la ORDEN
FYM/796/2013, de 25 de septiembre, por la que se dicta la Declaración de Impacto Ambiental sobre el Proyecto de Explotación en la Concesión de Explotación para recursos de la Sección D), minerales de uranio, denominada Retortillo-Santidad n.o 6.605-10, en los términos municipales de Retortillo y Villavieja de Yeltes, provincia de Salamanca, promovido por Berkeley Minera de España, S.A.BOCYL no 194, de 8 de octubre de 2013.

DESTINATARIOS:

  • Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. C/ Rigoberto Cortejoso, 14, 7a planta. C.P.: 47014 Valladolid.
  • Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca.Edificio Administrativo de Usos Múltiples (ESAUM). C/ Príncipe de Vergara, 53-71. C.P.: 37003

Don Jorge Rodríguez Martín como Alcalde del Ayuntamiento de Villavieja de Yeltes, como municipio directamente afectado por la ORDEN FYM/796/2013, de 25 de septiembre, por la que se dicta la Declaración de Impacto Ambiental sobre el Proyecto de Explotación en la Concesión de Explotación para recursos de la Sección D), minerales de uranio, denominada Retortillo-Santidad n.o 6.605-10, en los términos municipales de Retortillo y Villavieja de Yeltes, provincia de Salamanca, promovido por Berkeley Minera de España, S.A. BOCYL nº 194, de 8 de octubre de 2013, en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 21 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local y del Acuerdo del Pleno del día 13 de junio de 2014, en el que se me legitima, por voluntad unánime de todos los miembros de la Corporación Local, para ejercicio de las acciones de esclarecimiento del objeto de la empresa Berkeley Minera S.A, en virtud de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO Y DE DERECHO que se exponen en el cuerpo del escrito, formalizo SOLICITUD DE
DECLARACIÓN DE CADUCIDAD ORDEN FYM/796/2013, de 25 de septiembre, por la que se dicta la Declaración de Impacto Ambiental sobre el Proyecto de Explotación en la Concesión de Explotación para recursos de la Sección D), minerales de uranio, denominada Retortillo-Santidad nº 6.605-10, en los términos municipales de Retortillo y Villavieja de Yeltes, provincia de Salamanca, promovido por Berkeley Minera de España, S.A:

PRIMERO: Constatado el transcurso del plazo legal sin haberse iniciado el proyecto minero y la realización de cambios sustanciales en los elementos esenciales que han servido de base para realizar la evaluación de impacto ambiental y dictar la ORDEN FYM/796/2013, de 25 de septiembre, por la que se dicta la Declaración de Impacto Ambiental .Tal y como se constata en los Anexos que se incluyen en este punto.

La propia Orden ORDEN FYM/796/2013, de 25 de septiembre, por la que se dicta la Declaración de Impacto Ambiental  (D.I.A) prevé su caducidad:
“Caducidad de la DIA.– Esta Declaración caducará si en el plazo de cinco años tras la autorización o aprobación del proyecto no se hubiera comenzado su ejecución. A solicitud del promotor, el órgano ambiental podrá prorrogar su vigencia conforme a lo establecido en el artículo 14 del citado texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto  Ambiental de Proyectos.”

El proyecto minero objeto de evaluación ambiental y, posteriormente, objeto de la D.I.A dictada en la Orden FYM/796/2013, es el Proyecto de Concesión de Explotación, derivada del Permiso de Investigación “PEDRERAS” nº 6.605-10, RETORTILLO-SANTIDAD. Uranio. Sección D). 87 cuadrículas mineras, provincia de Salamanca. BERKELEY MINERA ESPAÑA, S.A. Expte. de Minas: 443/11 (BOE núm. 128, de 27 de mayo de 2014).

