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Secuelas vigentes del franquismo. Actitudes contrarias a la aplicación de la Ley de Memoria Histórica (15): la exhumación franquista de “la justicia al revés”, por Ángel Iglesias Ovejero

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Secuelas vigentes del franquismo. Actitudes contrarias a la aplicación de la Ley de Memoria Histórica (15): la exhumación franquista de “la justicia al revés”, por Ángel Iglesias Ovejero
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Al cabo de tantos dimes y diretes sobre la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco, yacentes en el promontorio de Cuelgamuros, la montaña provisionalmente ha parido un ratón. El Tribunal Supremo ha paralizado la tramitación de las actuaciones con unos argumentos que, a falta de no convencer a nadie que no estuviera ya convencido, constituyen una excelente ilustración de lo que los historiadores de la guerra civil y la represión franquista han llamado “la justicia al revés”: el delito de rebelión juzgado por los militares rebeldes contra los ciudadanos fieles a la República. Sin moverse de los asientos de sus hogares, los españoles que el día 4 de junio siguieran las noticias por la televisión pudieron asistir al embrionario esperpento, que propiamente no pasó de unos escuetos anuncios, pero incluía un estrambote que, por contraste, resultaba muy adecuado para completar el retrato de la justicia española en esta materia, debido al seguimiento del juicio contra los presuntos líderes del proceso independentista de Cataluña. El fiscal los considera responsables de un delito de “rebelión”, llevado a cabo “con violencia”, y contempla para ellos un castigo consecuente. Sin entrar en el fondo de este asunto, al menos hay que convenir en que en el “procés”, afortunadamente, no ha habido muertos, a diferencia de los cientos de miles que sucumbieron a consecuencia de la sublevación militar de 1936 y de la represión en que se asentó la Dictadura. El principal responsable fue el dictador Franco, a quien, en un alarde de ignorancia histórica, el citado Tribunal considera “jefe de estado desde octubre de 1936”, olvidando la legitimidad de la República antes y después de aquella fecha.

Los mentores y ejecutores de los “crímenes franquistas” nunca han sido juzgados ni, por supuesto, castigados. Al contrario, la tumba del personaje epónimo es lugar de peregrinación de secuaces y admiradores e incluso él mismo recibe culto, o poco menos, en un templo católico. Obviamente, se trata de una escandalosa exhibición de impunidad represiva, condenada por la Ley de Memoria Histórica y contraria a las repetidas recomendaciones de la ONU, en uno de cuyos informes (2014) pide la anulación de la Ley de Amnistía (1977) y la contextualización del Valle de los Caídos como un espacio reconciliación pacífica. Pero la Iglesia católica tolera la exaltación belicista, el abad del monasterio benedictino la defiende y la Fundación Nacional Francisco Franco la promociona (“Dios los cría, y ellos se juntan”). Ahora el Tribunal Supremo prorroga a la familia del Dictador el “derecho” a seguir infringiendo la Ley, porque, despojado de las obligadas concesiones a la retórica jurídica, esto es ni más ni menos lo que significa el comunicado de paralización en cuestión.

Los “Nietísimos”, más conocidos por su protagonismo en la crónica frívola que por su participación en organizaciones, fundaciones y campañas altruistas, se han beneficiado de títulos nobiliarios, privilegios prebendas y donaciones, no siempre de procedencia meridiana. No se tiene constancia de que hayan manifestado interés alguno por la suerte y los sentimientos de los familiares y allegados de muertos o presos por iniciativa del Abuelo. Se mueven por intereses económicos, pero, de propina, quieren redorar el blasón familiar. De aquí en adelante, no contentos con disfrutar de la impunidad sobre las hazañas non sanctas del general rebelde y dictador perpetuo, podrán aspirar a que siga siendo reconocido como una persona benemérita. Los herederos de sus víctimas serán beneficiarios del “interés público” (¡!) que ha motivado esta insólita decisión, según el Tribunal Supremo, y tácitamente les deja el derecho al pataleo, para seguir soportando la permanente ignominia, acentuada con el cacareo de los adversarios de la memoria histórica.

Después de la desmemoria, la desvergüenza.
Hubo un tiempo, en vida del Dictador, en que daba algo de vergüenza declararse español en otros países europeos, lo cual tampoco en sí es algo de una gran transcendencia. Para andar por el ancho mundo es más práctico ser buen ciudadano que furibundo patriota. Un prohombre sin fama de subversivo y víctima de un atentado anarquista (1897), como lo fue Cánovas del Castillo, lo dijo sin eufemismos: “Son españoles… ¡todos los que no pueden ser otra cosa!” (Enciclopedia de frases célebres, ed. Giner, 1967: 487). Lo cierto es que en Francia, por ejemplo, vivían “republicanos o refugiados españoles”, los demás compatriotas se deslizaban por la tangente del humor, para identificarse como andaluces, manchegos o extremeños. Era la época del proceso de Burgos (1970) y de las últimas ejecuciones del franquismo agonizante, pero siempre feroz, en 1974 y 1975. Hoy da vergüenza que la justicia de la monarquía democrática, cojitranca, deje evidencias de tanto sustrato antirrepublicano, tanta ignorancia de la historia, tanta insensibilidad hacia quienes todavía buscan con desasosiego los restos de sus ascendientes o incluso llevan de por vida las marcas dejadas en ellos por la Dictadura. Tienen sobradas razones para sentirse indignados ante el agravio comparativo que la paralización de la exhumación significa de hecho y como amenaza de resolución definitiva supone.

¿Alguien se imagina a los parientes y admiradores de Hitler, Mussolini o Pétain exigiendo su enterramiento en basílicas, catedrales u otros lugares emblemáticos de Alemania, Italia o Francia, “con honores militares”, por añadidura? ¿Alguien se imagina allí la existencia legal de una Fundación Nacional Adolfo Hitler u otras homólogas? Y sobre todo, a pesar del auge derechista en todas partes, ¿alguien se imagina a la justicia de esas democracias concediendo el “derecho” de promover y exaltar a esos especímenes de comportamientos criminales?

España, para mal, es diferente. Y se entiende que muchos ciudadanos, considerando más estimable el civismo solidario que el patrioterismo identitario, se sientan atraídos por otros proyectos políticos y sociales, no regidos por leyes encorsetadas en el molde de emanación franquista. Más o menos, esto es lo que prometen los nacionalismos, por los que, dicho sea de paso, no se siente una especial empatía, porque, más allá de los “valores” proclamados, todos coinciden en remover los fondos oscuros de los seres humanos, sus instintos primarios y atavismos tribales, con impulsos emocionales mal controlados, que se traducen en el rechazo de los otros (racismo, xenofobia, clasismo, misoginia, etc.), y tanto más peligrosos cuando van caucionados por una presunta transcendente fe religiosa. Y en este sentido es forzoso reconocer que hasta ahora el nacionalismo más pernicioso ha sido el nacional-catolicismo, el cual, por polarización, nutre los actuales nacionalismos periféricos, como sin duda a ello contribuirá esta desafortunada decisión del Tribunal Supremo.

 

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