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Secuelas vigentes del franquismo. Exilios y emigración (29): La vacante del obispo de Ciudad Rodrigo y “la peau de chagrín” (la piel de zapa), por Ángel Iglesias Ovejero

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Secuelas vigentes del franquismo. Exilios y emigración (29): La vacante del obispo de Ciudad Rodrigo y “la peau de chagrín” (la piel de zapa), por Ángel Iglesias Ovejero
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La vacante de obispado de Ciudad Rodrigo desde 2019 es un asunto espinoso sobre el que, sinceramente, sería mejor no tener que opinar. Ya se han pronunciado algunos colegas del Centro de Estudios Mirobrigense, no por afán de inmiscuirse en decisiones propias de la Jerarquía eclesiástica, sino por las previsibles consecuencias de esta circunstancia. Los miembros de dicha institución académica, que tiene como objetivo el estudio de la ciencia, la literatura, el arte y la historia de la tierra mirobrigense y su obispado, no pueden permanecer impasibles ante la eventualidad de que la situación actual derive en la supresión de la diócesis. Por nuestra parte, se ofrece una opinión personal con el enfoque y talante habitual sobre un aspecto de la historia reciente de esta zona. Vaya por delante que la crisis comentada no tiene nada que ver directamente con “las secuelas franquistas”, pero la política de silencio con la que se pretende resolver trae malos recuerdos y no es de muy buen augurio. Porque es de temer que esta vacación sea solamente un síntoma de males mayores en este rincón castellano-leonés, tan representativo de “la España vacía”.

Para los lectores despistados y ausentes de la diáspora mirobrigense conviene recordar que la causa remota se relaciona con la renuncia al cargo del obispo Raúl Berzosa el 16 de enero de 2019. Fue aceptada pura y simplemente (simpliciter) por el papa Francisco, quien en junio de 2018 le había concedido una excedencia para que disfrutara de un “período de reflexión y renovación espiritual”. Para los civitatenses no era una noticia del todo inesperada, pero las explicaciones, sin duda cristalinas para los letrados, resultaban algo sibilinas para el común de los mortales. La Iglesia cuida mucho el detalle de no provocar el escándalo con la información sobre hechos pecaminosos que la conciernen, y a veces consigue que lo silenciado, corregido y aumentado, se convierta en un secreto a voces. La vox pópuli daba por cosa cierta que se trataba de un castigo, porque las despedidas de prelados ejemplares, sobre todo cuando se premian con ascensos, no se hacen a la francesa, sino con homenajes previos. Desde entonces el obispado es “sede vacante” y ha tenido dos administradores apostólicos.
Un sacerdote civitatense lo evocaba lacónicamente en la publicación digital de la diócesis (08/01/2021), para lamentar que desde entonces “la iglesia particular de Ciudad Rodrigo está sin su obispo residencial” y para hacerse eco de rumores sobre la posibilidad de que la mitra se vaya a “eliminar” o “unir a Salamanca”. No criticaba explícitamente al actual Administrador Apostólico, quien, según se desprende de una “Carta a las Parroquias e Instituciones Diocesanas” (24/01/21), es partidario del silencio y los circunloquios, y se sintió señalado por el estilo franco y el empleo de una exclamación en latín por el presbítero (Surgere Civitas!, ‘levántate, Ciudad’) que le suena a llamada a la rebelión contra el Papa de quien tiene delegación, y recomienda la docilidad callada. Ha pasado un mes. Nadie discute al Administrador Apostólico su legitimidad y desvelos. Pero, aun a sabiendas de que la Iglesia no es una democracia (el orden sacerdotal es un sacramento, se enseña en la catequesis), el remedio, muy parecido al dicho castrense de que “quien obedece nunca se equivoca”, y la imposición tajante del silencio son duros de tragar y no parecen haber surtido el efecto deseado, a juzgar por los comentarios que no cesan. Y ello revela una profunda y persistente inquietud que vale la pena tratar de explorar.