La declaración de caducidad de dicha Orden FYM/796/2013 por la que se dicta la D.I.A, es una consecuencia jurídica contemplada, no sólo en el propio texto de la Orden FYM/796/2013, sino también por, el entonces vigente, Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. En su artículo 14.( Articulo 14 Caducidad de la declaración de impacto ambiental1. La declaración de impacto ambiental del proyecto o actividad caducará si una vez autorizado o aprobado el proyecto no se hubiera comenzado su ejecución en el plazo fijado por la comunidad autónoma. En tales casos, el promotor deberá iniciar nuevamente el trámite de evaluación ambiental del proyecto.
En los proyectos que deban ser autorizados o aprobados por la Administración General del Estado, dicho plazo será de cinco años.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el órgano ambiental podrá resolver, a solicitud del promotor, que dicha declaración sigue vigente al no haberse producido cambios sustanciales en los elementos esenciales que han servido de base para realizar la evaluación de impacto ambiental. El plazo máximo de emisión y notificación del informe sobre la
revisión de la declaración de impacto ambiental será el que fije la comunidad autónoma.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya emitido el citado informe, podrá entenderse vigente la declaración de impacto ambiental formulada en su día.
En los proyectos que deban ser autorizados o aprobados por la Administración General del Estado, el plazo máximo de emisión y notificación del informe sobre la revisión de la declaración de impacto ambiental será de sesenta días.

3. A los efectos previstos en este artículo, el promotor de cualquier proyecto o actividad sometido a evaluación de impacto ambiental deberá comunicar al órgano ambiental, con la suficiente antelación, la fecha de comienzo de la ejecución de dicho proyecto o actividad.

Fundamentos de hecho y de derecho probados en los ANEXOS que se acompañan a este escrito:

PRIMERO: ANEXO 1. De conformidad con el Dictamen Pericial, de marzo de 2020, suscrito por Ingeniero Superior de Minas colegiado en el Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Centro con el número de colegiado 3.278-CE, se acredita, entre otros extremos, no sólo el transcurso del tiempo sin haber iniciado el proyecto minero (las obras de la tala de encinas amparadas en la D.I.A no se puede considerar como inicio del proyecto minero por el que se otorgó la Concesión Minera) sino también, la sustancial modificación del objeto minero inicialmente evaluado, y posteriormente
,objeto de la D.I.A. se produce un cambio sobrevenido en la naturaleza del mineral sobre el que se dictó la Orden FYM/796/2013 y , en consecuencia, de su régimen jurídico aplicable: de residuos NORM a RADIACTIVOS.

Como explica el Dictamen Pericial, la empresa Berkeley se ve forzada, de manera sobrevenida, de cambiar la naturaleza de los residuos procedentes de su actividad minera, en virtud de los requerimientos que el Consejo de Seguridad Nuclear, para que los catalogue correctamente , de NORM A RADIACTIVOS “…Los residuos NORM son aquellos que se encuentran en su estado natural pero que han sido movilizados por actividades humanas aumentando el riesgo a su exposición, tal como sería la explotación minera pero no así el tratamiento en planta de enriquecimiento mediante  lixiviación y otras operaciones. El residuo generado de este proceso es un residuo radioactivo de larga vida y muy baja o baja/media actividad, aspecto éste a analizar para determinar su modo de almacenamiento.”

SEGUNDO.ANEXO 2. Solicitud de desistimiento de la empresa Berkeley Minera España S.L, promotora del proyecto minero en nuestro término municipal, Villavieja de Yeltes, de fecha del 20 de mayo de 2016 y posterior Resolución de Alcaldía del 5 de septiembre admitiendo el desistimiento de la empresa promotora en el proyecto minero sobre el que se evaluó ambientalmente y se declaró la D.I.A y declarando, dicha resolución, el archivo de las actuaciones.

TERCERO.ANEXO 3. Informe del Procurador del Común de Castilla y León, del 23 de agosto de 2017 sobre las deficiencias en la evaluación ambiental de Proyecto de Explotación en la Concesión de Explotación para recursos de la Sección D), minerales de uranio, denominada Retortillo-Santidad n.o 6.605-10, en los términos municipales de Retortillo y Villavieja de Yeltes, provincia de Salamanca, promovido por Berkeley Minera de España, informe dictado en el sentido de efectuar una nueva evaluación de impacto medioambiental, ya que la labor técnica realizada, y que ha servido de base para dictar la ORDEN FYM/796/2013, de 25 de septiembre, por la que se dicta la Declaración de Impacto Ambiental , posee deficiencias técnicas entre ellas, no haberse tenido en cuenta las afecciones del proyecto a la Red Natura 2000, ni sobre las especies incluidas en el Anexo IV de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y Biodiversidad; en el citado informe también resalta la alteración del objeto evaluado ambientalmente, su espacio físico del proyecto minero para el que se otorgó la concesión de explotación minera y sobre el que se realizó la evaluación de impacto medioambiental, tal y como se constata en el desistimiento de Berkeley Minera España S.L al proyecto en el T.M de Villavieja de Yeltes, quedando el proyecto minero, después del mencionado desistimiento, circunscrito a un solo municipio, Retortillo (y no a dos, Retortillo-Villavieja, como se presentó en el proyecto minero para  la concesión minera de explotación, evaluación de impacto medioambiental y declaración de impacto, ORDEN FYM/796/2013, de 25 de septiembre).

