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Compromís lamenta que el Gobierno no prevea impulsar el cambio de la franquista Ley de Minas de 1973

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Compromís lamenta que el Gobierno no prevea impulsar el cambio de la franquista Ley de Minas de 1973
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Comunicación Grupo Compromís en el Senado


  • Mulet recuerda que se trata de una de las 66 leyes aprobadas en dictadura que no han sido modificadas

El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha lamentado hoy la falta de compromiso del Gobierno en derogar la Ley de Minas del franquismo todavía en vigor, la cual permite situaciones de abuso del sector que priman sobre la legislación medioambiental o incluso las capacidades de las entidades locales en decidir sobre el propio futuro de su territorio.

Carles Mulet en la balsa con miembros de la Plataforma Stop Uranio y Ciudadanos del Reino de Leon - 4

“La ley de minas fue aprobada por un Gobierno ilegítimo como el franquista, en una época donde los condicionantes medioambientales no existían, y se primó el interés de la actividad minera por encima del resto. Esa misma lógica es la que se aplica hoy, donde se entiende a la minería como una actividad de supuesto interés general que permite concesiones en terrenos de gran valor ambiental o paisajístico, donde los ayuntamientos o propietarios de terrenos no tienen capacidad de oponerse y donde los condicionantes ambientales se limitan a reparaciones paisajísticas posteriores que nadie controla y no recuperan nunca los espacios desaparecidos e impactos”, ha indicado.

Mulet ha recordado que en los últimos años han proliferado las movilizaciones vecinales en todo el territorio del Estado contra aventuras mineras de gran impacto, vinculadas en gran parte a la pura especulación empresarial y societaria, donde la actividad extractiva es simplemente la coartada para mover dinero y generar actividad bursátil, pero que condiciona el futuro urbanístico o incluso económico de comarcas enteras. “Así encontramos minas en las sierras de Ávila de feldespato, minas de uranio en Salamanca, minas en buena parte del territorio valenciano, sin el más mínimo de control, donde llegan grandes intereses económicos a los que se permite hacer catas en terrenos ajenos y sin que los ayuntamientos ni los propietarios de este suelo tengan instrumentos para valorar estas actuaciones, aunque destruyan acuíferos, árboles monumentales, restos arqueológicos, ponga en peligro la supervivencia de comarcas enteras…”, lamenta.

El Gobierno ha contestado a la pregunta de Mulet, dándose por satisfecho con la actual normativa, con una evaluación del impacto ambiental que ya hemos visto que es insuficiente. El senador ha recordado que “estamos hablando de permisos de actividad minera concedidas por 30 años, que se pueden renovar y, por ejemplo, permiten ampliar y continuar alterando zonas sensibles como el Parque Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca extrayendo toneladas de turba y transformando esta zona de marjal. Que el Gobierno vea como suficiente el cumplimento de los Planes del Restauración, que ya hemos visto como se hacen mal, es preocupante. Y para justificar lo injustificable hablan de la incorporación de la legislación de protección laboral que, si bien es importante, nada tiene que ver con el fondo de la problemática de la ley de minas”.

Mulet ha recordado que la minería es competencia exclusiva del Estado, según el artículo 149 de la Constitución, y no se ha acoplado a normativa europea como por ejemplo al Convenio de Aarhus de participación pública, o está por encima de directivas europeas que deberían condicionarla. “No respeta la organización territorial del Estado emanada de la Constitución, puesto que obvia la estructura autonómica, desconoce el reparto competencial actual, no respeta la acción de las Comunidades Autónomas en sus ámbitos de actuación, obvia la propia autonomía municipal, etcétera”.

Para el senador “a pesar del interés en mantener esta ley franquista, hay que buscar las mayorías parlamentarias en las Cortes Generales para impulsar una nueva normativa que contemple las competencias de los ayuntamientos en su propio control urbanístico, las competencias autonómicas, la legislación de protección ambiental que ha surgido con posterioridad a la legislación estatal de minas y las normativas europeas. Se trata de crear una nueva ley que acabe con la tiranía del interés unos pocos, camuflados como interés general. Hay que buscar una regulación realista, sostenible y que concilie los intereses enfrentados, no como ahora que solamente tienen en cuenta uno de los intereses por encima del resto. Hemos visto demasiados ejemplos de abusos, amparados por una ley franquista todavía en vigor”, ha concluido.

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