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PP y C´s rechazan crear un complemento para retribuir el teletrabajo a empleados públicos que se trasladen a municipios de menos de 500 habitantes

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PP y C´s rechazan crear un complemento para retribuir el teletrabajo a empleados públicos que se trasladen a municipios de menos de 500 habitantes
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Comunicación PSOE Salamanca


  • El PSOE defendió esta mañana la propuesta como una de las medidas de lucha contra la despoblación necesaria

La procuradora del PSOE por Salamanca, Rosa Rubio, instó esta mañana a la Junta de Castilla y León a crear y dotar un complemento específico que retribuya a los empleados públicos que desarrollen su puesto de trabajo bajo la modalidad de “teletrabajo” y trasladen su domicilio y residencia a un municipio con un censo inferior a 500 habitantes y permanezcan en él al menos durante 3 años.

En su intervención en defensa de esta iniciativa socialista en la Comisión de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León, Rubio ha explicado que la propuesta entra dentro del marco de las medidas que propone el PSOE para la lucha contra la despoblación “y que tanto necesita la Comunidad como la provincia de Salamanca”.

“La lucha contra la despoblación debe ser transversal y muchas pequeñas medidas pueden obtener una gran solución”, ha dicho la procuradora salmantina tras denunciar que “la Agenda de Población, que nació con un horizonte de 2010/2020, no ha contribuido a parar la sangría demográfica y se han perdido 164.597 habitantes en los últimos 10 años.”

En esta línea, Rosa Rubio ha apuntado que la pandemia ha traído otras formas de vivir y “muchos ciudadanos trasladaron su domicilio, desde las ciudades a municipios más pequeños” y ha defendido que el  teletrabajo puede ser una  herramienta para una mejor organización de los  recursos humanos  de los que dispone la Administración  y, también, para facilitar la conciliación de  la vida personal, familiar  y laboral del empleado público, pero, sobre todo, “un medio más para la luchar contra la gran lacra de nuestro territorio, la despoblación.”

“Ahora, una vez comprobado que es totalmente compatible allá donde existan los medios técnicos y tecnológicos adecuados, y demostrado además que no ha existido una reducción en la productividad laboral en las empresas en las que se ha implantado, se puede dar un paso más y ofrecer el teletrabajo como una forma de desarrollo de las relaciones laborales de manera voluntaria pero estable en el tiempo”, sostuvo.

En este sentido, la parlamentaria salmantina ha insistido en que las administraciones públicas deberían ser las primeras empresas en impulsar y mantener el teletrabajo y en que, la cada vez mayor implantación de la administración electrónica, hace que los puestos susceptibles de acogerse al teletrabajo sean cada vez mayores, siempre y cuando, “se desarrollen en lugares que existan los medios tecnológicos necesarios para su prestación”.

La Junta de Castilla y León, como empresa, emplea a más de 84.000 trabajadores, unos 25.000 desarrollan tareas en áreas administrativas, precisamente las susceptibles de poder acogerse u optar al teletrabajo, una medida laboral, ha subrayado Rubio, “que se debe implementar voluntariamente, que se debe ofertar junto con un atractivo económico, que compense además, los gastos que acarrea para un teletrabajador los distintos consumos como teléfono, conexión a la red, luz, equipo informático etc…”
Por ello, desde el PSOE se defiende y se propone este incremento del complemento específico del puesto, que es el que está destinado a retribuir las condiciones particulares de algunos puestos de trabajo en atención a su especial dificultad técnica, dedicación, incompatibilidad, responsabilidad o peligrosidad y, remachó la parlamentaria, “y su ejecución administrativa es fácilmente factible ya que  el complemento va ligado al puesto de trabajo”.

La iniciativa socialista proponía la posibilidad, vía concurso, “de ofertar plazas susceptibles de ser desarrolladas mediante teletrabajo, esas plazas o puestos, llevarían asociado un complemento específico que cubriera o paliara los gastos e hiciera atractivo al empleado público su solicitud”. A cambio, obligatoriamente, el empleado público tendría que trasladar su domicilio a cualquier municipio de nuestra Comunidad Autónoma que tenga un censo inferior a 500 habitantes y permanecer en él de manera continuada durante al menos 3 años”, concluyó.

(imagen de archivo)

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