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EPÍLOGO A LA CUESTIÓN DE LA DIÓCESIS, por Santiago Malmierca Hernández

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EPÍLOGO A LA CUESTIÓN DE LA DIÓCESIS, por Santiago Malmierca Hernández
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No tenía intención de volver sobre el tema, pero una serie de casualidades y la constancia que muestra el procurador en Cortes por el PSOE José Ignacio Martín Benito me han animado ha redactar este último artículo. La serie de casualidades provienen todas de un libro titulado: “El fracaso de la primera revolución industrial en España, 1814-1913”, por Jordi Nadal. El autor, fallecido en Diciembre pasado, era o es que para el caso es lo mismo, ya que sus investigaciones siguen vigentes, uno de los principales investigadores de la historia económica de España. Cuando inicié la lectura no sabía que iba a toparme con una relación de hechos y datos que de una forma u otra tienen que ver con la que quizás sea la mayor preocupación de quienes se angustian por la posible desaparición de la Diócesis: el desamparo que dejaría y algo así como el sellado oficial y definitivo a la sangría poblacional que viene sufriendo la comarca, la provincia, todo el Oeste peninsular próximo a la Raya… Y es que, según expone el autor, la despoblación del interior de España, de las dos Mesetas, principalmente, no es cosa de hace sesenta años, cuando se inició el Desarrollismo, sino que el asunto viene rodando desde hace más de un siglo… Para fundamentar esta tesis el autor dedica un capítulo titulado: “La desamortización del suelo” y analiza las consecuencias de las dos Desamortizaciones llevadas a cabo en el siglo XIX: la de Mendizábal en 1835 y la de Pascual Madoz en 1855; la primera como desamortización eclesiástica y la segunda como desamortización de las propiedades comunales de los municipios. El resultado no pudo ser más contraproducente a las intenciones de reforma agraria de los promotores. Escuchemos en algunos extractos bastante elocuentes la voz del autor: “En vano el decreto de Febrero de 1836 había expuesto la intención de crear una copiosa familia de propietarios, integrada no sólo por capitalistas y hacendados, sino también por el labrador aplicado e incluso por el jornalero con algunas esperanzas o con la protección de algún ser benéfico; en realidad la desamortización eclesiástica se llevó a cabo con el doble fin de enjugar la enorme deuda del estado y de asegurar en el trono a Isabel II o en el poder a los liberales; para alcanzar el primero se admitieron los títulos de la deuda consolidada como medios de pago; para alcanzar el segundo se aceptaron dichos títulos por su valor nominal, a pesar de hallarse muy depreciados; con ellos los especuladores pujaron cuanto quisieron y derrotaron en la subasta a los campesinos, que hubieran querido pagar a plazos pero en efectivo. El sistema de pago adoptado benefició a unos pocos, acentuando el fenómeno de la concentración de tierras en manos de una nueva clase de propietarios absentistas que hizo depender muchas veces, en grado de servidumbre, a los peor dotados económicamente…”

“¿Cambiaron las cosas en la segunda mitad del XIX, después de las reformas liberales de Medizábal y Madoz? Ya hemos visto que los beneficiarios de ellas fueron quienes debieran haber sido sus víctimas, lo que implica que salió fortalecido el sistema tradicional, tan nefasto; es más, a partir de las desamortizaciones se dio el efecto inverso al que estamos indagando, esto es, el trasvase de capitales desde la economía urbana hacia la rural; la gran oferta de tierras en condiciones de pago muy ventajosas desvió hacia la propiedad unos recursos financieros que, de otro modo, hubieran podido dedicarse a la industria….”

“A partir de 1855, la desamortización civil, es decir, de las tierras comunales, aceleró el deterioro de la situación rural. Por una parte, al verse privados de los bienes propios, con cuyas rentas nutrían sus arcas, los municipios se vieron obligados a cargar sobre los lugareños una serie de impuestos inexistentes antes; de otra, a pesar de haber sido exceptuados de la venta, los bienes de aprovechamiento vecinal fueron entrando en ella en virtud de las presiones de los poderosos, de la confusión del texto legal y de la debilidad e ineficacia de los concejos. En Julio de 1855 se había concedido el plazo de un mes para la oportuna declaración de bienes de común aprovechamiento, a mantener intocados. El tiempo fue pasando entre prórrogas y usurpaciones y en Mayo de 1888 se consideró decaídos los derechos de los pueblos que no hubieran acudido a la defensa de las tierras de común aprovechamiento. Los vecinos que hasta entonces y gracias a múltiples formas de labranza en común habían podido contar con el disfrute de la parte correspondiente en las tierras concejiles, se vieron convertidos, súbitamente, en jornaleros y braceros eventuales de sus adquirientes, sujetos al salario de hambre que la oferta y la demanda les impusiera… En el quinquenio de 1876-1880 la media de las superficies a provechadas en montes comunales y dehesas boyales ascendió a 5 millones de hectáreas; en 1950 los bienes comunales, tanto montes como cultivos, no pasaban de los 2,5 millones de hectáreas .La proletarización puso en marcha la expulsión; la mano de obra asalariada y una buena proporción de los pequeños campesinos propietarios tuvo que buscarse empleo en los núcleos industriales o en el extranjero; Castilla lanzó sobre las ciudades trenes enteros de cultivadores arruinados; de 1882 a 1913 la emigración transoceánica española dio la cifra de casi 3 millones de salidas; pueblos enteros desaparecieron del mapa por desagregación o por traslado en bloque; el caso más resonante fue el de Boada, en el partido judicial de Ciudad Rodrigo, cuyos 300 vecinos (260 jornaleros y 40 labradores) se ofrecieron en 1905 al presidente de la República Argentina. La publicación de la carta de ofrecimiento por el diario La Prensa de Buenos Aires dio lugar a un alegato patriotero del escritor tradicionalista Ramiro de Maeztu; la réplica de los vecinos dejó las cosas en su sitio: “ La Patria no da tierras…; nos han vendido los pastos, las leñas, los huertos, las eras; el patriotismo consiste en comer y en dar de comer a sus hijos…”
El autor no cuenta la suerte que corrieron los vecinos de Boada; por supuesto tampoco dice si la Diócesis Civitatense salió en su ayuda; además ignoro si por aquel entonces tenía capacidad real, es decir, bienes materiales para prestarla…
Vuelvo a decir que no me parecería mal que Ciudad Rodrigo volviera a disponer de un obispo titular si con ello se anima la mortecina vida de la ciudad; pero lo que si me deja un poco estupefacto es que se pretenda vincular el hecho de tener prelado propio a un nuevo Risorgimento de Ciudad Rodrigo y su comarca…

PS: el texto en negrita sobre el suceso de Boada el autor lo extrae de la tesina de licenciatura de R. Bobledo que se presentó en la Universidad Autónoma de Barcelona el año 1973. El título de la tesina era: Aproximación a una sociedad rural de Castilla durante la Restauración.

 

 

1 Comentario

  1. aporías eleáticas 19:21, mar 29, 2021

    Por favor, tenga ud. cuidado al entremezclar palabras de uno u otro autor. Tal y como lo ha redactado se da a entender que la autoría de la explicación del suceso de Boada corresponde a Jordi Nadal y no al autor de la tesina. Así que, personalmente, le agradezco la nota final, pero si alquien no la llega a leer, puede confundirle.
    Un saludo y gracias otra vez por compartir su erudicción.

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