CUARTO.ANEXO 4. La Diputación Provincial de Salamanca dictó Decreto de Presidencia del 4 de marzo de 2019 por el que se declara la rescisión inicial del convenio de colaboración cuya finalidad era articular la colaboración de la Diputación Provincial de Salamanca y la mercantil BERKELEY MINERA S.L, en la construcción una variante de la
carretera SA- 322 (DSA-451).

QUINTO.ANEXO 5. Documento técnico de febrero de 2019 que acompaña a la solicitud de licencia urbanística de Berkeley al Ayuntamiento de Retortillo para la ejecución de una nueva carretera, distinta a la presentada, evaluada y autorizada en el proyecto inicial, consecuencia directa del hecho descrito en el punto anterior.

SEXTO.ANEXO 6. Informes municipales sobre el Proyecto de Concesión minera Zona 7 en el T.M de Villavieja de Yeltes, proyecto minero directamente relacionado con el Proyecto de Explotación en la Concesión de Explotación para recursos de la Sección D), minerales de uranio, denominada Retortillo-Santidad nº 6.605-10, sobre el que se dictó la supra mencionada ORDEN FYM/796/2013, de 25 de septiembre, cuya declaración de caducidad ahora se solicita.

En dichos informes emitidos por el Ayuntamiento de Villavieja, tanto de naturaleza jurídica (por la Secretaría-Intervención) como técnica (Arquitecto de la Mancomunidad de Vitigudino), como el final, el Informe de esta Alcaldía, son contrarios al otorgamiento de concesión de explotación minera de la Zona 7, llegando a las mismas conclusiones: Fraccionamiento del objeto del proyecto minero de la zona 7 en relación con el de Retortillo-Santidad. La interrelación de sendos proyectos mineros, se constata no sólo pro tener la identidad en el objeto de minera y el mismo promotor, Berkeley Minera España S.L, sino también, como por la existencia de una infraestructura de naturaleza permanente que uniría ambas explotaciones en dos municipios diferentes, consistente en una cinta transportadora que recogería el material minero del yacimiento de Villavieja para ser tratado en municipio de Retortillo.

La sola presentación de la solicitud por Berkeley de la autorización previa como instalación radiactiva de primera categoría “Zona 7”en enero del 2017 en el TM de Villavieja de Yeltes conexionado al Proyecto para Concesión de Explotación para recursos de la Sección D), minerales de uranio, denominada Retortillo-Santidad n.o 6.605-10, hace, una vez más, cuestionarse por el procedimiento de evaluación ambiental utilizado, la Evaluación de Impacto Medioambiental (E.I.A), ya que por el hecho de su objeto: actividad minera, su extensión: más de un término municipal; su eventual afección a la Red Natura 2000, exigían para la evaluación ambiental del proyecto la realización de una EVALUACIÓN
AMBIENTAL “ESTRATÉGICA O DE PLANES O PROGRAMAS”, de conformidad con la entonces, Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. (Artículos 1 al 15.Anexo II) AHORA Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

SÉPTIMO. Tanto la ORDEN FYM/796/2013, de 25 de septiembre, por la que se dicta la Declaración de Impacto Ambiental sobre el Proyecto de Explotación en la Concesión de Explotación para recursos de la Sección D), minerales de uranio, denominada Retortillo-Santidad nº 6.605-10, en los términos municipales de Retortillo y Villavieja de Yeltes, provincia de Salamanca, promovido por Berkeley Minera de España, S.A. que nos ocupa, como el informe de la Junta de Castilla y León favorable a la evaluación de los efectos en la Red Natura, (IRNA) se han confeccionado sobre la base de una NORMATIVA ANULADA, por la Sentencia núm 02309/2013, de 26 de diciembre de 2013, del TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN Sala de lo Contencioso Administrativo. , Sección 1a, Ponente: Ana María Victoria Martínez Olalla (Temas Clave: Red Natura 2000; Evaluación de las repercusiones de planes, programas y proyectos; Conflicto de competencias; Vulneración del principio de jerarquía normativa; Comunidad Autónoma de Castilla y León).
Dicha Sentencia ANULA el DECRETO 6/2011, de 10 de febrero, por el que se establecía el procedimiento de evaluación de las repercusiones sobre la Red Natura 2000 de Planes, Programas y Proyectos desarrollados en el ámbito territorial de Castilla y León, normativa aplicada por la empresa promotora del proyecto y por administración de la Junta de Castilla y León para la autorización ambiental del proyecto minero de explotación de uranio en el año 2013.

