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Revés para la empresa Berkeley

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Revés para la empresa Berkeley
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Comunicación Plataforma Stop Uranio


Tras haberlo solicitado hace meses sin recibir respuesta, por fin la Diputación de Salamanca nos ha informado de la situación del convenio de colaboración firmado por la institución provincial con la empresa Berkeley Minera España S.L. en el año 2016 para el desdoblamiento de la carretera comarcal SA-322, por lo que hemos tenido conocimiento de la rescisión del citado convenio de colaboración mediante un Decreto con nº 4929/20 y fecha 9 de diciembre de 2020. Este hecho significa un hito en el devenir del proyecto minero y un inconveniente mayúsculo en la pretensión de abrir la mina y planta de tratamiento de uranio de Retortillo, al ser la primera vez que una administración implicada en este asunto da marcha atrás y le da la espalda a la empresa minera.
En el proyecto presentado por Berkeley se hablaba de la necesidad de desdoblar la citada carretera, pues “su trazado cruza por la zona sur de la futura corta de Retortillo, por lo que es necesario su desvío en el tramo comprendido entre el pueblo de Retortillo y el Balneario de Retortillo. El nuevo trazado de la carretera permitirá el aprovechamiento de zonas en el sur del proyecto para ubicación de escombreras e instalaciones mineras, a la vez que permitirá la explotación de la zona sur de la corta”.

No creemos que sea viable una nueva modificación del proyecto excluyendo los terrenos afectados por la carretera. Hay que recordar que La concesión minera, otorgada por la Junta de Castilla y León en 2014, comprende terrenos de los municipios de Retortillo y Villavieja de Yeltes, pero la Autorización de uso excepcional en suelo rústico se otorgó sólo para el municipio de Retortillo por lo que la recurrimos en el Juzgado Contencioso Administrativo.

A pesar de que la Licencia Urbanística, sin licencia de obras, concedida por el ayuntamiento de Retortillo el año pasado excluía los terrenos afectados por la carretera SA-322, a la espera de que la empresa minera pudiera desdoblar la carretera (permiso que también lo tenemos recurrido en el Contencioso), no podemos imaginar que se pueda permitir seguir troceando el proyecto inicial para dejarlo sin contenido.

Mientras tanto Berkeley sigue pendiente únicamente de su negocio bursátil, habiendo comunicado que tras el Brexit el país de referencia para la negociación de sus acciones deja de ser el Reino Unido y pasa a ser el supervisor español el competente.

Pero cada día que pasa se ve menos movimiento en las instalaciones que posee Berkeley en Retortillo, por lo que en Stop Uranio confiamos en que el revés sufrido por la minera en su relación con la Diputación de Salamanca signifique el principio del fin del proyecto. Las administraciones pendientes de otorgar permisos, como la autorización de construcción de la planta de tratamiento de uranio por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto demográfico, deben tomar nota y cerrar las puertas definitivamente a la multinacional australiana.

___

EXPTE. ELECTRÓNICO 39983

Mediante Decreto de la Presidencia con transcrito no 5400/20, de 21 de diciembre, se adoptó la siguiente RESOLUCIÓN:
Visto el Informe del Área de Organización y Recursos Humanos de fecha 21 de diciembre de 2020, que literalmente dice:
Informe-Propuesta que elabora el Técnico Medio de RRHH y eleva a la Directora del Área de Organización y Recursos Humanos en relación con la solicitud de acceso a la información efectuada por Da. Raquel Romo González, en representación de Plataforma Stop Uranio.

ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Con fecha de registro de entrada de 11/11/2020 se recibe petición con registro de entrada no 2000034284, formulada por Da. Raquel Romo González, actuando en representación Plataforma Stop Uranio, en la que solicita, en relación con el Convenio de colaboración firmado por la Diputación con la empresa Berkeley Minera España S.L.: “insistimos en nuestro derecho a conocer ese dato concreto de si la Diputación de Salamanca ha dictado resolución por la que ha concluido el convenio firmado con la empresa Berkeley Minera España S.L.”.

Motiva su solicitud indicado: “defender nuestra tierra”.

Segundo.- El día 18 de diciembre de 2020 se recibe del Área de Fomento la información solicitada.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero.- La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, reconoce en su artículo 12 el derecho de acceso a la información pública de todas las personas, desarrollando el derecho previsto en el artículo 105 b) de la Constitución. Determina su artículo 13 que “Se entiende por Información Pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”.

El artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, como derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas, entre otros:

“d) Al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico.
h) A la protección de datos de carácter personal, y en particular a la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas”.

El artículo 53.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, reconoce como derechos del ciudadano respecto de los procedimientos en los que tenga la condición de interesado, entre otros, “a acceder y a obtener copia de los documentos contenidos en los citados procedimientos”.

Segundo.- El Decreto de Presidencia con transcrito nº 3404/15, de 29 de septiembre, establece la forma de presentar y cursar las solicitudes de acceso a la información que obre en poder de esta Diputación.

Tercero.- La información solicitada tiene la consideración de información pública, en los términos recogidos en el artículo 13 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y no está afectada por las limitaciones establecidas en los artículos 14 y 15 de dicha norma, por lo que procede proporcionar a la solicitante los datos interesados.

Cuarto.- El órgano competente para resolver es el Presidente de la Diputación, en virtud de las atribuciones conferidas en el artículo 34.1.o) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. Tales atribuciones han sido delegadas mediante Decreto de la Presidencia no 4347/20, de 9 de noviembre, en el Diputado Delegado del Área de Presidencia.

Por todo lo expuesto, se eleva a la consideración del órgano decisor la siguiente PROPUESTA:

Primero.- Conceder el acceso a la información solicitada por Da. Raquel Romo González, en cuanto a la información sobre si la Diputación de Salamanca ha dictado resolución por la que ha concluido el convenio firmado con la empresa Berkeley Minera España S.L.
Segundo.- En cumplimiento de tal concesión, se informa que mediante Decreto con transcrito nº 4929/20, de 9 de diciembre, se ha resuelto:
“Primera: Se proceda a la rescisión del convenio de colaboración suscrito con fecha 19 de septiembre de 2016 y que tiene por fin articular la colaboración de la Diputación Provincial de Salamanca y la mercantil BERKELEY MINERA S.L. en la construcción de una variante a la carretera SA-322 (DSA-451).

Segunda: Notifíquese la Resolución a los interesados”.

Tercero.- Notificar la resolución a la solicitante, indicándole que el acto pone fin a la vía administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y que contra el mismo podrá interponer, con carácter potestativo, reclamación ante la Comisión de Transparencia de Castilla y León en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a su notificación, o bien directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Salamanca, sin que pueda simultanear ambos recursos y sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime procedente.

DECRETO DE LA PRESIDENCIA. Vista la anterior propuesta y conforme con la misma, en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 34.1.o) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, resuelvo en sus propios términos.

Lo que le notifico para su conocimiento y efectos, en Salamanca, a la fecha de su firma.
El Secretario General,
Fdo.: Alejandro Martín Guzmán

 

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