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El Tribunal Supremo suspende cautelarmente el “toque de queda” de la Junta, por ser incompetente en la medida

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El Tribunal Supremo suspende cautelarmente el “toque de queda” de la Junta, por ser incompetente en la medida
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Hoy se ha conocido que el Tribunal Supremo ha dictado auto de suspensión cautelar de la medida adoptada por la Junta de Castilla y León adelantando el “toque de queda” (restricción de la movilidad de las personas) a las 20 horas, recurrida por la Abogacía del Estado en nombre de la Administración General del Estado, Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.

El Tribunal, una vez recibidas las alegaciones de la Junta de Castilla y León, ha dictado la suspensión de la medida de la Junta, con diversas consideraciones.

El Auto indica explica en el punto Cuarto: “el otorgamiento de la medida cautelar solicitada”:

“… todo el alcance de la limitación de los derechos fundamentales afectados por el estado de alarma debe estar expresamente previsto en dicha norma y, concretamente, en el caso de la libertad de circulación, deberá estar fijado para “horas” determinadas. Esta exigencia de predeterminación en la norma del estado de alarma es completamente opuesta a la tesis de la representación de la Comunidad de Castilla y León, que sostiene que puede “agravar” la restricción, más allá del preciso límite de horas previsto en la norma del estado de alarma, sin otro límite que el agravamiento de la restricción no exceda del “horario nocturno”.

En este momento procesal y a los solos efectos de resolver sobre la medida cautelar, consideramos que la argumentación de la Junta de Castilla y León para sostener que dispone de la facultad de agravar la restricción de la libertad de circulación es, in icto oculi, esto es, de un vistazo, contraria a la predeterminación que viene impuesta, ex art. art. 11.1.a), de la LO 4/1981. Es más, ni tan siquiera la propia norma del estado de alarma, el R.D. 926/2020, estaría habilitada para introducir semejante indeterminación en el marco de restricción máxima de la libertad de circulación.

Los límites máximos y mínimos dentro de los que las autoridades delegadas en el estado de alarma pueden adelantar y atrasar las “horas” de inicio y finalización de la limitación de la libertad de circulación están delimitados con toda precisión en el art. 5, 1 y 2 del R.D 926/2020, debiendo situarse entre las 22,00 y las 00,00 horas el de inicio, y entre las 5,00 horas y  las 7,00 horas el de finalización. El rango horario es claro y preciso y, desde luego, la interpretación que sostiene la Junta de Castilla y León respecto al alcance de los art. 9 y 10 del R.D. 926/2020 y, en particular, la asimilación del significado del verbo “modular” a la acción de “agravar”, está muy lejos de ser evidente.

Así pues, debemos concluir, a los únicos efectos de este incidente cautelar, que aparecen sólidamente cuestionada la adecuación a Derecho del acuerdo recurrido, que podría incurrir en nulidad de pleno derecho, al imponer una limitación de un derecho fundamental, la libertad de circulación, más allá del ámbito horario permitido en el R.D 926/2020, del estado de alarma, con afectación del derecho fundamental susceptible de amparo constitucional (art. 47.1.a Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común), y que se adopta por un órgano que resulta, prima facie, manifiestamente incompetente por razón de la materia (art. 47.1.b LPAC).

Por último, la ponderación de los intereses en conflicto (art. 130.1 LJCA) no es, como propone la Junta de Castilla y León, entre el simple interés del mantenimiento de la norma del estado de alarma y la salvaguarda de los derechos a la vida y la salud, cuya defensa invoca para sí la Administración autonómica. La protección de la salud y seguridad de los ciudadanos es la finalidad común de las dos Administraciones, pero las medidas que puedan adoptarse deben respetar, entre otros límites, los derechos fundamentales garantizados en la Constitución. Precisamente porque la situación sanitaria lo exige, se han limitado determinados derechos fundamentales, pero cualquier restricción mayor que se considerase necesaria, deberá ser establecida con las mismas garantías formales y por el órgano competente (art. 116.2 CE y Ley Orgánica 4/1981), y el Presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en tanto autoridad delegada del estado de alarma, no ostenta, con la suficiente nitidez, la competencia necesaria.

….  Por otra parte, las propias alegaciones de la Junta de Castilla y León nos ponen de manifiesto que se ha optado por la restricción de la libertad de circulación antes que otras medidas disponibles,  y  se  menciona  el  adelanto  del  horario de  cierre de establecimientos de actividades no esenciales (pág. 9 alegaciones Junta de Castilla y León). Por tanto, existen alternativas a la medida impugnada, y nada impide que se utilicen esas otras medidas por la autoridad competente delegada, lo que abunda en la preponderancia de la tutela del derecho fundamental en cuestión y, por tanto, en el  otorgamiento de la medida cautelar que lo proteja.

… suspende la vigencia de los puntos 1 y 3 del apartado primero del Acuerdo 2/2021, del Presidente de la Junta de Castilla y León (BOJCyL de 16 de enero de 2021)”.

En el ámbito político de la Comunidad Autónoma de Castilla y León se había comentado que este Acuerdo de la Junta sería tumbado por el Tribunal Supremo, como ha hecho de momento de forma cautelar, porque defiende el derecho a la libertad de movimiento frente al Acuerdo, pues expone la duda de la competencia para limitar esta libertad.

También ha conocido CiudadRodrigo.net que el grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León ha solicitado el informe jurídico, que hasta el momento no lo han recibido, tras un mes transcurrido desde la vigencia del Acuerdo que limita la movilidad, “toque de queda”.

En el sector de la hostelería de Ciudad Rodrigo, en un grupo de WhatsApp en el que hay varios industriales del sector, hay un malestar importante por la limitación. Están en contra de los actuales dirigentes del gobierno de Castilla y León y piden la dimisión de Alfonso Fernández Mañueco, y proponen para el cargo al actual alcalde de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias Caridad.
También se valora, como en el resto de la Comunidad por las noticias sobre el asunto, reclamar por el “lucro cesante” ocasionado por esta medida, una cantidad importante que en caso de reclamación será de una cuantía alta que reclamarán a la administración autónoma. Pero ¿deben pagar todos los ciudadanos los errores de los políticos que toman decisiones así?

(imagen de archivo)

 

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