La historia del obispado de Ciudad Rodrigo que J. I. Martín Benito y otros colegas describen tiene un extraño parecido con lo que los franceses designan mediante una locución nominal: la peau de chagrin (cuero, piel rugosa), que figuradamente se aplica a aquello que se encoge inexorablemente. Este sentido se debe a una novela homónima de Honoré de Balzac (1831), cuya traducción por La piel de zapa (1845) no ha tenido una fortuna comparable en la fraseología española. Es un relato naturalista sobre un talismán mágico que un joven desesperado encuentra, un trozo de piel de zapa que tiene la propiedad de satisfacer sus deseos, pero conlleva el efecto no deseado de encogerse cada vez que uno de ellos se cumple y de paso al beneficiario le abrevia la vida. La comparación con el Obispado y su tierra es odiosa, más que nada porque nunca se han beneficiado de regalos de ningún tipo y el destino previsible resulta poco halagüeño. Pero con ayuda de la nostalgia la imagen del pasado se puede decorar y mientras hay vida cabe la esperanza de cambiar el rumbo.

Hubo un tiempo en que, durante el reinado de Fernando II de León (s. XII), la diócesis civitatense surgió de las cenizas de una sede ubicada en el actual territorio de Portugal y tuvo el extraño privilegio territorial de estar a caballo entre este reino y la transierra extremeña. La condición transfronteriza enriquecía la variedad lingüística (lenguas gallego-portuguesas, falas fronterizas, hablas leonesas de La Ribera, El Rebollar y el norte de Extremadura, ya todas ellas muy sensibles a la hegemonía del castellano) y la expansión hacia el sur favoreció moderadamente la repoblación, la economía agropecuaria y el comercio, a pesar del lastre que suponían las guerras entre las familias reinantes en las monarquías leonesa, portuguesa y castellana. Muchos prelados de la Ciudad dieron lustre a las letras españolas y se ejercitaron para mayores empresas en la Iglesia y en la Monarquía Castellano-leonesa e Hispánica, como puede apreciarse en el Episcopologio civitatense publicado por el CEM (2010), donde hay un llamativo silencio sobre el período de 1932 a 1950 en que se repuso el obispo en la sede vacante.

Esta coincidencia con la vacación actual será por mera casualidad, pero da que pensar, porque lo no contado allí es cosa sabida. El Administrador apostólico de entonces se adhirió a la “Cruzada”, gestada en Salamanca por los mandos militares sublevados contra el Gobierno legítimo de la República, con la imprescindible participación de la jerarquía episcopal y los intelectuales nacional-católicos. De inicio esta “guerra santa” en gran parte fue llevada a cabo por legionarios y regulares musulmanes del ejército colonial africano, encargados de la fracasada marcha triunfal sobre Madrid. Algunos de ellos fueron curados de sus heridas en hospitales de sangre instalados en los pueblos mirobrigenses e incluso en el Hospital de la Pasión, cerca del cual (en el antiguo “Cuartel de la Bomba”) las Milicias fascistas detenían a los opositores locales al Movimiento en espera de las sacas macabras, sin que nadie moviera los labios (incluido el sustituto del obispo que residía a un tiro de piedra). El papa Pío XI, reacio al principio, dejó hacer después y su futuro sucesor Pío XII (1939), que había sido nuncio en el Imperio alemán, tuvo un comportamiento ambiguo de condena del Nazismo y tolerancia con Hitler. Por encima de todo, ambos papas aborrecían el Comunismo, y Franco daba garantías en ese sentido. Durante el primer franquismo secretamente los párrocos mirobrigenses (algunos tenían escrúpulos) colaboraban en la represión policial de los “desafectos” al Régimen. Los eclesiásticos en general navegaban con viento a favor en tiempos difíciles para la mayoría del pueblo español. Con el concilio Vaticano II (1962-1965) hubo una toma de conciencia en la Iglesia española que dio sus frutos en la llamada Transición (1975-1978 o 1986), pero no fue del agrado de los católicos más papistas que el Papa y amigos de los métodos expeditivos (“Tarancón al paredón”, se gritaba en 1973, como si aquel cardenal, que era Presidente de la Conferencia Episcopal Española, fuera responsable del asesinato por la ETA de L. Carrero Blanco, Presidente del Gobierno de España).

