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Secuelas vigentes del franquismo. Actitudes contrarias a la aplicación de la LMH (20): ¿Dónde están las tumbas de los “desaparecidos” republicanos?, por Ángel Iglesias Ovejero

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Secuelas vigentes del franquismo. Actitudes contrarias a la aplicación de la LMH (20): ¿Dónde están las tumbas de los “desaparecidos” republicanos?, por Ángel Iglesias Ovejero
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Valle del Lagar 2020 - FG
Valle del Lagar (Pedro Toro), agosto 2020. Foto FG.

En el contexto de la pandemia actual la España vacía Ciudad de Rodrigo y su comarca presentan un aspecto fantasmal marcado por mascarillas variopintas. Por encima de esas caretas casi fúnebres asoman miradas huidizas e inquietas y detrás de ellas suenan voces algo cavernosas que emiten frases tópicas previstas para acomodarse con la situación. Personas mayores por lo general que se han quedado viudas o han perdido a sus padres o hermanos se lamentan de no haber podido despedir dignamente a sus seres queridos. Es sin duda un dolor añadido a la desgracia de la pérdida, en consonancia con la importancia social que en los colectivos rurales tienen todavía los velatorios y los entierros, impedidos o dificultados durante el estado de alarma. Ahora al menos pueden recogerse ante las tumbas. Es inevitable pensar en la analogía y el contraste con los “desparecidos” de estos pueblos a raíz de la sublevación militar y fascista de 1936. Los mismos tapabocas vienen a ser metáforas de la mordaza oficial en que ha estado envuelta la memoria histórica republicana. Precisamente entre los fallecidos recientes hay algunos que han vivido con el permanente desasosiego de no saber qué paradero tuvieron o dónde fueron enterrados sus padres.

Para estas personas y otras muy mayores nunca ha sido un tópico literario el ubi sunt qui ante nos fuerunt? (¿Dónde están los que vivieron antes que nosotros?) que seguramente todos los escolares han oído mentar alguna vez. El poeta Jorge Manrique lo expresó en forma lapidaria en las famosas coplas a la muerte de su padre: “¿Dó los escondes e traspones?”. Se lo preguntaba a la Muerte, que, siendo un mero ente simbólico, difícilmente podía responderle. En cambio, los causantes y ejecutantes de las aludidas hazañas macabras y sus consiguientes estragos eran (malas) personas de carne y hueso, que podían haber respondido de sus crímenes. Algunos victimarios de Ciudad Rodrigo han fallecido no hace mucho, y como en otros lugares los hijos y demás familiares de sus víctimas nunca han podido olvidar los sarcasmos y fanfarronadas que antaño prodigaban. Eran ellos y sus mentores quienes sabían y debían haber informado sobre dónde habían “escondido y traspuesto” a los ejecutados en la clandestinidad (a veces en público). La teoría y la práctica del silencio y el olvido han dado los frutos amargos de la impunidad de los agentes y la falta de respeto hacia los pacientes de la represión franquista, que son la realidad histórica de Castilla y León, tierra vacía de memoria hasta hoy día en gran medida. De tal modo que, cuando tardía y penosamente, al parecer se quiere paliar el desafuero, las evidencias probatorias resultan penosas, escasas o poco convincentes. Al cabo de 84 años, la mayoría de aquellas dos centenas de “desaparecidos” que fueron ejecutados extrajudicialmente por estos pagos siguen sin identificación oficial y sin reconocimiento judicial (Iglesias 2016: 367).

Sobre este espinoso asunto del ubi sunt de restos “desaparecidos”, en síntesis, hay tres posibilidades: en fosas del campo (mejor no hablar de “cunetas”, para no confundir lugares de ejecución y de enterramiento); en tumbas individuales o colectivas en la antigua “parte civil” de los cementerios “católicos”; y en lugares desconocidos debido a los secuestros, trasiegos o destrucción de cadáveres, o como se quieran llamar. La existencia de fosas colectivas en fincas privadas o del común se han señalado repetidamente en los testimonios (Iglesias 2016: 296-309), pero en este rincón de la provincia de Salamanca, como en toda ella, solamente en algunas se han practicado investigaciones que han dado resultados aleatorios. Las exhumaciones de víctimas de El Bodón (1979) y de Fuenteguinaldo (2006) fueron moralmente ejemplares, pero no se tiene constancia cierta de que hubiera identificación objetiva y científica de todas y cada una de las víctimas. La exhumación de Aldeanueva de Portanobis (2010), como avanzaban los testimonios, reveló la existencia de restos cuya identidad no correspondía a la de los vecinos de Casillas de Flores allí buscados. Dos vecinos de Robleda (José Prieto Martín y Eduardo Gutiérrez Rocero) fueron identificados en la exhumación de Los Romeros, junto a Villasbuenas de Gata (2009), casi un milagro, pues una parte de los enterramientos quizá esté sepultada bajo el actual trazado de la carretera. Hasta hoy no han dado los indicios esperados las investigaciones efectuadas en una finca del Valle del Lagar (2012, 2019), en el término de Pedro Toro (con 4 hab. en 2019), donde los testimonios mirobrigenses apuntaban la existencia de una o más fosas. De ello se deduce que éstos no eran fiables o las pruebas han desaparecido, lo que no dejaría de resultar sorprendente, porque la carne es mortal y destinada a convertirse en “polvo”, pero las balas solamente son mortíferas. ¿También se han esfumado?