Vistos todos los fundamentos de hecho y de derecho, mediante el presente, se formaliza solicitud al órgano ambiental competente, para que incoe y resuelva la caducidad de la ORDEN FYM/796/2013, de 25 de septiembre, por la que se  dicta la Declaración de Impacto Ambiental sobre el Proyecto de Explotación en la Concesión de Explotación para recursos de la Sección D), minerales de uranio, denominada Retortillo-Santidad nº 6.605-10, en los términos municipales de  Retortillo y Villavieja de Yeltes, provincia de Salamanca, promovido por Berkeley Minera de España, S.A. por imperativo del propio texto de la Orden FYM/796/2013 y del artículo 14.1 del entonces vigente, Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos.

Asimismo, se solicita que, el Ayuntamiento de Villavieja de Yeltes, como interesado en el expediente, de conformidad con el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se nos considere personados en el procedimiento dando cuenta de los actos, resoluciones, informes y solicitudes, tanto obrantes como futuras, y, en concreto, para el caso de que el órgano ambiental haya considerado iniciado el proyecto minero sobre el que se dictó la D.I.A, solicitamos:

- Copia del documento que Berkeley Minera S.A ha tenido que presentar como promotor del proyecto sometido a E.I.A al órgano ambiental, documento presentado indicando “con la suficiente antelación, la fecha de comienzo de la ejecución de dicho proyecto o actividad.”

En el caso de que en el expediente no obrase ningún documento de los previstos en la normativa aplicable al instituto de la caducidad de la D.I.A, solicitamos certificado del sentido del silencio administrativo del órgano ambiental.

Para concluir, y en virtud de todos los antecedentes expuestos (Dictamen Pericial, de marzo de 2020, suscrito por Ingeniero Superior de Minas colegiado en el Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Centro con el número de colegiado 3.278-CE, Anexo 1) y de la normativa aplicable, entendemos que la única obra realizada para la ejecución del proyecto minero a día de hoy, (tala de encinas) no podría ser considerada propiamente como un inicio en la ejecución del proyecto minero, a lo sumo hablaríamos de un paso previo a dicha actuación.

A su vez, y en atención a lo previsto por el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, consideramos que en este caso no sería posible que el órgano ambiental pudiese resolver la vigencia de la declaración tomando como justificación la inexistencia de cambios sustanciales en el proyecto u en los elementos esenciales que han servido de base para realizar la evaluación de impacto ambiental; ya que, sin ir más lejos, el cambio territorial sobre el que se habrá de ejecutar proyecto o su objeto mismo (de residuos NORME a radiactivos) serán modificaciones de envergadura que descartarían de raíz
la aplicación de esta disposición (ello al margen de que habría de ser el propio promotor interesado el que habría de solicitar la aplicación de esta solución).

Como Administración, a la Consejería a la que nos dirigimos, podría llegar a exigirse, responsabilidad patrimonial por el incumplimiento de su deber de promover la declaración de caducidad, todo más siendo requerida al efecto por otras Administraciones u instituciones como lo serían este Consistorio y el Procurador del Común de Castilla y León; ello en el supuesto que como consecuencia de la inactividad de la Administración autonómica por los daños ya causados y los que se llegasen a producir, que no se tenga el deber de soportar.

Las bases de responsabilidad patrimonial están actualmente sentadas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, concretamente en su artículo 32; matizaremos que normalmente es sujeto activo de la responsabilidad patrimonial un particular, nada obsta a que en ocasiones pueda serlo una Administración Pública, como es el caso que nos ocupa.

Del mismo modo, y si las circunstancias así lo posibilitasen, en su caso se podría llegar a exigir responsabilidad política, en el supuesto de que la negativa a tramitar la declaración de caducidad fuese atribuible a un cargo públicos.
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE POR EL ALCALDE:
D.JORGE RODRÍGUEZ MARTÍN, E

(imagen de archivo)

 

 

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