Parte de la situación que ahora se comenta se fraguó por entonces, empezando por la negación de la memoria histórica republicana y la exaltación del franquismo en la que ha colaborado copiosamente el estamento eclesiástico español, en consonancia con la sensibilidad de la jefatura suprema de la Iglesia. Atrás quedó el ensayo de “aggiornamento” de Juan XXIII y Pablo VI, cerrado con la muerte de éste (1978). No han vuelto a tocarse a fondo problemas “postconciliares”, como el celibato de los sacerdotes (en parte causante de vocaciones frustradas, por no hablar de abusos infames) y el papel de la mujer en la Iglesia, que es un verdadero papelón, porque se da el caso de que las religiones monoteístas más conocidas arrastran una misoginia ancestral. En ellas se reza y se habla de Dios en masculino, aun siendo ente espiritual, y relegan a las mujeres, por el hecho de nacer con esa especificidad, a una función más bien ancilar. En la Iglesia Católica, en concreto, no tienen muchas opciones de sacerdocio, lo que resulta difícil de asimilar, después de haberse reconocido hace tiempo que las mujeres tienen alma y comprobado que moralmente no son peores que los varones ni menos inteligentes, siendo evidente que las más apreciadas joyas de la familia humana no son indispensables para pensar. Misterioso.

Después de Pablo VI, la estrategia de la Iglesia se centró en el tradicional ajuste de cuentas pendientes con el Comunismo y el Anticatolicismo de Rusia acentuado con la Revolución de 1917. Juan Pablo II no mostró sintonía con los curas obreros y la teología de la liberación, y en cambio se dedicó a repoblar el cielo canonizando a destajo “mártires de la Cruzada”. Por las víctimas republicanas no mostró empatía especial, no ya por las no creyentes, sino incluso por aquellas que, como el alcalde de Ciudad Rodrigo y otros mirobrigenses, eran mejores cristianos que quienes los condenaron a muerte. El silencio y el olvido fue la política de la memoria que, tras la proclamación de la Ley de amnistía en 1977 (de hecho ha supuesto la impunidad de los crímenes franquistas), que se cultivó durante los desteñidos gobiernos socialistas de F. González (1982-1996). La reivindicación del pasado franquista por parte del intrépido J. M. Aznar despertó los movimientos memorialistas que dieron paso a la Ley de Memoria Histórica con el gobierno de J. L. Rodríguez Zapatero (1977). El impávido M. Rajoy consideró que “la ley se estaba cumpliendo”, gracias sin duda a su celo en dejar la aplicación de LMH sin subsidio de ninguna clase. Y lo peor fue que contagió su cinismo al rey Felipe VI, que en su lamentable discurso navideño de 2016 asimiló la legítima recuperación de la memoria republicana con actividades subversivas (“nadie agite viejos rencores o abra heridas cerradas”), dejando entrever el pecado original de la restauración borbónica en 1975 cuya vinculación histórica con las leyes franquistas es innegable. En este tiempo el obispo y los párrocos de la diócesis civitatense no se han opuesto a los homenajes discretos a las víctimas republicanas en los cementerios de Fuenteguinaldo, Robleda y Casillas de Flores. En la sede episcopal se han borrado letreros fascistas en un par de iglesias.

En este aspecto como en otros, el obispado ha seguido la política tradicional de la Iglesia, que, en espera de manipular y fagocitar el poder temporal por encima del cual establece el suyo, se acomoda con el Régimen existente. En España el centralismo estatal autoritario ha pasado a ejercerse regionalmente desde la capital castellana, con cierto espíritu de campanario que ahora, por la vía jerárquica eclesiástica, corre el riesgo de aplicarse a la vacante del obispado, sufragáneo de la archidiócesis de Valladolid. En la periferia del territorio administrado por la Junta de Castilla y León la peau de chagrin se reduce en todos los sentidos. Como ya hemos señalado otras veces, en la zona de Ciudad Rodrigo la perspectiva es sombría en el plano demográfico, social, educacional, cultural, asistencial, etc., etc. El más acuciante es el primero, que lógicamente es tributario de los otros. La población se reduce y la media de edad aumenta. A título de ejemplo: la población total de los cinco pueblos de El Rebollar superaba los 8.500 hab. en 1950, pasaba de 4.000 hab. en 1970, de los 2.600 hab. el año 2000, y de los 1.800 hab. en 2020. Aumentó en los años del hambre, descendió brutalmente con la emigración y el desarrollo económico y declina actualmente sin cesar. Por supuesto, nadie echa de menos las denuncias y persecuciones, el analfabetismo, las panzadas de hambre, las tiritonas de invierno, los callos en las manos, las caminatas, etc., que determinaron el Exilio político, la Emigración masiva y el Éxodo rural.