Los cementerios no son los lugares más adecuados para buscar las huellas individuales de víctimas, aunque haya habido testigos presenciales del enterramiento y hayan librado la información. Por lo general, hasta el último tercio del siglo XX no se asignaron en ellos parcelitas para la sepultura de miembros de familias (a excepción de las más notables y pudientes). Hasta entonces el enterrador municipal ponía los cadáveres donde les correspondía por orden cronológico en las hileras de tumbas, y cuando llegaba al final volvía por el principio, y en consecuencia cada una de ellas puede haber sido depositaria de otros cadáveres con posterioridad a 1936 (después de recoger y depositar de nuevo los huesos que en ellas hubiera, un protocolo probablemente no seguido con los restos “aparecidos” en los campos de cultivo donde había fosas). Por esta razón las labores de búsqueda son muy difíciles, y prácticamente inviables, en los cementerios de Nava de Francia, con víctimas de La Alberca, y de otras localidades donde, por testimonios fiables y documentación escrita, se tiene noticia de enterramientos de víctimas republicanas (Ciudad Rodrigo, El Bodón, Fuenteguinaldo, Robleda, Peñaparda, El Payo, Gata, etc.). Y se da la circunstancia de que, al parecer, los expertos en estas operaciones de rescate hallan dificultades incluso allí donde en principio no las había. En el verano de 2018 se llevó a cabo la exhumación de cuatro vecinos de Robleda que, según testimonios fiables y concordantes, fueron asesinados la noche del día 13 de agosto de 1936 y sus cadáveres inhumados en el cementerio Boadilla, una localidad pequeña, en donde se habrían respetado las sepulturas. Han pasado casi dos años y todavía se está en espera de conclusiones.

La causa del misterio sobre el paradero de las víctimas y sus despojos mortales es un secreto a voces. En Ciudad Rodrigo y su entorno persiste un espeso sustrato franquista que ahora sale a flote en las elecciones, en las que los nostálgicos del pasado y descarados neofascistas ya se presentan sin mascarilla y obtienen significativos resultados ¿Algún intrépido e ingenuo investigador de la memoria histórica esperaba que, con este desolador entorno social, hubiera informantes espontáneos y enterados dispuestos a librar secretos de familia biológica o ideológica, arriesgarse a perder los encarguillos laborales del ayuntamiento y la gente emprendedora o quedarse sin compañeros de la partida de cartas? Por extraño que parezca, los ha habido; sin duda los menos implicados y a veces dispuestos a colaborar con la premisa de exigir discreción en el manejo de las revelaciones y dejar su propia identidad en el anonimato. Su información completa en parte la que se deduce de la documentación escrita (principalmente procedimientos de la jurisdicción militar). Pero no permite confirmar la hipótesis más misteriosa y, sin embargo, más probable sobre el paradero de los cadáveres: su eficaz ocultación e incluso su eventual destrucción. La perversidad de los represores y ejecutores ha contado con la colaboración de la “justicia” franquista y la justicia “institucional” posterior.

El trasiego de víctimas, vivas o muertas, es cosa sabida en general (se ha hablado mucho de los cadáveres de republicanos depositados en la cripta del “Valle de los Caídos”, sin información previa de sus familias). Por esta zona, las ejecuciones colectivas se efectuaban relativamente lejos de las localidades de origen (entre 25 y 50 km.) y por mano de ejecutores foráneos, para asegurarse la impunidad mediante el anonimato propio y el de las víctimas, cuyos cadáveres también ocultaban ellos mismos o sus compinches. Un caso muy significativo es el de la última saca carcelaria conocida de Ciudad Rodrigo. Fue el 16 de diciembre de 1936. Siete vecinos fueron ejecutados, al parecer por guardias civiles llegados expresamente del destacamento de Alberguería en la frontera portuguesa, a la vera del camino de Gazapos o la dehesa de Ravida (Iglesias 2016: 308-309). Las diligencias de información promovida por los familiares derechistas de Eduardo Aparicio Fernández, que se llevaron sus restos para inhumarlos en Béjar, tuvo por efecto la desaparición de los otros seis cadáveres al poco tiempo. A pesar de las investigaciones, no se han hallado rastros de su paradero hasta ahora. Si se hubiera buscado antes quizá tampoco hubiera servido de nada, si en aquella ocasión los “enterradores” emplearon el método con que a veces garantizaban dicha impunidad, a juicio de informantes fiables. En 1973 Francisco Martín (“tio Quicu Tabarru”), de 80 años entonces y vecino de El Payo, espontáneamente contó al cronista que la viuda de uno de aquellos ejecutados, Alfredo Miguel, que regentaba una ferretería en Ciudad Rodrigo, le había dicho tiempo atrás que su marido “estaba allí, en un cementerio [clandestino] cerca del Puerto de Perales”. Se refería a la fosa o fosas de Carvajales (en el término de El Payo). Otros informantes añadían que por allí habían quemado cadáveres.