Por cierto, esa heteróclita Diáspora ha sido la empresa más grande y exitosa del Pueblo Español, por encima de hazañas bélicas y aventuras de ambigua valoración cultural, pues en general se ha consumado sin daños de terceros ni violencia, y solamente para los exiliados y emigrantes, y para la tierra que los vio nacer (esto con matices), ha resultado dura y onerosa. En su mayoría, ellos y sus descendientes, se han integrado en los países de acogida donde, sin olvidar (o no todos) su origen, han encontrado una segunda patria en la que los más ambiciosos llegan a ocupar puestos de responsabilidad política.
Pocas familias del campo de Ciudad Rodrigo y de su cabecera se habrán librado del tributo migratorio a la pobreza. Muchos de aquellos sufridos emigrantes enviaron sus ahorrillos a la familia o a las cajas adecuadas para esta recogida. Algunos cumplieron el sueño del retorno al país (nadie deja por gusto a sus padres y otros seres queridos). Así contribuyeron a apuntalar la economía local, e incluso a alimentar una aparente o efímera prosperidad, levantando casas, instalando talleres o comprando tierras para la cría de ganado, como hacían los pocos vecinos que nunca habían sido emigrantes alguna vez. Los organismos dependientes del Ministerio de Hacienda han premiado a unos y otros con impuestos sobre las parcelas urbanas, valoradas con criterios establecidos sin duda para los terrenos aledaños de Valladolid o Salamanca, y cobrando hasta por los chozos, majadas y casetas, a veces en ruinas, como si fueran residencias y bodeguillas de recreo.

De seguir esta deriva al cabo de una generación o dos los problemas de la comarca se habrán resuelto solos, por falta de habitantes. Y tampoco será necesario el obispo…

Por la prensa digital se supo el lunes pasado que las instancias de la Junta se interesan por este asunto. “Todos los partidos del Parlamento de Castilla y León han aprobado por unanimidad una declaración institucional que se leerá mañana [martes 23] en el pleno en la que se apuesta por la continuidad de la diócesis y de un obispo propio exclusivo y residencial” (vidanuevadigital.com./2021/02/22). La buena disposición es digna de alabar en sí, por su carácter uniforme y por su bajo coste. Pero el mismo día previsto dejó de ser de actualidad, porque, según se ha sabido hoy (miércoles 24), rompió la “unanimidad” el procurador de “Por Ávila”, casualmente de donde proviene el actual Administrador Apostólico (“obispo emérito de Ávila”).

“Con la Iglesia, hemos topado, querido Sancho”.

Esta información no necesita más comentario aquí, porque en sustancia no cambia gran cosa. En el supuesto de que el envite hubiera sido bien recibido y seguido de efecto por las autoridades superiores eclesiásticas (en última instancia el Papa, con laboriosos trámites previos), el obispo no podría remediar los susodichos problemas cuya solución incumbe a instancias estatales, comunitarias, provinciales y otras instituciones, con el apoyo de la iniciativa privada. Para empezar, ¿cómo se va a financiar una política de natalidad y rejuvenecimiento de la media de edad en la población? ¿No sería una hazaña comparable con la Repoblación y Refundación de la sede episcopal en el siglo XII? Porque si, por milagro, llegara un prelado joven y dinámico sería como pastor de almas racionales…

Entre tanto, hay que valorar positivamente el respeto y la solidaridad manifestados con los creyentes actuales de la Diócesis cuya supresión sería un castigo inmerecido para ellos y no se alcanza a ver qué beneficio reportaría al resto de la población. En último término, en caso de no ser atendida la petición, a los futuros vencidos siempre les quedaría el consuelo de no haber colaborado en el despojo de su propio patrimonio histórico, religioso y cultural.

 

 

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