El citado Francisco Martín, con una lucidez extraordinaria, sentenciaba que los mandos militares rebeldes no podían castigar a quienes realizaban tales actos de barbarie, porque ellos mismos los habían autorizado implícitamente con la entrega incontrolada de armas. Obviamente, tampoco podían castigar a los responsables de Ciudad Rodrigo que les ayudaban a llevar adelante la campaña de “limpieza” expeditiva y criminal contra desafectos al Movimiento en la zona. Pero aunque solo fuera para guardar las apariencias de aquella parodia de justicia, el comandante militar de la Plaza (Marcelino Ibero, capitán de Carabineros), el capitán de la compañía de la Guardia Civil (Antonio Cejudo) y el director de la prisión del Partido (Jerónimo Maíllo), tuvieron que mentir descaradamente (ellos “habían puesto en libertad a los detenidos” y “no sabían” qué había sido de los mismos después). No parece descabellado suponer que hicieran todo lo posible para favorecer la desaparición de otros cuerpos de delito. De hecho, el miedo ha sido suficiente para sellar muchas bocas y el paso del tiempo, con sus diversos avatares, ha obrado en el mismo sentido negativo. Lo que ha sucedido con las citadas fosas de Carvajales es una excelente muestra. Muchos comarcanos conocían su existencia, no hace muchos años había personas que, en su adolescencia, habían visto a las víctimas moribundas o ejecutadas in situ; pero los mismos familiares de éstas (cacereños y salmantinos), amedrentados, emigrados, envejecidos o cansados, ignorantes de sus derechos, nunca se han atrevido a solicitar una investigación. Y nadie les ha ayudado a llevarla a cabo.

Sin ánimo de ofender a nadie, conviene recordar que las principales actuaciones de recuperación explícita de la memoria histórica de esta zona, en El Bodón, Fuenteguinaldo, Casillas de Flores y Robleda, se han efectuado por iniciativa de emigrantes en el País Vasco, Navarra y Francia. Los pocos descendientes de represaliados que no han emigrado se han reconcomido por dentro o han lanzado exabruptos a destiempo; pero no han sabido o podido asumir plenamente el legado republicado e incluso algunos de ellos lo han renegado. En Ciudad Rodrigo se han hecho las cosas con la mordaza puesta, con homenajes simbólicos en el monolito de la plaza de Arcachon (2009) y la placa del Ayuntamiento (2016), pero sin nombres de víctimas. Es un silencio muy estridente cuando se piensa que en “la ruta de los malditos” republicanos (que empieza en la Plaza del Árbol Gordo y sigue por la carretera de las Serradillas) se rinde homenaje permanente a uno de los fundadores de la Falange, Agustín de Foxá. Sus secuaces fueron los principales causantes de las situaciones de viudez, orfandad, exilios y otros estragos, que son las evidencias en que se sustenta la reconstrucción de la memoria republicana.

Carvajales 2019 - FG
Carvajales, diciembre 2019. Foto FG.

Referencias:
Ángel Iglesias Ovejero:
-“Memorias del terror: Transcripción literal de testimonios de Robleda (1973, 1976) y El Payo (1973)”. En: Cahiers du P.R.O.H.E.M.I.O., 10, 473-549;
-La represión franquista en el sudoeste de Salamanca (1936-1948), CEM, 2016;
-“Secuelas vigentes del franquismo. Contra la desmemoria republicana, “archivos vivientes” (20): Francisco Martín Rodríguez, pionero en la recuperación de la Memoria Histórica de El Payo” (http://www.ciudadrodrigo.net/2020/02/27/secuelas-vigentes-del-franquismo-contra-la-desmemoria-republicana-archivos-vivientes-20-francisco-martin-rodriguez-pionero-en-la-recuperacion-de-la-memoria-historica-de-el-payo/).

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